La oposición apuntó al Gobierno por el escándalo de la balanza y sembró más dudas
A dos meses del escandaloso robo a la empleada que tenía a su cargo la recaudación del dinero de la balanza de pesaje de camiones, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes para que el gobierno dé explicaciones sobre el caso. Hablaron de “complicidades” e “intencionalidades” para “tapar el hecho” y hasta aseguraron que la fiscala Ramos tiene la misma sospecha.
Un intenso debate hubo la semana pasada en el Concejo Deliberante cuando aprobaron el pedido de informes elevado por la oposición a raíz del robo de la recaudación del dinero de la balanza de pesaje de camiones, hecho que La Opinión reveló en exclusiva el 2 de enero, seis días después del hecho.
Se trata de uno de los episodios más graves ocurridos durante la gestión Salazar respecto de los recursos públicos, en la medida en que el robo reveló que el gobierno tenía un mecanismo cuanto menos precario respecto de la rendición de ese dinero y que en el propio gabinete calificaron de “desprolijo”.
El debate fue largo y complicado. Por la oposición, el concejal Gastón Casco fue el vocero y esta fue su primera intervención desde que es edil. Sus palabras provocaron polémica, puesto que no vaciló en exponer sus sospechas en torno al asunto y apuntar directamente al gobierno por el caso.
El edil consideró que hay “una tremenda irregularidad” y una “improvisación, consciente o no” en el tema. En su alocución consideró que “este es un hecho demasiado grave” y disparó: “Estamos hablando del manejo imprudente y delictivo de los fondos municipales”.
“Este municipio, desde 2015 hasta ahora, se ha manejado como un feudo. Ha dejado hacer y deshacer, sin preguntar y sin responder los pedidos de informes”, cuestionó Casco y enumeró “siete expedientes respondidos, de 47 aprobados por unanimidad”.
Casco cuestionó las demoras registradas para que la Justicia tuviera contacto con el caso y habló de “una intencionalidad para tapar este hecho, para darle tiempo a los supuestos motochorros y que esto no altere el buen fin de año de los empleados municipales”.
“Considero que acá ha habido complicidad entre dos o varios actores para que esto se enfríe, el tiempo y pase y que esto quede en la nada”, disparó el edil y provocó la reacción del bloque oficialista, Juntos por el Cambio.
Iván Paz consideró “desafortunadas, laxas, vagas, sueltas” las afirmaciones de Casco relacionadas con situaciones “posiblemente delictivas” y acusó de “imprudentes” sus palabras, al tiempo que le recordó que si tiene esas sospechas es su obligación hacer la denuncia penal correspondiente.
Casco recogió el guante y reveló cuestiones conversadas con la fiscala Viviana Ramos, responsable de la investigación del caso, que según dijo el concejal fueron expuestas por la titular de la UFI 11 en una reunión que mantuvieron para ponerse al tanto de la investigación de este delito.
“Estuvimos reunidos con la fiscal cuando nos enteramos del ilícito, y fuimos a tomar vista de causa. Fue la misma fiscal la que nos dijo que hubo una demora posiblemente deliberada en presentar la denuncia, que en esos seis días ella debería haberse enterado a través de mecanismos que tiene la fiscalía, que debería haber recibido mails que nunca recibió, llamadas que nunca llegaron”, contó Casco.
Paz destacó que el gobierno dispuso cambios en la modalidad de cobro, entre las que consignó: que la rendición y el depósito se haga a diario; la posibilidad de pagar con tarjeta de débito o crédito en la balanza; y la posibilidad de las empresas de “comprar de antemano los talonarios, dirigirse simplemente al lugar y dar el talonario”.