La Provincia se enoja con el Juez por pedir la reclusión del menor detenido
Hace una semana, en un operativo policial que permitió esclarecer el violento asalto y golpiza sufrido por la familia Incisa, fueron detenidos los dos autores. Uno de ellos, es el menor de 15 años imputado en el crimen de Aldo Daniel Pereira y en otros hechos de robo calificado, que se ha fugado en innumerables ocasiones de instituciones provinciales. Ayer, el propio Incisa viajó a San Nicolás a pedirle al Juez Emilio Luciano que active los mecanismos necesarios para que el menor quede alojado en un instituto de régimen cerrado, después que la Subsecretaria de la Minoridad, rechazó el pedido de este tribunal por tecnicismos legales. Fuentes inobjetables, apuntan a una cuestión casi personal entre la funcionaria y el Juez, a quien la Dra. Cristina Tabolaro denunció por extorsión y amenazas contra una menor. En el medio de la puja de intereses, la comunidad se muestra cada vez más indignada y aparecen anónimos que abogan por iniciar justicia por mano propia.
En el transcurso de dos jornadas completas de operativos, la policía y la fiscalía sampedrina pudieron esclarecer uno de los asaltos más violentos que se hayan registrado en San Pedro en el último año y del que resultó víctima el matrimonio Incisa.
La obtención de pruebas concretas, posibilitó la detención de dos personas como presuntas autoras del hecho. La identificación generó polémicas y debates, por los antecedentes que presentaban los detenidos.
El primero, es un menor de edad con un prontuario policial increíble a sus 15 años: ha sido autor de un homicidio y de al menos tres robos a mano armada en comercios céntricos, pero por su edad es inimputable y estaba libre. El primer hecho que se le imputa, es el crimen de otro menor de 16 años, Aldo Daniel Pereira, ocurrido en el ex pub Tierra Media hace más de dos años.
El Juzgado de Menores de San Nicolás, por cuyas oficinas ha pasado este joven en innumerables oportunidades, le pidió a la provincia que lo aloje en un lugar adecuado según su perfil y del que “no pueda fugarse”, como lo ha hecho todas las veces que lo detuvieron. Pero la respuesta de la Subsecretaría de Minoridad de la provincia fue casi una intimación.
Ayer a la mañana, el comerciante, que fue atacado en su casa hace diez días visitó al Juez Luciano. “El Juez fue muy claro, muy correcto. Creo ya envió la causa a La Plata está perfectamente presentada y fundamentada”, dijo Manuel Incisa a este medio. “El Juez garantizó que será inamovible en su decisión. Estuve una hora y media reunido”, aclaró.
La intención del comerciante es continuar dentro de sus posibilidades, reclamando que los delincuentes que golpearon y torturaron a él y a su esposa salvajemente dentro de su propia casa, con una inusitada violencia, estén tras las rejas. Por eso también se contactó con la Fundación Axel Blumberg, creada por el Ing. Juan Carlos Blumberg. El organismo le brindó su apoyo, sobre todo ante la posibilidad de iniciar alguna movilización que tenga como finalidad convocar a “la gente común” que es víctima de la delincuencia para pedir seguridad, pero sobre todo Justicia.
La guerra legal
El principal escollo legal a resolver por el juez Emilio Luciano, es que el menor que fue detenido el jueves, tiene 15 años y por su corta edad es inimputable. Los institutos de régimen cerrado sólo albergan a chicos que cometieron delitos y cumplieron los 16 años. Pero existen casos en los que chicos que no llegan a esa edad, han sido alojados en lugares adecuados pero privados de su libertad, y en general esta decisión responde a la necesidad de protección. Uno de los casos más conocidos fue el del menor que disparó sobre sus compañeros en una escuela de Carmen de Patagones y desató un debate nacional sobre el tema.
El viernes pasado, después de tomarle declaración, el Juez Emilio Luciano envió la solicitud a la Subsecretaría de Minoridad para que el joven quede alojado en un instituto cerrado. Pero la respuesta fue que se rectifique en 48 horas y esto generó indignación dentro y fuera del tribunal.
La aclaración que posteriormente hizo la Dra. Cristina Tabolaro no fue más que una serie de tecnicismos que se circunscriben perfectamente a la ley, pero impiden resolver el problema. “El juez de menores ordena el ingreso de un menor de edad que además es inimputable, tiene 15 años, a un espacio que es de admisión penal y es un espacio de privación de libertad. Se nos pide que involucremos al joven en una medida institucional de la cual no se fugue, para protegerlo por el grave riesgo en el que se encuentra. Con una cuestión que además de obedecer a elementos jurídicos, obedece al sentido común, lo que la Subsecretaría le pide al juez es que en 48 horas nos indique si lo que está pidiendo es una medida de protección de los derechos del joven, de lo que podría inducirse de un informe psicológico que se acompaña en el que se indica tratamiento por el consumo de sustancias, o lo que se está pidiendo es una medida de seguridad”, explicó Tabolaro en declaraciones a La Radio.
“Un organismo administrativo como lo es la subsecretaría, no puede determinar bajo ningún punto de vista la privación de libertad de una persona con una simple evaluación de profesionales”.
La Subsecretaria apuntó que, si en 48 horas no se recibía esa resolución judicial fundada, el organismo derivaría la cuestión a la Cámara Departamental para que resuelva.
Mientras tanto, el joven sigue alojado en una institución intermedia, de la que supuestamente no puede fugarse pero que tiene el mismo carácter de la discusión: es el Registro de Evaluación, un organismo al que ingresan los jóvenes acusados de delitos para que los profesionales determinen cuál será su destino.
Un juez denunciado
Fuentes inobjetables confirmaron que detrás de la disputa técnica y legal sobre el caso, existen otras cuestiones que complican el panorama porque la relación entre Tabolaro y el Juez Luciano está tensa desde hace varios años.
