La Provincia advirtió al municipio por el agua

La problemática del agua comenzó a ser analizada institucionalmente por la recientemente creada Comisión de Seguimiento y Fiscalización de Recursos y Políticas Hídricas del Concejo Deliberante, que en su primera reunión decidió convocar al Ejecutivo para debatir sobre la situación actual de la red local, con el objetivo inicial de recopilar información para elaborar un informe.
Esa reunión tuvo lugar anoche, al cierre de esta edición. En ese marco, parte del debate estuvo centrado en los informes disponibles en el Gobierno municipal elevados por el Organismo de Control del Agua de la provincia de Buenos Aires (Ocaba), que periódicamente realiza análisis y cuyo detalle había sido solicitado por la oposición. El tema es la preocupación de vecinos que han elevado sus quejas a la Oficina de Defensa del Consumidor, donde hubo audiencias entre las partes, en las que los representantes del Ejecutivo se comprometieron a entregar informes elaborados por el Servicio provincial de agua potable y saneamiento rural (Spar), algo que aún no se hizo efectivo (ver recuadro).
Los que sí están son los datos del Ocaba sobre los 24 pozos de la red de agua potable sampedrina, cuyas conclusiones y recomendaciones dan cuenta de la necesidad de establecer políticas activas que permitan a corto, mediano y largo plazo, según el caso, revertir la situación actual.

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Avisaron más de una vez
En marzo de 2009, el Ocaba señalaba la “necesidad de mejorar la calidad del agua” local y la de lograr “una optimización del funcionamiento del servicio”. Para ello, sugería la ejecución de nuevas perforaciones a fin de “desafectar los pozos que tienen elevados valores de nitratos”. A su vez, recomendaba “intensificar el control de la concentración de cloro en la red” y, como ya lo había hecho antes, destacaba la necesidad de ejecutar una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales.
El año pasado, el Gobierno dispuso el cierre del Pozo N° 14, ubicado en el inicio de la Avenida Sarmiento, por el exceso de nitratos. Sin embargo, en agosto de 2011 los análisis del Ocaba daban cuenta de concentraciones que superan los valores tolerables.
Esos pozos son el N° 3, ubicado en Obligado 690, con 129,4 miligramos por litro (el máximo tolerable es 90 mg/l y el legal permisible 45); el N° 8, de Segundo Sombra 765, con 85,5; el N° 10, de Caroni 710, con 87,7; el N° 12, de La Laguna 2.395, con 96,8; el N° 13, de 11 de Septiembre 634, con 117,2; y el 19, ubicado en Magliotti 415, que es el de mayor presencia de nitratos de la ciudad: 144,5. De esos, dos superan los 125 mg/l que presentaba el cerrado N° 15.
Tras ese detalle, el Ocaba reiteró en dos oportunidades durante 2011 las recomendaciones hechas en 2009 y volvió a advertir la necesidad de desafectar del servicio los pozos cuyos valores de nitrato superen lo tolerable.
De cualquier manera, y para no alarmar a la población, es importante señalar que el agua que se extrae de esos pozos se mezcla con la del resto en toda la red. Por su parte, la oposición no plantea la clausura inmediata, aunque sí una campaña firme que permita establecer ciertas restricciones al consumo, por las dudas.
Una cuestión de Estado
La comisión de Recursos Hídricos fue una propuesta del presidente del HCD Martín Pando junto al oficialista Norberto Atrip. La integran por el Frente para la Victoria, Cecilia Vázquez; por Unión Peronista Carlos Casini; por el Frente de Todos Mario Sánchez Negrete; y por el Frente Social guaconista, Fabio Giovanettoni.
Para Casini, esta comisión es “una excelente iniciativa”, ya que “el tema del agua es central para San Pedro y preocupa a los ciudadanos”. El concejal, cercano a Guacone pero no tanto, dijo que la información solicitada en la reunión de anoche es relevante “para elaborar un diagnóstico”, y aseguró que “la idea es trabajar de la mano con el Ejecutivo”. De la misma manera, el Frente para la Victoria considera vital trabajar sobre “la desconfianza pública” que existe en torno del agua potable, que adjudican a la falta de información oficial sobre el tema.
Al respecto, presentaron un proyecto de ordenanza que fue girado a las comisiones pertinentes para modificar la norma actual que da cuentas de las obligaciones municipales ante los análisis sobre las normas de calidad del agua, la frecuencia de los muestreos y las técnicas analíticas.
El proyecto establece que los análisis deben ser acreditados en protocolos oficiales del Opds y sus resultados publicados en la web del municipio, además de ser entregados al Concejo Deliberante y quedar a disposición de los vecinos que los soliciten.
El oficialista Fabio Giovanettoni también dio su parecer a La Opinión sobre el trabajo en torno al agua. “Espero que no sea un oportunismo político y tenga continuidad. Si realmente la idea es sumar y aportar, el tiempo lo demostrará a corto plazo”, aseguró.
En ese sentido, sostuvo que “hay que trabajar en políticas de Estado en este y otros temas”, aunque no dejó de lado su escepticismo: “No termino de creer que algunas cosas sean sinceras, veo cierta necesidad política. A veces hay pedidos de informes que se realizan sin hacer un pequeño llamado telefónico”, indicó. “Ojalá en dos o tres meses pueda decir que estamos avanzando mucho y dándole para adelante, en ese caso podremos decir que esto sirve para mucho”, concluyó.

Hay denuncias en la Omic
La Oficina de Defensa del Consumidor recibió varias denuncias por parte de vecinos respecto de la situación del agua. Se suman los expedientes conformados, por cuyos casos hubo una audiencia el 27 de enero pasado.
Los vecinos se quejan por los problemas que sufren en la presión de agua en sus hogares y cada verano reclaman en ese sentido. La diferencia ahora es que la Omic aparece como un espacio para canalizar la problemática.
En la reunión se esperaba la presencia del Secretario de Obras Públicas Pedro Restelli pero en su representación fue el Director de Obras, Adolfo Benincasa. Allí el arquitecto se comprometió a entregar un informe del que todavía no hubo novedades.
Ello provocó un nuevo reclamo por parte de la Omic, que envió una carta al Intendente en la que intima el Ejecutivo a que en cinco días hábiles entregue el prometido informe del Spar o bien exprese los motivos por los que no hicieron efectivo el compromiso asumido.

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