La Municipalidad evitó pagar millones a exempleados que reclamaban indemnización

El Tribunal de Trabajo N° 2 de San Nicolás favoreció al municipio de San Pedro al rechazar una demanda interpuesta por dos exempleadas administrativas y doce exobreros, patrocinados por los abogados Lilian Parsi y Hugo Lima (h) respectivamente, quienes reclamaban un pago millonario en materia de indemnizaciones y otros ítems por tareas desarrolladas entre 2003 y 2006, contratados de manera temporaria por la administración pública local, a cargo en ese entonces de Mario Barbieri.
La demanda era por 4 millones de pesos y podía llegar a duplicarse por los intereses si la Justicia les daba la razón a los extrabajadores, lo que finalmente no sucedió, de acuerdo al fallo del Tribunal, publicado la semana pasada y firmado por los jueces Jesús María Pini, Paula Andrea Capucchio y Walter Quadranti.
Además de rechazar la demanda por considerar que no puede encuadrarse la relación laboral en la Ley de Contrato de Trabajo, sino que corresponde a la normativa vigente para el empleo público, el Tribunal aseguró que los decretos de designación y de finalización de la relación contractual son suficientes para demostrar la validez y legalidad de lo actuado por el Municipio.
Pero no sólo eso. En su recorrido por la causa, hay detalles de la construcción de esa relación laboral que pone en debate los acuerdos políticos de campaña, los reclamos posteriores y los riesgos a los que se expone el Estado local, más allá del gobierno de turno.

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Todo legal
Los demandantes trabajaron para la Municipalidad entre 2003 y 2006 en obras como el “Plan de Viviendas por Emergencia, Jardín Los Aromos, Plan 291 viviendas, escuela exquinta Picagli, Plan 150 viviendas, Plan “49 viviendas, centros comunitarios en villas de emergencia, etc.”.
Verónica Alejandra Neyra y Miguel Angel Garnelo como empleados adminsitrativos y Fernando Ezequiel Basaldúa, Claudio Alberto Ramírez, Rubén Hernán Trejo, Elías Ramón Ojeda, Gastón Ezequiel Cuevas, Juan Domingo Manzini, Noel Vilmar López, Roberto Ariel Ríos, Juan Carlos Moyano, Eduardo Darío Zamudio, José Laurentino Villalba y Jorge Omar Magariños como oficiales o ayudantes de la construcción.
En esos años, la Municipalidad ejecutó obras con fondos de Nación y Provincia, licitadas o por administración, para las que requirió personal extra, que fue designado por decreto, tal como manda la Ley Orgánica.
La Justicia no halló indicios que den cuenta de “contratos laborales celebrados al margen de la ley que regimenta (sic) los empleados públicos”, ni que la Municipalidad haya actuado como “empleadora dentro del derecho privado”, tal como lo reclamaban los abogados demandantes.
“No obsta a tal conclusión, el hecho de que los trabajadores hayan creído –como sostienen en la demanda o como relataron al absolver posiciones, remitiendo a promesas del intendente, la jefa de personal o allegados– que eran empleados ‘con estabilidad’, ya que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo está dado por la modalidad de designación”, estableció la Jueza Pini en su voto.
Otra de las cuestiones importantes que señala el veredicto es que “no se produjo prueba de acuerdo alguno con las entidades gremiales por el cual, luego de doce meses de prestaciones, los trabajadores pasan automáticamente a integrar la planta permanente del personal municipal”.
Cuando la Municipalidad remitió cartas documento para informar el fin de la relación contractual temporaria, algunos de los empleados rechazaron el “despido” por la misma vía, e incluso iniciaron denuncia administrativa en el Ministerio de Trabajo, lo que ahora el Tribunal estableció como improcedente.

Un fallo celebrado
El Director de Asesoría Letrada municipal, José Ignacio Macchia, celebró la resolución del Tribual y destacó la tarea de la exasesora letrada Paola Basso, quien tuvo a su cargo la recolección de pruebas que permitió este desenlace. “Era una demanda de cerca de 4 millones de pesos que con los intereses se podía ir a 6 o 7 millones”, explicó el funcionario.
“La han rechazado en su totalidad, dándonos la razón, que se trataba de una relación de empleo público, por lo tanto están excluidos de las previsiones de la ley de contrato de trabajo”, detalló Macchia y agregó que “hay un plazo de 10 días para iniciar un recurso en la Corte Suprema provincial, porque no hay segunda instancia”, por lo que “es probable que apelen”
“Ellos alegaron el desconocimiento, pero por recibos de sueldo la carga, la jornada y la categoría de empleo estaba todo, fueron nombrados por decreto, la ley orgánica establece que cuando no podés cumplir tareas extraordinarias con el personal permanente, se puede contratar temporarios, que no gozan de estabilidad´”, explicó el abogado.

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“Favores políticos”
La Jueza Pini destacó en el veredicto que durante el proceso hubo revelaciones que, expuestas en su voto, dan cuenta de la relación política que unió a estos extrabajadores con la gestión del exintendente Barbieri.
“Varios actores (Ríos, Neyra, Ramírez, Trejo), al absolver posiciones, refirieron que las designaciones fueron el ‘pago’ o cumplimiento de promesas recibidas por trabajos políticos realizados a favor del Intendente Barbieri”, dice el escrito judicial.
En ese sentido, abunda en que estos “favores políticos” consistían en “pegadas de afiches, acompañamiento en la campaña, concurrencia con bombos a los lugares donde éste representaba, etc.”.
Durante el proceso, los exempleados se quejaron porque dicho ‘pago’ (de favores políticos) tardó mucho en concretarse” y algunos señalaron que tuvieron que “reclamar la designación en numerosas oportunidades”.
Toda una definición acerca de cómo se tejen las relaciones políticas y cómo se entrecruzan con las designaciones a dedo del personal, algo que el barbierismo en el Concejo Deliberante le ha señalado incansablemente a Guacone, como alejados de esa modalidad.

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