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Hoy se cumplen diez días desde que Vanesa Soledad Benítez, “La Pitu”, la “motochorra”, la joven de 24 años domiciliada en el barrio 2 de Abril fue detenida. Todo indica que en esa condición permanecerá hasta que sea juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal de San Nicolás y probablemente condenada por los robos calificados de los que se la acusa.
Su Defensa pidió un peritaje toxicológico, en procura de morigerar su situación. Se sabe que “la Pitu” es adicta y que por lo general robaba para satisfacer sus necesidades de consumo.
Aun así, la Fiscala Ramos fue contundente: “Estamos recabando la prueba para solicitar la prisión preventiva, pediremos una audiencia y entendemos que el juez va a dictar la preventivahasta el juicio”.
“Una solución provisoria”
La titular de la UFI 11, que entiende y expresa cada vez que puede su preocupación por el entorno social en el que crecen y se desarrollan personas como“la Pitu” o su hijo de ocho años, entiende que la solicitud de la Defensa refiere a “cuestiones que trascienden los hechos concretos que obran en la causa”.
“Hay una cuestión social de base que atender más allá de la cuestión penal y de los hechos de los que es responsable”, sostuvo Ramos en diálogo con La Opinión. Como representante del Ministerio Público Fiscal tiene una función que cumplirá con creces: reunir pruebas que permitan condenar a Vanesa Benítez por los delitos cometidos.
“Esta es una resolución provisoria, no son hechos que la mantendrán demasiado tiempo detenida. Más allá de las responsabilidades que le caben, la cárcel no es la solución”, analizó la Fiscala.
Como dijo ante la consulta de este medio la semana pasada, entiende que hay problemáticas que deben ser atendidas por otras instituciones. “En San Pedro hay determinadas zonas que son características, se saca a un personaje y se lo lleva a la cárcel, pero la problemática es otra”, aseguró.
Al barrio sólo va la policía
“Agarran a unos, pero siempre quedan otros”, se quejó una vecina del barrio, que en los últimos días asistió a nuevos robos y hechos violentos. El Estado, como siempre, sólo se hace presente con uniforme azul.
Al cierre de esta edición diversos funcionarios del Gobierno consultados respecto de qué tipo de intervención consideran que deben hacer en el territorio devastado que es, otra vez, el barrio 2 de Abril, sólo atinaron a decir que “hay que ir”.
La semana pasada, los concejales Maroli, Sánchez, Ramanzini y Quintana se reunieron con Andrés Chiarella, hermano de la Secretaria de Desarrollo Humano Karina Chiarella y coordinador del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
Allí, el responsable de uno de los organismos más cuestionados de la ciudad –que sí ha tenido intervenciones muy exitosas en algunos casos– reconoció que no sabía que la Pitu tenía un hijo.
“Fuimos por varios chicos que están en la misma situación. Hasta el momento no hubo novedad, dijeron que iban a averiguar a ver cómo estaban. Vamos a ir de nuevo en estos días”, dijo Quintana el lunes.
“Hace mucho tiempo dijimos que un chico de 9 años tendría catorce en cinco años, nos dijeron que andábamos bien con las matemáticas. Pero estaba claro lo que queríamos decir. No hay nada concreto, tienen que ir a los lugares”, se quejó el concejal y miembro del Foro de Seguridad.
