La Justicia autorizó a visar un plano de un terreno costero que reclama la Municipalidad
El Estado había negado visar la mensura de un terreno ubicado frente al club Pescadores, porque se trata de un predio que está en los planes de mejoramiento de la zona costera que planteó una ordenanza de 2006. Sin embargo, como el pedido fue presentado antes, la Justicia autorizó al titular de los derechos posesorios a hacer el trámite. La Municipalidad y el particular mantienen un litigio por la propiedad del lote.
La Municipalidad y Raúl Calonge litigan en la Justicia por la propiedad de un terreno ubicado al pie de la barranca, frente al club de Pescadores. En su momento, el Estado local denegó al particular el visado de un plano de mensura, con el argumento de “proteger” el erario. Sin embargo, los decretos fueron calificados “de nulidad absoluta e insanable” por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo.
Un fallo reciente de la Jueza María Isabel Fulgheri favoreció a Calonge, a quien la Municipalidad deberá visar el plano, ya que la negativa que en su momento impuso el Gobierno, en 2007, “devino arbitraria” y privó al particular de un derecho.
“La Jueza hizo lugar porque entendió que los decretos no están debidamente fundados. Al conceder la anulación, hace lugar al visado de plano, que no reconoce derechos posesorios”, explicó el Director de Asesoría Letrada José Ignacio Macchia, quien adelantó que no apelará el fallo, aunque cuestionará las costas, que recayeron sólo sobre el Municipio.
Historia de un error
En 1987, Raúl Calonge compróderechos posesorios del terreno que ocupaba Ramiro Caffieri y Justina Basaldúa, cuya familia habitaba desde hacía décadas en lo que hoy es un lote ubicado en una zona inmejorable.
Para el proceso de reconocimiento de la posesión veinteañal a la que aspira Calonge, necesitaba el visado del plano de mensura por parte de la Municipalidad y en 2005 presentó el expediente.
El Gobierno de entonces rechazó el pedido con un decreto del año 2007 que tomó como argumento principal una ordenanza de 2006 que declaró de utilidad pública toda esa zona. Como advirtió la Jueza, desde el punto de vista formal, un justificativo no atendible.
Por otro lado, el abogado de Calonge planteó que todos los planos de mensura de terrenos que se pretenden usucapir contienen la leyenda “sin certificar la posesión se aprueba en su faz geométrica”, para ser refrendada por las autoridades provinciales.
La Municipalidad adujo que con el pedido de visado se afectan intereses públicos, aunque ya había aprobado un trámite similar en el año 2003 a Néstor Gordó, situación que expuso Calonge entre sus argumentos y que aparece en el fallo de Fulgheri.
Un terreno público con historia
El trámite de primera inscripción a nombre de la Municipalidad de San Pedro fue instrumentado a partir del plano de mensura de origen Nº 99-40, del año 1998, con el que el Estado local busca evitar que la Justicia otorgue la posesión veinteañal a Calonge y por lo que hay un juicio de restitución.
Un informe del Director de Geodesia, con fecha 17 de octubre del año 2000, señala que en el Archivo Histórico de ese organismo, según duplicado de mensura N° 69 de San Nicolás, la fracción en litigio “forma parte de una reserva de terrenos ubicados en la costa delParaná que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires le dio posesión a la Municipalidad del Partido de San Pedro con fecha 31 de diciembre de 1856”.
La Municipalidad sostiene que el lote que Calonge pretende usucapir está en “un área estratégica de la ciudad sobre la barranca y costa de la Laguna de San Pedro” y que es convicción de la comuna “que en el predio en cuestión se realicen actividades destinadas al uso comunitario, en provecho de todos los sampedrinos y turistas que elijan a la ciudad”.
Este revés judicial para el Estado local no se traduce en derechos posesorios para el particular que reclama la propiedad del terreno que ocupa, pero da cuentas de que el Gobierno de entonces quiso proteger el patrimonio público pero lo hizo tarde.
La historia de la ciudad está plagada de casos similares y convoca a la reflexión en torno a la necesidad de que haya una acción urgente del Gobierno actual para la recuperación de predios que son de todos.
Hasta ahora, del anuncio de Salazar en su mensaje anual acerca de ir con la topadora para recuperar terrenos costeros que pertenecen a los sampedrinos no hubo ninguna noticia, y el año ya termina.
Lo único que hizo el Gobierno fue enviar a un inspector de obras a dejar asentado en un acta que los habitantes históricos de la Bajada al Puerto son “usurpadores” que ponen “en riesgo” a “personas y propiedades”, acción con la que el Juez de Faltas que eligió el intendente resolviera “desalojo y demolición”, todo en beneficio de una empresa que reclama que esos terrenos son parte de un convenio para la construcción de un hotel de lujo.
