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miércoles, abril 14, 2021

La liberación de un detenido desató una polémica por drogas entre la policía, el poder político y el judicial

Investigación, drogas y la filtración de datos son el combo perfecto para el fracaso de los operativos como el del viernes, cuando allanaron tres domicilios y aprehendieron a una persona que fue liberada por el Juzgado de Garantías. Polémica, cruces y la duda persistente: por qué fracasan los procedimientos para desbaratar los “kiosquitos” de droga.

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Narcotraficantes, dealers menores, delivery de droga, venta al menudeo y kiosquitos de comercialización de estupefacientes forman parte de un entramado que es imposible analizar sin tener en cuenta las connivencias del poder judicial, político, policial, económico.

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Ese análisis obligatorio quizás ayude a explicar por qué en la mayoría de los casos muchos de los operativos terminan fracasando o los resultados obtenidos no alcanzan el objetivo esperado por los investigadores.
El mapa de la droga en la ciudad tiene su recorrido, que en muy pocas oportunidades se puede interrumpir. Siempre pasa algo.

La filtración de datos es una de las mayores sospechas. Las internas policiales juegan un papel en esta historia y, a juzgar por las cosas que pueden escucharse en off desde cada una de ellas, el lugar que ocupa el resto de la población parece el de Convidado de Piedra.

En el Poder Judicial también las hay. La más evidente en los últimos años es la que tiene de un lado a los que se formaron con las teorías penales clásicas y del otro a los nuevos exponentes, sobre quienes la influencia del abolicionismo caló hondo y al que muchas veces se denomina superficialmente “los garantistas”.

Allanamientos y malestar

El viernes, tras tres meses de investigación, la policía local allanó tres domicilios donde suponían se ejercía la comercialización de cocaína y marihuana. Si bien los resultados estuvieron lejos de ser los esperados, se suponía que la tarea previa que llevó meses de trabajo iba a ser suficiente para que los responsables del delito queden a disposición de la Justicia.

El Juez de Garantías Ricardo Pratti entendió que no alcanzaba. Que los elementos recolectados no eran suficientes, por lo que denegó la conversión en detención del aprehendido, un hombre de 32 años, y dispuso su liberación.

Esto generó la reacción del Subcomisario Juan Ramón Catalano, quien no pudo ocultar su disconformidad con la decisión del magistrado y la expuso públicamente cuando fue consultado al respecto en Apa 91.5.

El policía -auxiliar de la Justicia, por cierto- entendía que, más allá de lo secuestrado, sobraban pruebas de la tarea investigativa para que los sospechosos quedaran tras las rejas.

La instrucción a cargo del Fiscal Marcelo Manso y el operativo trazado por el personal de la Comisaría San Pedro y Distrital, aportó fotos, videos y escuchas que durante tres meses fueron recogidas como pruebas. Los señalados son personas con antecedentes y familiares directos de quienes en la actualidad se encuentran detenidos por vender drogas.

Hubo quienes consideraron que los estaban esperando, aunque otros dudaron que haya habido tales filtraciones por la presencia del arma de fuego ilegal, que implicó una causa en contra del aprehendido.

Uno de los operativos tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre la calle Benefactora Sampedrina entre las calles Cucit y Casella; otro en Cucit al 1600; y el restante se registró en una casa de Maestro Reyna al 400.

En una de las viviendas se halló una pistola calibre 380, 12 proyectiles calibre 9 mm intactos, y 4 proyectiles calibre 380, 4250 pesos en efectivo, una balanza electrónica, dos plantas de marihuana en proceso de secado y seis envoltorios de marihuana.

En otro de los operativos, en una vivienda donde habita la mujer de un hombre que actualmente se encuentra detenido acusado de vender droga, se incautaron 7 teléfonos celulares, frascos con semillas de marihuana y un envoltorio de cocaína. En la restante propiedad, se encontraron dos plantas de marihuana de 1,90 m de altura.

Un debate en la Justicia

“Pedimos el allanamiento, aprehendimos a una persona y solicitamos al Juzgado de Garantías la detención, que la denegó”; informó, escueto, el Fiscal Marcelo Manso. Las imputaciones son tenencia simple de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de guerra. Son delitos excarcelables. En poder del aprehendido secuestraron 60 gramos de marihuana. Poco y nada.

En el Poder Judicial hay preocupación porque en San Pedro, como en tantos otros puntos del país, el fracaso de los operativos e incluso los propios delitos cometidos guardan, en mayor o menor medida, algún tipo de relación con la connivencia policial o con la disputa territorial por los beneficios que puede reportar hacer la vista gorda.

