La Justicia volvió al municipio por el caso de las facturas truchas
Personal de la Fiscalía del Dr. Granda se llevó documentación relacionada con ocho monotributistas que en 2011 excedieron de manera importante su facturación. Es en el marco de la causa iniciada por el Dr. Aldazabal tras la declaración indagatoria de Marina Galati en la investigación que afronta por estafa. El fallo del Tribunal de Cuentas advirtió sobre el mismo tema. A qué área le facturó cada uno.
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La causa por las llamadas “facturas truchas” continúa su desarrollo en la Justicia, que la semana pasada volvió a irrumpir en el Municipio con una orden de presentación firmada por la titular del Juzgado de Garantías N° 1 Laura Vázquez, quien pidió el secuestro de documentación relacionada con el caso.
El ayudante de la Fiscalía N° 8 que conduce el Dr. Hernán Granda, Norberto Masciarelli, estuvo personalmente el miércoles pasado en el Palacio Municipal para alzarse con documentación que tiene que ver directamente con los proveedores que durante el año 2011, el de la campaña electoral que llevó a Guacone a la intendencia, excedieron su facturación en hasta diez veces lo permitido.
Los monotributistas sobre los que requirieron información documental son Gabriel Leiva, constructor que confesó que entregó facturas por trabajos que nunca se hicieron; Fausto Capre, fletero; Gustavo Iglesias, proveedor de tosca; Roberto Barbera, remisero; Rodolfo Vlaeminch, constructor; Antonio Correa y Jorge Belo, dos referentes barriales.
Todo ello se suma a lo que se llevaron a fines de abril, que corresponde a Ariel Franzoia, el socio de Pedro Di Mayo, a quien en su declaración indagatoria la exdirectora del Hospital Marina Galati acusó de “entregar facturas truchas” al administrador Roberto Borgo “por trabajos que no se hicieron”.
También se llevaron órdenes de compra, de pago y facturas. El Gobierno se comprometió a entregar más documentación en el transcurso de estas semanas, ya que se trata de una gran cantidad de papeles.
Area por área, quién la gastó
Del análisis de la Rendición de Cuentas 2011 y los registros del sistema Rafam con que la municipalidad carga sus egresos e ingresos se desprende dónde están las erogaciones que fueron a parar a los monotributistas excedidos en su facturación, que aparecen sospechados de entregar boletas por tareas que no se hicieron.
En líneas generales, del total de 1.425.730,15 pesos que suman estos proveedores, $ 1.114.543,50 fueron facturados a la Secretaría de Obras Públicas que conducía en ese entonces Pedro Restelli, el hombre más fuerte del Gobierno de Guacone por ese entonces; $ 222.944 corresponden a Desarrollo Humano; $ 34.977,50 al Hospital; $ 6.845 a la Secretaría de Desarrollo Económico; $ 6.684 a la Subsecretaría de Salud; $ 2.045 a la Secretaría de Gobierno; $ 2.000 a la Dirección de Personal; y $ 779 a la de Cultura.
Desagregado por monotributista, también puede observarse a qué área y cuánto facturó cada uno. Gabriel Leiva, el “arrepentido”, facturó un total de 155.900 pesos, distribuidos de la siguiente manera: $ 76.400 a Obras Públicas; $ 73.500 a Desarrollo Humano; y $ 6.000 a Salud.
Antonio “Tony” Correa facturó $ 16.788 a Obras Públicas; a Desarrollo Humano, $ 92.114; y a Gobierno, $ 1.200. Un total de $ 110.102
Jorge Belo entregó facturas por $ 108.118. De ellos, a Obras Públicas fueron $ 61.518; a Desarrollo Humano, $ 44.600; a la Dirección de Personal, $ 2.000.
El fletero Fausto Capre sumó $ 195.200. De ese total, $ 194.950 corresponde al área que conducía Restelli; los restantes $ 250, a Desarrollo Humano.
El constructor Rodolfo Vlaeminch sólo le facturó a Obras Públicas. Fueron $ 410.760. El proveedor de tosca Gustavo Fabián Iglesias entregó facturas por un total de $ 394.890, de los cuales $ 382.410 fueron a la Secretaría de Restelli y 12.470 a la de Dalmy Butti.
El remisero Roberto Barbera facturó un total de 50.760 pesos. La mayoría, 34.977,50, al Hospital; el resto, fueron 6.845 a Desarrollo Económico; 3.711,60 a Contaduría; 2.045,15 a Gobierno; 1.717,50 a Obras Públicas; 694,40 a la Subsecretaría de Salud; y 779 a Cultura.
Ariel Franzoia, el constructor socio de Di Mayo, a quien apuntó Galati en su indagatoria y provocó la denuncia del Dr. Aldazabal que inició esta causa por el presunto desvío de fondos para la campaña, facturó en 2011 $ 245.640. De ellos, $ 213.240 a Obras Públicas por ampliación del ala de pediatría y del servicio de oncología, y por el traslado de la morgue; al Hospital le facturó $ 32.400 por tareas de mantenimiento a cargo de José Franzoia.
La advertencia del Tribunal de Cuentas
Como informó La Opinión la semana pasada, el Honorable Tribunal de Cuentas emitió su fallo sobre el Ejercicio 2011, el de la campaña, el que motivó la denuncia y la intervención de la Justicia por la sospecha de desvío de fondos.
Si bien el organismo provincial que analiza las finanzas municipales aprobó la Rendición de Cuentas de ese año, formuló reparos por el caso de los monotributistas excedidos en su factuación.
El fallo señala que “la Comuna no ha dado cumplimiento a las verificaciones y eventual aplicación de retenciones impositivas” en lo que respecta a “pago a proveedores” monotributistas “que superan los montos máximos establecidos para tal encuadramiento”.
