La orden de desalojo en un sector de La Tosquera puso en alerta a todo el barrio

Como un chiste del destino, una vez más del barrio La Tosquera sólo se acuerdan para las elecciones. En esta oportunidad no para prometer ni comprar voluntades sino nada menos que para desalojar una buena parte de la población del lugar, entre cuyas viviendas reside nada menos que el fundador de este asentamiento, creado a principios de los 70’, cuando las grandes inundaciones empujaron a habitantes de isla hacia el continente.
Estela Ernesta María De Luccía de Dodera es la dueña de una quinta ubicada barranca arriba, que linda con Papel Prensa. En diciembre del año pasado denunció una usurpación en lo que asegura que es su propiedad, barranca abajo, incluyendo un bañado sobre la costa, donde viven 40 familias, muchas de ellas históricas del lugar.
Tan históricas, que algunas de ellas están allí desde antes de que existiera la planta papelera e incluso con anterioridad a la denominación “La Tosquera”, que llegó cuando comenzó la extracción de ese material en la zona, después de la creación del barrio Los Cazadores.
Los apellidos son recurrentes: Molina, Cáceres, Bedetti, Miño… son los que dieron forma al barrio como tal. El “viejo” Molina, como le llaman a Nicolás, tiene 86 años y es el primer habitante. El también está procesado por usurpador. El mismo que presidió la Comisión de Fomento que llevó la electricidad y el agua.

Orden firme
La orden de desalojo está firme y tiene fecha de hoy. Como se dijo, la denuncia de De Luccía ingresó en diciembre y la Fiscal Ates entendió que había pruebas suficientes para acreditar la propiedad y pedir el alzamiento, que la Jueza Laura Vázquez otorgó y ratificó tras la apelación de la Defensoría Oficial.
El Jefe Distrital Dante Paolini se hizo presente la semana pasada para comunicarles la novedad a los ocupantes del predio, quienes nunca recibieron notificación alguna de la Justicia. Es que no tienen más domicilio que la denominación “Cuartel III”, a pesar de que supieron reclamar en su momento para que las calles del barrio tuvieran nombres.
La abogada Marisa López Bravo asesora a la familia denunciante y explicó a La Opinión que “había elementos suficientes para considerar que hubo intrusión, con violencia y carente de derechos”, por ello apareció la orden de desalojo. “Hay una parte de un bañado que es parte de la propiedad de ella, todo esto está probado”, agregó.
Al cierre de esta edición, López Bravo iba a comunicarse con la dueña del terreno, para informarle novedades y consultarle qué decisión había tomado, ya que existía la posibilidad de que los ocupantes firmaran un comodato –lo que reconoce la propiedad de De Luccía–, para lo que ya fueron visitados, incluso por funcionarios municipales.
“La otra posibilidad es dar un plazo de un año, por decir algo, y que la municipalidad los pueda reubicar”, informó la abogada, para quien la pretensión de derechos de los históricos habitantes de La Tosquera no es más que “una chicana para argumentar a su favor”.
“Vamos a ver qué se puede hacer. La dueña está preocupada porque la amenazaron con que le iba a prender fuego la casa”, advirtió López Bravo, a quien la idea del comodato no la convence, porque “puede generar derechos” a reclamar con posterioridad.

