La mayor parte de los sampedrinos podrá seguir pagando la luz con subsidios

El Ministerio de Planificación Federal dio a conocer el cuestionario que deberán responder aquellos usuarios que consideren que su situación socioeconómica amerita que el Estado nacional mantenga en sus facturas de servicios energéticos los subsidios que dispuso sobre las tarifas y que comienza a quitar paulatinamente, de acuerdo a diversas variables que aspiran a que el segmento al que considera “de mayores ingresos” pague sin asistencia estatal.
Atentos a las preguntas que conforman el cuestionario y a los datos disponibles respecto a la situación socioeconómica en San Pedro, puede afirmarse que la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad estarán en condiciones de solicitar la continuidad del subsidio, según la información vertida por el Indec para el Censo 2010 y por el Ministerio de Trabajo provincial para la encuesta del mercado laboral local, realizada también el año pasado.
Aun cuando desde la Coopser señalaron que por lo pronto sólo tienen orden de relevar las empresas que se encuentran dentro de las 41 actividades a las que les será recortada la ayuda estatal y de hacer lo propio con barrios privados, cerrados y de fin de semana, lo cierto es que el plan del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es extender a todo el país la quita de subsidios de manera tal que sólo persistan en el beneficio quienes realmente lo necesitan, de acuerdo a las variables utilizadas. Las dudas se presentan en la llamada “clase media” que a veces con un trabajo registrado no llega a cubrir sus necesidades básicas.
Ahora mismo, los vecinos de la ciudad pueden comenzar a analizar su propia situación de acuerdo al cuestionario y verificar si acaso su situación encaja en alguna de los ítems previstos para continuar pagando entre el 25 y el 45 por ciento menos sobre la tarifa de electricidad, por ejemplo.
Hay que tener en cuenta que los que más consumen ya están alcanzados por el Puree (Programa de Racionalización de la Energía Eléctrica) donde ya hay penalidades que se aplican a quienes se exceden en el consumo que considera adecuado sin medir actividades.

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Doce preguntas para responder
El cuestionario publicado por el Ministerio que conduce Julio De Vido es una planilla con doce ítems entre los que el usuario debe señalar con una cruz aquellos que correspondan a su situación.
Tiene carácter de declaración jurada y el titular del servicio tiene 30 días desde que lo recibe para responder y elevarlo. En caso de que cuente con una o más de estas características, recibirá la visita de un asistente social enviado por el Estado que verificará la información vertida, con lo que se dará inicio al trámite de inclusión entre los beneficiarios.
El Gobierno aclaró que en el caso de que dentro de los 30 días de recibida la notificación sobre el inicio del proceso de quita de subsidio no hay respuesta alguna por parte del usuario, automáticamente perderá el beneficio, ya que se lo considerará dentro de los que pueden pagar la tarifa completa.
Los doce puntos consultan si el usuario acredita una enfermedad crónica que implique un mayor consumo del servicio; percibe como único ingreso previsional una jubilación y/o pensión equivalente a un haber mínimo; percibe Pensiones No Contributivas; es beneficiario de algún Plan o Programa Social (Asignación Universal por Hijo, Subsidios Por Desempleo, Plan Familias, etc.); tiene el domicilio afectado por actividades de índole social (Institutos, comedores comunitarios, centros de recuperación, etc.); percibe alguna asignación familiar; cuenta con certificado de discapacidad; posee ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena; se encuentra exento de abonar ABL; su vivienda posee características edilicias desfavorables que impliquen la utilización de un mayor consumo de otro servicio (vivienda precaria con familia numerosa, vivienda precaria carente de alguno de los servicios -gas o agua, etc.; su vivienda posee un local anexo destinado a la actividad comercial (pequeños comercios, talleres de oficio, etc.); conviven múltiples hogares.

Casos locales
La respuesta positiva a cualquiera de esas preguntas transforma al usuario en beneficiario del subsidio. Así las cosas, en una ciudad cuyo 47 por ciento de trabajadores activos asalariados y registrados atraviesa problemas de precarización laboral, hay un alto porcentaje de la población en condiciones de solicitar la continuidad.
Según datos de Anses de mediados de este año, entre beneficiarios de asignación universal por hijo y asignación para embarazadas hay unas 8.000 personas. Cada una de ellas podrá solicitar seguir pagando con subsidio.
Según el Censo 2010, el 60 por ciento de la población sampedrina tiene menos de 35 años. Es la misma franja etaria que en la encuesta de trabajo aparece con una tasa de desempleo del orden del 19 por ciento, nueve puntos más que en general.
Datos de Afip consultados por La Opinión sobre fines del año pasado daban cuenta de la existencia de unos 5.000 monotributistas en la ciudad, la mayoría registrado en las categorías más bajas. Si bien ellos no reciben asignaciones familiares de ningún tipo su facturación anual puede permitirles acceder al beneficio.
Hay que tener en cuenta que si un trabajador en relación de dependencia gana hasta 5.200 pesos, percibe asignación por hijo, por lo que bien los monotributistas que no superen ese monto podrían alegar “ingresos familiares insuficientes”.
En ese sentido, De Vido aseguró: “Vamos a escuchar cada caso en particular. Seguramente iremos fijando parámetros, pero vamos a escuchar a la gente”.
La propuesta implica que en lugar de que el Estado haga un primer desembarco sobre la población en el tema, teniendo en cuenta que muchos de los datos que pide ya los tiene, pone en el usuario la responsabilidad de pedir la quita.
Esto es así porque, tal como lo dijo el Ministro de Planificación, el que pide el subsidio tiene que demostrar que lo necesita: “Por un problema de responsabilidad con el otro, porque si es mentira lo que yo digo, estoy jorobando al otro”, sostuvo. Lo que evitó aclarar es que las penalidades impuestas con anterioridad como el Puree hoy califican por cantidad de consumo y no por nivel socioeconómico, postergando cuestiones estacionales, actividades que se desarrollan en el interior y nivel de ingresos de aquellos que bajo declaraciones apócrifas en la Afip toman todos los beneficios que le corresponde a quienes menos tienen.

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