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Lo acontecido en Baradero puso en debate lo que sucede en nuestra ciudad. La cartera que conduce Domingo Bronce atraviesa por su etapa de mayor endurecimiento, principalmente desde que los sindicatos comenzaron a operar entre los empleados del área.
Las equivalencias con lo ocurrido en la vecina localidad comenzaron a resurgir en el ámbito sampedrino y nuevamente quedaron al descubierto ciertos cuestionamientos hacia los inspectores de calle. Inexperiencia, falta de respeto y muchas dudas son algunas de las controversias de las que se hablan. “En San Pedro, los inspectores tienen prohibido perseguir a quien sea”, aseguró Bronce.
Está claro que en las calles sampedrinas son muy pocos los que respetan las leyes y el uso del casco brilla por su ausencia. Aquí también se mezcla la irresponsabilidad e inconciencia de quienes manejan, una constante en las ciudades del interior.
Desde la semana pasada, el área en cuestión ya había entrado en erupción cuando se opuso a la realización de la fiesta de San Patricio. Pero como si esto no bastara, los inspectores salieron al ruedo oponiéndose a un evento cultural similar a otros que en San Pedro son una tradición y donde muy poco les incumbe. Si no hay actuaciones o medidas oficiales, ellos no tienen por qué actuar. Los resultados de la fiesta dejaron “pegados” a todos y a Bronce al borde del papelón.
Como si esto fuera poco, salieron a oponerse al nombramiento de Angel Burgos, quien fue designado para trabajar como responsable de calle, bajo la responsabilidad de Domingo Bronce, a quien a su vez “mandaron a dormir” detrás de un escritorio esperando que se cumpla el tiempo para jubilarse.
La posible reestructuración de las patrullas preventivas también entró en cuestión por parte de los trabajadores. Lo cierto es que el proyecto dependería directamente de Secretaría Privada y no de Inspección, y para ello se contrataría personal de una empresa de seguridad para que circule en los móviles, ya que la policía no cuenta con la cantidad de personal suficiente como para hacerlo.
Hasta ahí nada extraño, excepto una privatización de un servicio que traerá polémicas, y se dice que varios concejales de la oposición estarían estudiando la situación y la reglamentación que ampararía esta nueva tarea. Habrían hallado algunos impedimentos legales con los que argumentarían para oponerse.
