La Justicia Federal sigue tras los pasos de productores que no cumplen con sus empleados

El establecimiento Finca Verde, propiedad del productor Jorge Taurizano y de acuerdo a lo informado por los sindicalistas de Uatre a cargo de uno de sus hijos, fue escenario de un nuevo allanamiento de la Justicia Federal para verificar las condiciones laborales de los empleados que trabajan en la cosecha de durazno.
Si bien esta vez no habría las clásicas y lamentables condiciones de hacinamiento en lo que tiene que ver con el lugar de alojamiento para los trabajadores foráneos, lo que surgió de la investigación es una práctica sostenida que preocupa: el aprovechamiento de las necesidades de aquellos que deben dejar sus provincias de origen para trabajar.
El operativo tenía previsto ocho allanamientos. El principal, en el establecimiento del paraje Tablas donde en diciembre del año pasado inspectores del Ministerio de Trabajo y sindicalistas de Uatre fueron repelidos a los tiros desde el campo.

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El ajuste lo pagan
los trabajadores
Gendarmería nacional, personal de la Fiscalía Federal de Matías Di Lello, del Renatea y del Ministerio de Trabajo llegaron hasta el predio, donde habrían encontrado entre 60 y 70 trabajadores oriundos de Santiago del Estero, presuntamente registrados pero cuya paga no sería la que corresponde de acuerdo al convenio de Uatre, que desde diciembre tendrá un incremento.
La paga sería de 35 pesos por hora, con la obligación de trabajar entre 10 y 15 diarias, de acuerdo a las necesidades de la producción. Eso sí, si el clima permitía apenas media jornada laboral, el pago estaba supeditado a ello. Hasta les cobrarían 30 pesos por el traslado hasta el lugar de trabajo.
Habría quienes denunciaron que les descuentan dinero por no alcanzar la meta de producción de los responsables del establecimiento y las horas extras no serían respetadas de acuerdo a la legislación vigente. Incluso la Uatre patrocina a trabajadores que han sido desafectados de sus labores por reclamar ese tipo de cosas ante el sindicato.
En principio y de acuerdo a la información que pudo recabar La Opinión –al intervenir la Justicia Federal todo está bajo secreto judicial–, el empleador violaría todos los convenios vigentes. “Por algo se oponen; firman los acuerdos y después los desconocen totalmente”, se quejaron desde Uatre.
“Tenemos más de 300 personas en el sindicato y actualmente están saliendo 80, 100, a veces 50; entonces traen gente de afuera para pagarles lo que querían”, señaló Horacio Neyra.
“Acá hay gente que dice que al que no le gusta los va a correr a los tiros, esperamos que les sirva de lección”, aseguró el sindicalista y manifestó su preocupación por la actitud de empresarios que “dicen que apuestan a la producción sampedrina pero no tiene en cuenta al trabajador local, traen gente de afuera, les pagan lo que quiere y no respeta la dignidad de los compañeros”.
Entre los jornaleros rurales, muchos esperan la época de cosecha del durazno como la mejor del año. Sobre todo en Gobernador Castro, donde las manos de quienes aprendieron el oficio están desocupadas desde la ola de desmontes masivos.
Desde el Ministerio de Trabajo, el coordinador regional Mauricio Gugger fue escueto ante la consulta de este semanario, producto de la obligación judicial que rige sobre el tema. “Fuimos e hicimos la inspección de seguridad e higiene, relevamos personal y estamos esperando resultados”, señaló.

Dificultad para los controles
En diálogo con La Opinión, el Secretario General de Uatre Cecilio Salazar manifestó su preocupación por lo sucedido en las últimas semanas en torno al trabajo rural y señaló las dificultades que poseen los ministerios de trabajo provincial y nacional, como autoridades de aplicación, para inspeccionar establecimientos y dar cumplimiento a las leyes laborales.
“Tuvimos que recurrir al Fiscal Federal, pero lo ideal es que sean ellos (los ministerios) quienes hagan esta tarea, pero no tienen estructura, entonces se complica conseguir las inspecciones”, dijo Salazar. El sindicalista analizó que en varias producciones, con el arándano como punta de lanza, muchos productores optaron por contratar mano de obra foránea, para abaratar costos.
“Falla el control del Estado, lamentablemente”, dijo el sindicalista y manifestó su preocupación porque hay productores que “empiezan otra vez a hacer lo que quieren”.
“Sabemos que el Ministerio de Trabajo no cuenta con inspectores en la zona ni con viáticos para los que puedan venir de La Plata; hay 50 inspectores para la provincia más productiva del país, es imposible, con ese presupuesto no se puede hacer nada”, dijo, al tiempo que destacó la predisposición de Gugger.
“La idea nuestra no es recurrir a la Justicia, pero no nos dejan otra alternativa”, señaló.

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El convenio homologado
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario homologó el salario mínimo del peón general en 6000 pesos, mientras que el jornal quedó en 263,69. Así lo determinaron en la resolución firmada por el Gobierno nacional, los empresarios del sector y el sindicato Uatre.
Los salarios quedaron así: Peón General, 6000 pesos; Peón único, 6158,75; ovejeros, 6222,69; albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos generales y molineros, panaderos, pintores, quinteros y talabarteros, 6402,28.
Los ordeñadores en explotaciones tamberas cobrarán 6444,17; ordeñadores con funciones de carreros, 6641,69; conductores tractoristas, maquinistas de cosechadoras y otras máquinas agrícolas, 6683,13; mecánicos tractoristas, 7028,37; puesteros, 6613,75; capataces, 7296,72; encargados, 7697;18.
La resolución incluye un apartado relacionado a la vivienda donde indica que debe ser proporcionada por el empleado, reunir los requisitos establecidos en el título IV del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727), y aclara no puede “efectuarse deducción alguna por dicho suministro”.

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