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    La Provincia no quiere otro abogado para el Consorcio

    La Ministra de la Producción impuso su criterio para que los asesores legales de su cartera se hagan cargo de la continuidad de este proceso. Además ofreció apoyo para elaborar un Plan Maestro y comprometió inversiones que llegarían durante el 2007.

    13 de septiembre de 2006 | 00:00
    La Provincia no quiere otro abogado para el Consorcio

    Hace un mes, la noticia era la designación de un buen abogado sindical como defensor del Consorcio de Gestión ante la ampliación de la demanda de Terminal Puerto San Pedro que, además de ir contra la Provincia, apuntaba también al organismo central de administración del puerto local. Esta demanda, para quienes no lo sepan, se origina en la concesión del elevador de granos a principios del los 90 y la pretensión del gobierno provincial de cobrar un canon por su uso después de la transferencia de los puertos a la Provincia.
    Hay cuestiones muy técnicas en esta demanda que la convierten en poco comprensible para quienes solo esperan que el Puerto trabaje y dé trabajo, pero la realidad indica que sin resolver esta cuestión de fondo, es difícil pensar en más operadores trabajando en las instalaciones.
    La reunión con la Ministra fue pedida por las instituciones porque no se terminaba de poner en funciones al abogado, que aprobó la mayoría del Consorcio. Sin embargo, derivó en varios planteos contra la conducción del cuerpo, en manos de Carlos Corleto.
    Los participantes expresaron ante la Ministra Débora Giorgi su preocupación ante la pasividad con la que desde la Asesoría Legal del gobierno provincial se acompañaron los últimos años sentenciando que “la Provincia no se defendió jamás” y preguntando, ¿Por qué iría a hacerlo ahora? Lo que los convenció y terminó favoreciendo la postura del Presidente del Consorcio, Carlos Corleto, fue la firmeza de la mujer que ahora conduce el área, quien les prometió ocuparse personalmente y hasta dejó abierta la chance de que el propio Consorcio convoque al abogado que habían propuesto para que participe de un asesoramiento.
    “Si tuvimos que amenazar con nombrar a un abogado directo para que se produjera esta reacción, valió la pena”, comentó un dirigente sindical.

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