La Municipalidad, a juicio por J&J
La Jueza en lo contencioso administrativo dictó una orden de no innovar solicitada por la empresa. La demanda que inicia es contra el Estado municipal, y contra Guacone y Restelli como particulares. Es por medio millón de pesos. La Justicia ordenó constatar la existencia de las medidas de prueba ofrecidas por la contratista, que dan cuenta de que parte de la obra ya estaba en ejecución.
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La rescisión del contrato entre la Municipalidad y la empresa constructora J&J para erigir un jardín de infantes en la ex cancha de Banfield trajo varios dolores de cabeza al Intendente Guacone. A la interpelación por parte del Concejo Delliberante se suma ahora un juicio por medio millón de pesos y una medida cautelar de no innovar cuya resolución da cuentas de cómo entiende la Justicia este tipo de casos.
El jueves, la Oficial de Justicia local María Laura Gracia cumplió con el mandamiento de la Jueza en lo contencioso administrativo Fulghieri, quien dictó la medida de no innovar que implica que el Municipio no podrá ejecutar la póliza de seguro de caución hasta tanto no se defina el litigio.
En la demanda presentada se ofrece como prueba de que la obra había comenzado su ejecución que se habían hecho calicatas en el terreno, pilotines de hierro y que la cartelería y el vallado existieron.
La orden emanada era que la Oficial de Justicia constara la existencia de esas cosas. Para ello, Gracia –que además de su función es madre de Flavio Peiró, el funcionario que adjudicó la obra– fue acompañada por los dueños de la empresa Juan González y Juan Costa al corralón municipal, donde estaban el cartel y el valllado; al terreno de la cancha de Banfield, donde pueden verse las perforaciones correspondientes a las calicatas; y al obrador de J&J, donde están los encofrados de hierro que van como cimientos.
Benito Aldazábal, abogado de la empresa, explicó que ello “prueba que existían y que había una suerte de principio de ejecución del contrato” y que en esos elementos “se gastó buena parte de los 138.000 pesos que había adelantado el Municipio.
El Estado local como poder contratante, el Intendente Guacone y el Secretario de Obras Públicas Pedro Restelli son los demandados por la empresa, en un juicio que se tramita en lo Contencioso Administrativo por 460.000 pesos. A los tres se los hace responsables por la rescisión del contrato.
Una vez que la Municipalidad sea notificada, comenzará un proceso en el que la Asesoría Letrada deberá decidir si responde la demanda y va a litigio o se aviene a negociar una salida extrajudicial.
El Estado tiene 45 días para responder, pero los particulares demandados, Guacone y Restelli, sólo 15. Ahora está dispuesto el oficio para que la Municipalidad eleve a la Justicia el expediente administrativo de la causa. Aldazábal consideró que el juicio puede resolverse “en cinco años o veinte días, depende de la racionalidad que impere”.
La demanda tiene 75 fojas, hunde sus raíces en el derecho administrativo más puro. La Jueza Fulghieri, en la resolución mediante la que hizo lugar al pedido de no innovar señala que en la ley de obras públicas queda claro que la administración pública no tiene que ver al contratista “como un adversario sino como un colaborador”, porque la finalidad máxima en ese tipo de contratos es que la obra se haga.
De la misma manera, recuerda que la rescisión de un contrato de ese tipo es la “ultima ratio”, algo que los concejales durante la interpelación también destacaron, puesto que el intendente firmó la rescisión tras el dictamen emanado desde Letrada y Obras Públicas sin que se haya aplicado multa alguna, por ejemplo.
Litigar es, desde ya, oneroso para el Estado. Además en este caso la comunidad se ve perjudicada porque donde debía haber un jardín de infantes la proyección de una escuela, sólo hay caballos que pastan.
Según explicó el arquitecto Pedro Restelli a La Opinión en el momento en que el Municipio decidió la rescisión, J & J Construcciones no estaba “en condiciones de comenzar la obra porque al momento del inicio se le debe pedir que cumplimenten algunos pasos” que no estaban cumplimentados y enumeró que faltaban “plan de seguridad, plan de estructura, estudio de suelo, póliza de responsabilidad civil y una serie de cosas más”, como “un plan aprobado por la ART, de seguridad e higiene, que tiene que ser aportado a los 30 días de aprobado el contrato, que fue en marzo”. En ese sentido, el entonces Secretario de Gobierno y ahora nuevamente Asesor Letrado Juan Benseny había señalado: “Se intimó por carta documento, no cumplieron y se rescindió el contrato”.
