La Policía Comunal se mudará al edificio que le construye un particular
El intendente interino, Ramón Salazar, y Carlo Torrillo firmaron el miércoles el comodato de cesión de lo que será la nueva sede de la fuerza que está en plena obra en Crucero General Belgrano y Laprida, predio en el que funciona la empresa del sampedrino que le facilitó a la Municipalidad el espacio tras la demanda de desalojo por falta de pago que inició el propietario del terreno de Sargento Selada y Fray Cayetano Rodríguez.
La situación de la locación de la Policía Comunal tras la demanda de desalojo que le iniciaron los propietarios del terreno de Sargento Selada y Fray Cayetano Rodríguez por falta de pago por parte de la Municipalidad se resolvió el miércoles porque el intendente interino, Ramón Salazar, firmó un comodato de cesión con Carlos Torrillo, particular que construye en la intersección de Crucero General Belgrano y Laprida un edificio para la fuerza.
En ese marco, la fuerza que conduce el Comisario Inspector Juan Catalano se mudará a su nueva sede una vez que concluya la obra y la utilizará sin cargo. "Se las oferté hace cuarenta días porque me enteré que se tenían que ir de donde están, les propuse que si les servía les construía un destacamento", contó semanas atrás a La Opinión el propietario de TAP que presentó la propuesta a través de mesa de entrada del municipio.
A principios de enero La Opinión reveló que la actual sede de la Policía Comunal situada en un predio de Sargento Selada y Fray Cayetano Rodríguez corría riesgo de ser desalojada porque los dueños iniciaron una demanda de desalojo ante la falta de pago y respuestas del municipio. Sobre cómo será el vínculo con el municipio una vez que se concrete el préstamo, Torrillo detalló: "Yo la construyo y después se hará un contrato pero ellos los único que pagarán son los gastos mensuales como la luz y demás".
Sebastián Ferrari y su mujer, propietarios de la quinta en la que actualmente está la sede de la Policía Comunal, no cobran un sólo peso del valor establecido para el alquiler de la locación desde hace diez meses. Entre medio, hubo promesas del Secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, y Juan Carlos Agüero, pero nunca se cumplieron puesto que le habían ofrecido ajustar el monto del contrato. Según indicó aquella vez, la deuda es de 70 mil pesos más el valor actualizado que pretenden como resarcimiento que deberá determinar la justicia cuando la presentación judicial prospere.
El agravante que el abogado Mauricio Gugger observa apunta a que no se está cumpliendo desde abril del 2019 con el abono mensual equivalente al uso del inmueble y, además, se venció el contrato y ninguna autoridad municipal se ha preocupado por actualizarlo a pesar de que es la sede que alberga a la máxima autoridad de la policía de la ciudad. Más allá de que el gobierno tiene nueva locación para la Policía Comunal, deberá afrontar la causa judicial que se le inició y responder a los particulares damnificados quienes no percibieron el dinero que les corresponde a pesar de sus reclamos.