La Justicia Federal interviene entre Camioneros y Sigismundi

“Si vuelven a bloquear la entrada y salida de camiones desde los galpones de la firma Sigismundi S.A, los representantes del Sindicato de Choferes se estarán exponiendo a una intervención enérgica de la Justicia Penal”. Esta es una de las conclusiones que anticiparon a La Opinión los abogados de la firma Sigismundi, instantes después de recibir la confirmación sobre una resolución del Juzgado Federal de San Nicolás a cargo del Dr. José María Acosta, Secretaría Nº 3 del Dr. Rubén Martínez.
Tras el compás de espera establecido en la reunión de la semana pasada entre representantes del gremio de camioneros, un abogado citado por el gremio de comercio y los abogados de Sigismundi, las partes quedaron comprometidas a un siguiente encuentro con pruebas que fundamenten cada una de las posiciones.
El Sindicato de Choferes, debió aceptar que el camino de la fuerza carecería de validez mientras intervenga el Ministerio de Trabajo y a través de su delegado regional prometió acercar documentación de otros convenios firmados recientemente con empresas similares que le den mayor razón al reclamo. El abogado que concurrió casi sin información en representación de otro abogado, asesor legal del Sindicato de Comercio, levantó información para trasladarla a su colega pero en el fondo, la ausencia total de fuerza de la representación gremial de los de Comercio, redujo cualquier defensa directa de los trabajadores.
Finalmente, la empresa a través de sus letrados había pedido que se expidieran los máximos organismos sobre situaciones similares antes de entablar una negociación.
El Estudio Aldazábal no se quedó sólo en esto y recurrió a la Justicia Federal, tal vez rompiendo el cerco de acuerdos que se firmaron ante el Ministerio de Trabajo y convirtiendo casi en inaplicable la intervención local.
Los abogados de Sigismundi recurrieron al Juzgado del Dr. Acosta para que este disponga sobre la posible inconstitucionalidad del procedimiento empleado por el Sindicato de Choferes.

Textual y repercusión
La resolución fechada el lunes en San Nicolás dice: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y librar oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para que se abstenga de modificar la situación contractual y de encuadramiento convencional actual en los empleados de SIGISMUNDI S.A. y de la práctica de cualquier modificación en la misma excepto por conducto de lo establecido oficiar al Sindicato de Choferes de Camiones de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires para que se abstenga de iniciar y/o continuar medidas de acción directa ante la empresa que se traduzcan en piquetes, quemazones de neumáticos y concentraciones de personas que impidan el desempeño de la actividad comercial de dicha empresa hasta tanto se dicte sentencia definitiva bajo apercibimiento de intervención de la justicia penal.
Julio Cavaleiro, el delegado regional de los camioneros que dijo que “sobraban gomas” para continuar con los reclamos, manifestó ayer su sorpresa ante la consulta desde La Opinión sobre este fallo. “Aún no fuimos notificados de nada pero nosotros vamos a seguir luchando por los trabajadores de la manera en la que lo hacemos siempre”, dijo. Sin tener en su poder detalles del alcance del fallo destacó que se respetará lo que determine la Justicia Laboral.

La pelota hacia delante
Aún con varios trabajadores de la firma interesados en el traspaso, la empresa le dio mandato al Dr. Aldazábal para que neutralice estos movimientos. La presentación hecha en San Nicolás en la causa “Sigismundi Abel contra Ministerio de Trabajo de la Nación y otros sobre acción meramente declarativa” apunta claramente a acceder a una opinión superior, frenar cualquier intento de reclamo por la fuerza y dilatar una decisión definitiva al menos por seis meses.
En el expediente exponen que “de ninguna manera se puede imponer por la fuerza a un empresario que modifique el encuadrammiento sindical de sus trabajadores sin que haya una orden emanada de una autoridad judicial competente” y a esto ha hecho lugar el Juzgado Federal. En algunas semanas, desde este Juzgado surgirá una respuesta afirmativa o negativa pero como fuere, será apelada por la parte que no se satisfaga. Si dicen que el encuadre debe ser el de camioneros, Sigismundi apelará a través de sus abogados a la Cámara de Apelaciones de Rosario. Si la respuesta es favorable a la empresa, apelarán los Camioneros.
Desde ayer las partes tienen seis días para responder a la acción y desde entonces comenzará el período de análisis, contando los jueces con numerosas pruebas e información aportada en los últimos días.