En el Departamento Judicial de San Nicolás no dudan de la honestidad de Pratti, a quien consideran “un tipazo”. Eso sí, quienes conocen su actuación, consideran que “tiene un criterio laxo” para la aplicación del Código. Manso discutió mucho con él por el tema Sampol, porque el cambio de carátula puso en libertad a la exconsejera escolar, y va a ser muy difícil volver a encarcelarla.

Pratti es de los que tiene lo que denominan “un criterio amplio”. Su posición está más cerca de las de los abolicionistas, por lo que puede ser encuadrado en lo que algunos insisten en llamar “garantistas”, como si no fueran todos los jueces los encargados de “garantizar” los derechos de todos los ciudadanos. Son los que plantean que la pena en expectativa no implica riesgo de fuga, por lo que no encarcelan hasta el juicio. En frente están quienes consideran que, si alguien cree que puede caer preso durante una gran cantidad de años, se va a fugar para evitarlo.

Aun así, en Fiscalía saben que los 60 gramos en total hallados son poco y nada para sostener la acusación. De hecho, creen que la decisión de Pratti difícilmente sea apelada por Manso, un Fiscal que tiene a su cargo las tres Fiscalías -Ates está suspendida y Ramos de vacaciones- y que viene de una semana de audiencia tras audiencia.

Bassi estaba en San Pedro para esconderse

Marcelo Bassi, miembro del clan narcocriminal enfrentado en Rosario con Los Monos, permanecía detenido en San Nicolás a la espera del inminente traslado a esa ciudad santafesina, donde continuará el proceso que lo tiene como imputado por el asesinato de Pablo Duré en Villa Gobernador Galvez, su lugar de origen.

Por su parte, Fabián Adrián Curi y Daniel Marcelo Procopp, quienes habían sido detenidos junto a él en la Ruta 191 tras robar una camioneta en San Nicolás, fueron liberados ya que el delito que se les imputa es excarcelable.

Un informe que obra en Fiscalía General señala que la narcocriminalidad no estaría instalada en San Pedro a través de estos personajes. Bassi habría encontrado en nuestra ciudad un punto que no le era hostil. “No es que trasladó la mafia rosarina a San Pedro”, dijeron quienes vieron esa documentación.

Bassi buscaba seguir en actividad, mientras permanecía prófugo. En Rosario no podía. En el conurbano tampoco. Eligió San Pedro para quedarse un tiempo, pero no para operar.

En la ciudad había gente que sabía quién era. Las investigaciones apuntaron a cuatro personas. Como publicó la semana pasada La Opinión, eran cuatro los domicilios sampedrinos los vinculados a Bassi y los suyos.

En busca de apoyo

Catalano volvió a “meter la pata” al cuestionar al Poder Judicial, del que es auxiliar. No es la primera vez que hace públicas estas consideraciones, por lo que en el Ministerio de Seguridad se agarraron la cabeza. De hecho, fue citado a la Jefatura Zonal de Mercedes, donde de seguro le espera al menos una reprimenda. En la Jefatura Departamental, Paolini habría hecho una mueca de descontento, trasladada luego al Jefe Distrital Fabián Gallo. Conocedor del funcionamiento de los medios, el flamante titular de la Policía regional entiende la bronca que puede haber generado la situación en Catalano tras una tarea bien hecha que no termina de la mejor manera. Pero también sabe que el que manda es el Juez y que hay que masticar el enojo, que ya habrá revancha.

El lunes, apenas Catalano había terminado su descargo, el intendente Salazar lo convocó a él y a Gallo para manfiestarles su apoyo. Un comunicado público del Jefe Comunal respaldó a la fuerza policial y cuestionó, a su vez, al Poder Judicial.  Habló del “trabajo eficiente” de los policías y expresó su “disconformidad para con la medida judicial tomada”.

Ayer martes, ambos policías fueron a una reunión de la Comisión de Seguridad convocada por el caso. En el acta quedó expresado que Catalano y Gallo informaron que la investigación la llevaron adelante junto a cuatro efectivos de la Comisaría, luego de una presunta falta de intervención de las Direcciones de Investigación y Antinarcóticos. Que los jefes policiales se sienten molestos por la pronta liberación del aprehendido dispuesta por el Juez Pratti, cuyo criterio dijeron desconocer.

La Comisión decidió, con buen criterio, citar al Fiscal Manso para conocer detalles del expediente, antes de expedirse públicamente, ya que quizás los “elementos contundentes” que expresaron los policías no tengan la misma relevancia para los ojos del Poder Judicial.

Si la clave del tema es que DDI y DDA no intervinieron, la situación se torna más vidriosa. El reclamo de Catalano y Gallo es por la investigación de más de tres meses que no se habría tenido en cuenta y que contendría fotos, filmaciones y escuchas que permitirían acreditar el delito. La queja fue que “entran por una puerta y salen por la otra”.

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