La Justicia cree que el intendente debe seguir investigado por su labor en Osprera
El mismo Juez que investiga “la ruta del dinero K” rechazó el pedido de sobreseimiento que hizo la defensa de Gerónimo Venegas y Cecilio Salazar en la causa por la presunta presentación de troqueles apócrifos para el recupero de dinero correspondientes a la entrega de medicamentos de alto costo. Para el partido Fe, el caso siempre fue “una persecución política” del kirchnerismo.
La semana pasada, el periodista especializado en causas judiciales Néstor Espósito reveló en exclusiva en agencia DyN el contenido de un fallo judicial –a cuya versión completa tuvo acceso La Opinión– que rechazó el sobreseimiento del intendente Cecilio Salazar en una causa que lo tiene como principal acusado junto a Gerónimo “Momo” Venegas en lo que se conoce mediáticamente como “la mafia de los medicamentos”.
Salazar y Venegas, como máximos responsables de Osprera, seguirán bajo la lupa de la Justicia, a pesar de que la causa lleva ya diez años. Así lo resolvió el Juez Sebastián Casanello, el mismo que tiene a su cargo la investigación por la denominada “ruta del dinero K”y que envió a prisión a Lázaro Báez.
La Defensa de los acusados había pedido el sobreseimiento en febrero pasado, basada en la falta de mérito dictada por el Juez Oyarbide en 2014.
Sin embargo, la solicitud fue denegada y abrió el camino para la continuidad del curso del expediente, que busca establecer si desde Osprera se presentaban pedidos de reintegros de dinero mediante la utilización de troqueles falsos enviados a la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo autárquico del Ministerio de Salud que trabaja directamente con las obras sociales sindicales para tratamientos de alta complejidad y que fue disuelto en 2012.
Un revés inesperado
En Osprera siempre consideraron que la causa estaba “armada por el kirchnerismo” para atacarlos. Así lo aseguraron desde aquel día en que un allanamiento se llevó detenido a Gerónimo Venegas de la sede del sindicato.
Para rechazar el sobreseimiento, el Juez Casanello consideró los argumentos el Fiscal Franco Picardi, para quien las pericias reflejan la “presentación de un cúmulo de expedientes de troqueles apócrifos con el fin de obtener el recupero de sumas de dinero correspondientes a la supuesta entrega de medicamentos de alto costo”.
Para Picardi, la participación de los imputados “distaba de ser una mera negligencia, sino que estaba destinada a obtener un provecho económico”.
El juez se opuso al sobreseimiento porque aún restan medidas de prueba por producir. Es decir que siguen las sospechas y, como bien expresó el Magistrado, la duda es incompatible con la “certeza negativa” que se requiere para adoptar el sobreseimiento de un imputado en una causa judicial.
“Persecución política”
La Defensa y los imputados sostienen que hay “persecución política”, aun cuando el kirchnerismo ya no gobierna y el juez de la causa –cuyo nombramiento en el fuero estuvo teñido de sospechas sobre presunta cercanía con La Cámpora– fue atacado por los propios kirchneristas por poner el ojo en temas que instalan sospechas directas sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para la abogada que representa a Salazar, Venegas y el resto de los acusados, Mirta Compagnoni, sus defendidos “no integraban ninguna asociación ilícita porque no necesitaban ni vivían de ella”.
Explicó que Salazar y Venegas no participaban del trámite de “trazabilidad” de los medicamentos, que comenzaba con el pedido del beneficiario, seguía con el pedido de los médicos, la adquisición por parte de la farmacia de Osprera a las droguerías y el envió al afiliado a través de un tercero.
Si bien hubo ocasiones en que los medicamentos los retiraban delegados sindicales, aseguraron que ello sucedía por “la lejanía del domicilio del afiliado, ya que muchos vivían en el medio del campo o en un lugar de difícil acceso”.
La Defensa señala que Venegas y Salazar, en calidad de responsables jerárquicos, “sólo constataban que el beneficiario sea afiliado; esto era una cuestión meramente formal sin relación con la incorporación de troqueles ni con la compra de medicamentos”.
Sostuvo que los troqueles que están en duda eran legítimos y que si hay diferencias es por “la utilización de distintas impresoras, insumos, papel” en los “envases, envoltorios, cajas, blíster, etc.”.
Además, cuestionan una de las denuncias por haber sido presentada por un médico de filiación política contraria a la de los fundadores del partido Fe.
Los medicamentos cuestionados presentaban a simple vista características que suponían un origen espurio, en tanto habrían sido limpiados los sellos o inscripciones que habitualmente rezan “Uso Institucional” o “Prohibida su Venta”, los cuales estaban destinados a un proyecto de Naciones Unidas y a entidades públicas y privadas, siendo su distribución gratuita. Eso consta en la causa.