La Justicia avanza en la causa por los residuos patogénicos

La investigación de La Opinión sobre el depósito de residuos patogénicos en una fosa abierta exclusivamente para esos fines en el cementerio ya forma parte de un expediente judicial que tramita la Fiscala Gabriela Ates, por lo pronto con el objetivo de averiguar si existió un delito penal en el marco del manejo de esos sensibles desechos, cuya responsabilidad le cabe al Estado municipal.
Todo comenzó en diciembre, cuando Marcelo Marelli dijo casi como al pasar que se había enterado que estaban enterrando ese tipo de cosas en el cementerio. Este semanario logró dar con el lugar del entierro, con fuentes que informaron el mecanismo que utilizaron y con la confirmación del propio exadministrador del Hospital y actual Secretario de Economía Roberto Borgo.
“Había material biológico no corto punzante que había que sacarlo, que se llevó al cementerio a depositar”, reconoció el funcionario y detalló que “se utilizó una ambulancia que está asignada para mantenimiento”.
También en ese momento explicó la metodología: “Se hace un pozo, se deposita y se entierra” y señaló: “No se puede dejar de retirar material biológico en riesgo de descomposición”.
En ese momento había una suspensión del servicio por parte de la empresa Econorba, porque el Gobierno le debía más de cinco meses. “Esto se hace con autorización del Subsecretario (Javier Sualdea) y con participación de Obras Públicas, no a escondidas; se hace una fosa con una retroexcavadora y se tapa en el momento”, detalló Borgo.

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Todos a declarar
El viernes, la Fiscalía tomó declaración a los concejales Ariel Ramanzini y Mario Sánchez Negrete, en su carácter de denunciantes, y también al edil Américo Quintana, quien convocó al Subsecretario de Salud Javier Sualdea el día que dijo en el Concejo Deliberante que “nunca” habían enterrado residuos hospitalarios en el cementerio, en clara contradicción con lo que Roberto Borgo había señalado semanas antes.
El lunes, la ronda siguió. Pasaron el abogado, farmacéutico, concejal y también denunciante Sergio Rosa, y el Secretario General de ATE Marcelo Marelli, quien dijo en La Radio en diciembre: “Están sacando los residuos patogénicos en bolsas de nylon común, no viene la empresa a retirarlos y lo llevan al cementerio, con un manejo fuera de la ley, es preocupante”.
Todos los que estuvieron en Fiscalía ratificaron lo que ya habían dicho a La Opinión respecto de lo que supieron en torno al tema. Hubo, por supuesto, algunas cosas más, como el nombre de Gonzalo Gómez, quien habría sido el responsable de la ambulancia en desuso que trasladó “residuos biológicos” y a quien la Justicia citaría en los próximos días.
Aún resta que pasen por las oficinas de Ates el exadminsitrador Roberto Borgo, el Subsecretario de Salud Javier Sualdea, el actual Administrador Marcos Mamberto y podría haber más nombres, como el de la concejala Cecilia Vázquez.
Además, en caso de que haya pruebas, los primeros en la cadena de responsabilidades son el Intendente Pablo Guacone y la Secretaria de Desarrollo Humano Verónica Mosteiro, de cuya área depende Salud. Es más, serían los primeros en quedar imputados, si hubiera elementos probatorios de la configuración de un delito.

El futuro inmediato
La Opinión consultó a la Fiscala Gabriela Ates, quien tiene a su cargo la causa, que comenzó hace dos semanas con la denuncia de los concejales y ya dio importantes pasos, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa para la salud de la población el tema sobre el que se investiga.
“Ya vinieron todos los concejales denunciantes y oficié a todas las reparticiones responsables”, informó Ates. Las dependencias municipales con injerencia son el Hospital, la Subsecretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano. Además, habría un oficio para la propia empresa Econorba, que debería informar si en esas semanas retiró algún tipo de material desde San Pedro.
Ello es fácil de comprobar, en la medida en que tanto en el Municipio como en la empresa debe quedar el registro de cuándo y cuánto se llevan. En situaciones normales, Econorba retira semanalmente unas ocho a diez cajas de 20 kilos cada una, en verano, que aumenta a 14 promedio en invierno.
En esos días había unas 25 cajas amontonadas, por lo que no cumplieron con la periodicidad contractual. La deuda ascendía a unos 90 mil pesos y la renegociación era un verdadero dolor de cabeza, puesto que la empresa se negaba a confiar en el desfondado Estado local.
“Espero sus respuestas y convocaré a la Asesoría Pericial de La Plata”, adelantó Ates sobre los oficios librados. La participación de la Asesoría implicará pericias sobre el terreno, por lo que no es descabellado pensar que pudiera haber una orden de remoción en el cementerio, allí en el mismo lugar donde este semanario encontró tierra recientemente removida y restos de envoltorios de jeringas marca Neojet.

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Las contradicciones del Gobierno
El Subsecretario de Salud se reunió con un grupo de concejales por el tema. Fue la semana del 27 de enero. En su edición del miércoles 29, La Opinión dio cuentas de esa reunión tras la consulta a tres de los ediles que estuvieron presentes: Américo Quintana, Mario Sánchez Negrete y Cecilia Vázquez.
Los tres coincidieron en señalar que Sualdea no sólo negó todo sino que además contradijo al propio Borgo al sostener que “nunca” enterraron nada. El Subsecretario de Salud les dijo que es “habitual y normal” que haya jeringas, porque hay “gente” que “usa esa cosas” y las “tira ahí”. Lo mismo había dicho en una consulta telefónica a este semanario.
Todos coincidieron además en que Sualdea les dijo que “el servicio estuvo cortado un mes” y que “nunca se tiró ningún residuo en ningún pozo”, en clara contradicción con lo que Borgo había dicho semanas antes.
“Creo que esto es un atentado a la salud pública, entonces creo que denunciar es un imperativo moral, para que se descubra qué sucedió acá y para que no vuelva a suceder”, dijo el concejal Sergio Rosa, quien además se mostró sorprendido por la designación de Marcos Mamberto, a quien le paga el Municipio y no la Provincia, como sucedía hasta fin de año, tal como reveló La Opinión la semana pasada.
“No se forma un Administrador del Hospital, de temas tan específicos, con sólo ser amigo, y no lo digo por la persona, porque no tiene nada que ver con eso. Esto da como resultados la ineficiencia, porque mientras aprende, ¿cuántas decisiones toma?, ¿cuántas de ellas son criteriosas?”, señaló el edil.
“Antes era porque le salía gratis, resulta que ahora le va a pagar la Municipalidad. ¿No es mejor tener a quien conozca del tema y al militante dejarlo en un cargo donde resulte útil a otros fines? Es un espacio donde se toman decisiones bajo presión y contrarreloj”, analizó Rosa.

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