Es que la funcionaria fue en persona, quien denunció al magistrado por extorsión y amenazas. Fue después de que una menor declarara que había sido maltratada en una institución provincial. “Después, cuando declaró ante el fiscal la chica dijo que el juez la había presionado para que denunciara los maltratos”, dijo la misma fuente.
“En este momento, el juez está en una encrucijada. En el medio de una situación de la que nadie se quiere hacer cargo. Si cumple con la ley, el chico queda libre y la sociedad sampedrina lo condena. Si no cumple con lo que dice la ley, lo sancionan”, explicó.
Los fundamentos que Tabolaro pide, habrían sido enviados ayer pero con pocas esperanzas de recibir una respuesta favorable con respecto al alojamiento del menor. “En el informe que se envió, un médico y un psicólogo piden que se evite la fuga para su rehabilitación, pero el organismo dice que evitar la fuga no está contemplado, o lo encierran penalmente o no. Esto sólo se puede revertir fácilmente si San Pedro se moviliza. No existe otra manera porque la presión social es la única que puede cambiar lo que ocurre”.
Emilio Luciano está al frente del Juzgado de Menores de San Nicolás desde hace 10 años, y tiene 31 de trayectoria dentro de la justicia. Ha sido y es, muy criticado por su desempeño pero no es descabellada la opinión que lo defiende porque considera que “un juez con tanta experiencia no puede estar errado en lo que pide. Además, quién se va a hacer cargo si ese chico vuelve a delinquir?”
Billetera y documentos: las pruebas
El miércoles de la pasada semana, la policía inició los operativos que esclarecieron el asalto a la familia Incisa. A las seis de la mañana, cuatro patrulleros con unos 15 agentes, realizaron cuatro allanamientos en los barrios Hermano Indio y Las Malvinas. En un domicilio de este último, secuestraron los elementos que luego reconocieron las víctimas, constituyéndose en las pruebas concretas que la Justicia ahora tiene, para inculpar a los supuestos autores. Se trata de un reloj pulsera, zapatillas y una gorra que podría haber vestido uno de los sospechosos según el relato de las víctimas.
En los mismos operativos, detuvieron a Osvaldo Negrete de 22 años, y al menor de 15 que tendría un vínculo familiar lejano con el primero.
El jueves a la madrugada, otro allanamiento permitió reunir más pruebas. En una especie de tapera ubicada en el paraje Mataderos, sobre el camino a Vuelta de Obligado, se encontró una billetera y documentación de la familia Incisa. Entre otras cosas, una cédula de identidad, un DNI y una tarjeta del hipermercado Makro que pertenecían y fueron reconocidos por la víctima. La investigación había arrojado como resultado que uno de los dos sospechosos había pernoctado al menos dos días en ese lugar, con posterioridad al ilícito.
En la misma vivienda se halló un cartucho calibre 28 que también coincidiría con el tipo de arma de fuego descripta por el matrimonio Incisa.
La indignación muestra su peor cara
La semana pasada comenzó a circular un correo electrónico con un mensaje en el que se demuestra la indignación por los hechos de violencia a los que fue sometido el matrimonio Incisa y convoca a una movilización de sampedrinos para recorrer barrios. Aboga por una verdadera “guerra civil”, con términos que provocan escozor.
“Lo que se vive en la actualidad es una guerra civil, sí señores una guerra civil. La misma no tiene un campo de batalla definido, pero se da entre todos los ciudadanos dignos, que llevamos dentro de nosotros la cultura del trabajo, y por otro lado esta clase denigrante de delincuentes. Lamentablemente esta batalla la están ganando ellos. Debería ser imposible que quienes pagamos nuestros impuestos, y llevamos una vida encaminada al orden y al deber cívico, perdamos una batalla contra quienes no respetan a ningún miembro de la sociedad que los rodea”, sigue el texto. “Marcharemos hacia los barrios donde hoy se concentra la delincuencia que no nos deja vivir en nuestra querida ciudad, con la paz y la tranquilidad que nos merecemos. Les demostraremos a estos engendros parásitos de la sociedad, que se acabó, no les tenemos miedo. La batalla se trasladara a su campo y no se regirá más dentro del nuestro. La guerra es larga y la ganaremos sin lugar a dudas, siguiendo el camino de la educación y la cultura.”
El mensaje apela a un enfrentamiento social que por supuesto, este medio no comparte y por supuesto, repudia. Pero demuestra, la tensión existente en una sociedad que sufre un continuo saqueo material y psicológico.
$ 100 millones para contener a “los niños”
El principal argumento de la Subsecretaria de Minoridad, es que las comunidades en su conjunto deben trabajar en la prevención, para evitar que los chicos en situación de riesgo ingresen a la delincuencia.
La provincia de Buenos Aires, según la propia Cristina Tabolaro reconoció, destinó 100 millones de pesos a los municipios –a cada uno de acuerdo a un denominado “índice de vulnerabilidad social”- para que se trabaje en el fortalecimiento de programas sociales. “El 50% de esos fondos, están para ser utilizados en programas de prevención”, dijo la funcionaria, confirmando que “en algunos lugares está funcionando muy bien”, pero sin especificar qué se hace con semejante cantidad de dinero.
100 millones, bien administrados podrían servir para construir una gigantesca escuela por cada municipio bonaerense donde “los niños” (como los llama Tabolaro) puedan estar no solo contenidos sino, estudiar y prepararse para no repetir la historia que les ha tocado vivir. Sin embargo se ha preferido despilfarrar el recurso en reuniones y contrataciones de agentes que terminan siempre en el diagnóstico, tal como sucedió con los talleres dictados en nuestra ciudad.