La Justicia dictó una cautelar y estará atenta a las obras de las rutas 1001 y 191
La petición de los vecinos de Río Tala tuvo éxito y la Jueza Sívori ordenó al Municipio que le envíe el contrato con Farallón. A la empresa la intimó a que señalice todos los tramos dificultosos. Vialidad debe informar todos los meses el avance de las tareas. El Gobierno está cerca de intimar a la firma que tiene a su cargo los trabajos, porque todavía no empezaron.
:format(webp):quality(40)/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/media/2020/08/20150918064546_1.jpg)
La Jueza María Alejandra Sívori dictó el lunes la medida cautelar que pidieron los vecinos de Río Tala patrocinados por el abogado Daniel Spirópulos, quienes presentaron un recurso de amparo para que Vialidad provincial se haga cargo del mal estado de las rutas 1001 y 191 en el partido de San Pedro, decisión que llegó tras la audiencia en la que la semana pasada comparecieron las partes.
A ese encuentro en el Juzgado de San Nicolás asistieron el Gerente técnico de Vialidad, ingeniero Héctor Escalada, y al Jefe de Departamento zonal, Gastón Deza, acompañados por una abogada y munidos de una copia del contrato con la empresa Grupo Farallón, con la que el Municipio firmó el acuerdo para la repavimentación de ambas rutas, obra que financia el Gobierno nacional.
La Jueza, que ese día anunció que recorrería las rutas, consideró que correspondía con los elementos recogidos acceder a la petición de los vecinos, sobre todo luego de que Vialidad reconociera en la audiencia la necesidad de una acción en relación al estado que presentan esas rutas, que dependen de su órbita.
Vialidad fue a la reunión con una copia simple del contrato entre la Municipalidad y Farallón, por lo que Sívori ordenó al Gobierno de Giovanettoni que remita una copia certificada, junto con la documentación que acredite el inicio de obra y el plazo de finalización.
Sin embargo, el Ejecutivo local no está en condiciones de enviar lo requerido, sobre todo porque no puede certificar el inicio de obra, ya que Farallón todavía no movió una sola máquina en la zona de Río Tala, donde comenzará camino a San Pedro.
El contrato fue firmado el 27 de agosto pasado y desde entonces la empresa ha desarrollado tareas “de oficina” pero nada “en territorio”, a pesar de que el propio día en que fue suscripta la documentación habían anunciado que todo comenzaría “en pocos días”.
“Los plazos de obra comenzaron a correr desde el 9 de septiembre”, aseguraron a La Opinión desde el Gobierno local y advirtieron que la empresa podría ser intimada si no comienzan pronto con las tareas.
La medida judicial conocida el lunes ordenó a la empresa a que “proceda en el plazo total e 20 días a la señalización diurna y nocturna de baches, pozos, desniveles, ahuellamientos, falta de banquinas, obras en reparación y/o cualquier otro desperfecto de las calzadas que por su grado se exhiban como peligrosas al tránsito que existiera en las rutas provinciales 1001 y 191”.
Esas tareas deben ser controladas, al igual que todo el desarrollo de la obra, por la Dirección de Vialidad provincial, que además deberá hacerse cargo si acaso esa señalización ordenada no le correspondiera a Farallón.
Por otra parte, deberán informar al Juzgado de manera mensual el resultado de esas gestiones.
La semana pasada, luego de la audiencia donde la Jueza dijo que recorrería la zona, Vialidad envió máquinas a trabajar a las rutas, donde hubo un relleno provisorio con tosca en baches y banquinas, algo que se había visto días antes en el acceso a Río Tala desde Ruta 9.
