La Justicia debe analizar si hubo delito con manejo de documentación municipal
El Intendente ordenó la presentación de una denuncia penal y la instrucción de un presumario administrativo para establecer qué sucedió el lunes por la tarde, cuando el Jefe del Archivo municipal contrató un camión particular al que cargó con alrededor de 30 mil kilos de expedientes para ser trasladados y posiblemente comercializados. El pedido de investigación ingresó el martes por la tarde a la Fiscalía de la Dra. Gabriela Ates.
El lunes a la siesta, la vereda de calle Arnaldo frente al edificio donde funcionan Obras Públicas, Salud y Cultura estaba abarrotada de cajas con papeles que eran cargadas a un camión particular por personal municipal. Se trataba de documentación del archivo público cuyo destino es por lo menos incierto y cuyo movimiento abrió una instancia investigativa administrativa y otra penal.
El camión, propiedad de un reconocido transportista local, cargó alrededor de 30 mil kilos de documentación en papel y partió rumbo a la playa de la empresa, donde fue retenido por mas máximas autoridades municipales que, enterados de la situación por La Radio 92.3, decidieron actuar de inmediato. Una vez más la acción periodística logró detener un procedimiento a todas luces irregular.
Con el camión de gran porte ya estacionado en el lugar desde el que partiría a las cuatro de la madrugada del martes, Giovanettoni y sus funcionarios tomaron las primeras medidas.
El martes por la mañana ya estaba en marcha el presumario administrativo a cargo del Director de Asesoría Letrada José Ignacio Macchia quien citó al Jefe del Archivo a declarar; hoy deberán también ofrecer su testimonio el Secretario de Gobierno Martín Baraybar –autoridad superior del sector– y el Subsecretario de Obras
Públicas Carlos Codern, quien dispuso el personal para colaborar ante el pedido del empleado en cuestión.
En horas de la tarde la acción del Intendente se transformó en una denuncia penal en la Fiscalía para que la Justicia evalúe si la situación puede ser encuadrada en algún tipo de delito, ya que ante la sospecha de irregularidades se podría estar frente a un hurto de documentación pública y su posterior destrucción. La denuncia fue acompañada por fotografías del camión, la carga y el archivo que tomaron los funcionarios, con Giovanettoni a la cabeza, y de los nombres y domicilios del empleado municipal denunciado y del transportista. La Dra. Gabriela Ates está de licencia por lo que no se sabe aún en qué manos recaerá la tarea preliminar de investigación.
La versión del Jefe de Archivo
El empleado que tiene a su cargo el Archivo municipal desde 2009, hermano de un exfuncionario y sindicalista de peso, prestó declaración ayer en la Asesoría Letrada. Allí lo consultaron sobre la habitualidad de la tarea que hizo, la contratación del transportista, el fondo para abonar el trabajo, la falta de aviso a la Secretaría de Gobierno y el tipo de documentación que cargó en el camión.
Manifestó que su antecesor en el puesto le había informado en su momento que cuando se acumulara mucha documentación podía “quemar, destruir, tirar” sólo la contable, no así las relacionadas con compras y licitaciones, y con al menos “cinco años” de antigüedad.
Dijo que solo cumplió con su trabajo y que así como lo hizo esta vez lo hizo otras. Que él mismo contrató al camión y que luego pasaría la factura a Gobierno para que le abonen al transportista.
Señaló también que al que le avisó fue a Carlos Codern, aunque en realidad más que avisarle lo que hizo fue solicitarle algunos empleados de Obras Públicas para que colaboraran en la carga.
Sostuvo que el camión salió ayer para la playa del transportista y que al otro día la carga sería depositada en el Corralón municipal.
También dijo que tiene 31 años de antigüedad, que lo persiguen por su apellido y que esto fue hecho “a la luz del día”. Cuando expuso ese argumento, alguien recordó que el mejor lugar para esconder un elefante es una manada de elefantes.
Contradicciones con la declaración
Cuando el contador municipal Oscar Corleto haga su aporte al presumario el jueves dirá que es imposible que él haya dicho alguna vez que se podía “quemar, destruir o tirar” documentación con cinco años de antigüedad. Sobre todo porque él sabe, como saben en Economía, que el Tribunal de Cuentas ni siquiera se expidió definitivamente sobre el ejercicio 2010, por ejemplo, ante las apelaciones y demoras que el propio sistema tiene para el dictamen final del organismo que controla las finanzas púbicas.
Codern dirá que autorizó al personal de buena fe y Baraybar se quejará por no haber sido notificado nunca del desarrollo de esa tarea, que debe autorizar por ser el responsable político del sector de Archivo.
Una de las mayores contradicciones, que derivó en la necesidad de denunciar penalmente el tema, apareció cuando los funcionarios le retuvieron el camión al transportista, quien se quejó porque tenía pensado ir a las 4.00 de la mañana de hoy “al depósito de Buenos Aires” a dejar la carga.
Además, les dijo a los funcionarios que él no le cobraba a la Municipalidad sino que por su trabajo le abonaban “en el depósito” donde descargaba, el mismo lugar donde el kilogramo de papel se paga entre 1,70 y 2,50 pesos.
Si el cálculo de mínima son dos toneladas a 1,70, se habla de 34 mil pesos. Si el de máxima son 30 mil kilos a 2,50 pesos, de $ 75 mil. Un verdadero negocio.
Preguntas sin respuesta
Desde que el archivo municipal fue trasladado del Palacio al edificio del excorreo, mucho se ha perdido en el camino. No se sabe con precisión, como quedó en evidencia ahora, cómo es la modalidad para la destrucción de la documentación contable que no vale la pena conservar ni para el resguardo de la que sí es necesario que el patrimonio local mantenga.