Una historia complicada
Un desalojo de estas características implica ni más ni menos que el alzamiento sobre precarias viviendas –algunas han sido mejoradas a lo largo del tiempo– que conformaron hace décadas ese barrio Los Cazadores que derivó en “La Tosquera.
Para la Justicia, la propiedad está acreditada. La familia De Luccía adquirió ese predio décadas atrás. El hermano de la denunciante en esta causa es el marino retirado Carlos De Luccía, quien había obtenido un importante subsidio para el desarrollo de morrones de dimensiones no convencionales.
Se trata del apropiador de Carlos D’elía, cuya causa fue una de las primeras para condenar la práctica atroz de la Dictadura de quedarse con los bebés recién nacidos de los secuestrados, asesinados y desaparecidos. Para el momento del fallo, De Luccía ya había muerto, por lo que la condenada fue su esposa. Su hijo apropiado reveló que el marino retirado tenía “cierta amistad” con el Subjefe de Policía durante la dictadura, Rodolfo Campos.
El era el dueño de esas diez hectáreas que conforman en total los terrenos que van desde Papel Prensa hacia el norte, por arriba y por debajo de la barranca. Su hermana es la que inició el juicio de usurpación, que obtuvo la rápida acción de la Justicia para dictaminar el desalojo.
Tanto Estela De Luccía como su esposo, Dodera, son octogenarios. La señora padece una enfermedad terminal y según trascendió desde su entorno “quiere dejar todo en orden”. Además, aseguran que su denuncia surgió cuando hubo un entredicho con una de las familias ocupantes del predio.
En La Tosquera siempre supieron de la existencia de esta mujer y de su advertencia de que el predio era suyo. En 2007, cuando algunos habitantes del barrio hicieron una cancha de fútbol fueron increpados para que la desarmen. Les dijeron que no tenían problemas en que llevaran los animales, pero la canchita no la querían.
El fallo judicial que acredita sus derechos de propiedad sobre ese predio echa por tierra la posibilidad de usucapir de los ocupantes. “Prior in tempore, potior in iure”, dice un principio general del Derecho que sostiene “primero en el tiempo, mejor en el derecho”.

Un problema político
La existencia del barrio Los Cazadores es una deuda pendiente del Estado municipal desde el día en que Nicolás Molina tuvo que montar la primera chapa. Desde entonces, todos saben que ese asentamiento precario está ahí. Sin embargo, apenas algunos grupos militantes y religiosos han hecho pie en el barrio.
La escuela 44, el Centro de Salud, el reciente Destacamento policial o la pavimentación de la bajada son la poca presencia que el Estado ha dedicado a un barrio al que los remises no quieren ir de noche, donde delincuentes encuentran espacio para esconderse y donde la violencia está instalada en la cotidianeidad.
En el predio donde está la orden de desalojo viven niños, madres, abuelos y hay casos de discapacidad que obligaron la presencia del Director del área, Juan Carlos Mariño, quien informó a La Opinión sobre su presencia. “Estuve porque hay un señor postrado y su nuera también tiene problemas de discapacidad. Vamos a ver si podemos reubicar a la gente que tiene problemas de discapacidad”.
Otro funcionario que estuvo ayer por la tarde es el Director de Viviendas Adolfo Benincasa, quien en nombre del Intendente Guacone les comunicó a los vecinos que existe la posibilidad de que acordar una prórroga para el alzamiento. También estuvo en el lugar el abogado Hugo Lima hijo, para interiorizarse.
Cazadores y pescadores, en el barrio son hombres de armas al fin. Dentro del predio a desalojar también hay ocupantes recientes, más amigos de tener armas no declaradas para fines non sanctos. El asunto es que allí hay armas.
El Jefe Distrital informó que para que el desalojo se haga efectivo deben estar garantizadas las condiciones de seguridad de todos, tanto de ocupantes como del personal de policía, Gendarmería e Infantería afectados al procedimiento.
Además, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño debe hacer su tarea. Desarrollo Humano, secretaría de la que depende ese organismo también.
Hasta ahora, hace décadas que los que se tienen que ocupar de ese barrio no lo hacen. Una vez más, los pobres conocerán la mano del Estado a través de un uniforme policial. Es probable que hoy no haya desalojo. Lo poco probable es que alguien se ocupe como corresponde del tema.

Especulaciones
“Yo creo que acá importa un carajo la gente, lo que importa es el negocio inmobiliario que pueda haber”, disparó la dirigente social Rosa Celié que aclaró que no quiere que la nombren como “candidata” del Frente Renovador: “Yo renuncié, porque violentaron la interna que ganamos”, aclaró.
“La gente formó su terreno a pala, ahora vienen a reclamar, cuando tienen una vista espectacular, de cresta de barranca para abajo es todo municipal”, dijo. Sus palabras resonaron en toda la ciudad, donde la especulación inmobiliaria que violenta derechos de habitantes originarios es moneda corriente.
El Estado tiene una herramienta legal sancionada en 1965 y reglamentada en 1991. Tarde pero seguro: se trata de la ley que promueve la urbanización de lo que Bernardo Verbitsky bautizó para siempre como Villas Miseria. Hasta ahora, no hubo en San Pedro una acción gubernamental en ese sentido que fuera hacia este barrio en el que, como dijo un sorprendido funcionario para las elecciones 2011, viven más de 1.500 personas.