La investigación busca dar con el tercer cómplice y con los que facilitaron los datos para el asalto
Branto Ayala pidió que lo lleven a una cárcel federal y un abogado se presentó en su nombre. Su hijo Nazareno también tiene a un conocido letrado como representante. Esperan las pericias y profundizan la investigación en procura de dar con los cómplices. Para Fiscalía, los que entregaron el camión son tan responsables como el autor del disparo que mató al agente de la Policía Local.
Atrapar al prófugo era prioridad para la causa que investiga el asalto al camión de la empresa Río Tala en cuyo marco fue abatido el agente de la Policía Local Nelson Lillo. No sólo para el Fiscal Marcelo Manso. También para las fuerzas que ofician como auxiliares suyos en la instrucción, Prefectura y Policía. También, claro, para el Gobierno local, que siguió de cerca cada paso.
Roberto Branto Ayala fue detenido el sábado, herido. Su traslado a un penal se esperaba para ayer martes, pero se demoró producto de la burocracia. Por eso seguía en el Hospital, donde su estadía cuesta como mínimo 2.000 pesos diarios y genera contratiempos en el desarrollo normal de las tareas cotidianas.
El Fiscal se entrevistó el lunes con él, cuando todavía su asistencia legal provenía de la Defensoría Oficial. Allí hizo uso de su derecho a no prestar declaración y pidió que su traslado sea a una cárcel del servicio penitenciario federal y no del bonaerense, para proteger su integridad física, según argumentó.
Mientras el grupo Albatros de Prefectura lo custodia y un abogado de apellido Colman llegó para interiorizarse del expediente y decidir si asume su defensa –sin que nadie pueda dar cuentas acerca de quién lo convocó y quién le pagará–, la investigación sigue su curso.
Quedan muchas aristas para analizar y Manso lo sabe. En su despacho, reúne elementos para solicitar la orden de captura del sospechado de haber colaborado con la huida de Branto, el a esta altura famoso conductor de la moto que lo “rescató” de la escena del hecho en la esquina de Salta y Arnaldo, cuya participación fue revelada por quien sería su novia, que se lo contó a su madre, que aportó el testimonio a la Justicia.
Además, el Fiscal aguarda los resultados de las pericias balísticas, aunque poco esperanzado, teniendo en cuenta que los proyectiles que impactaron contra el policía Nelson Lillo y los delincuentes Pablo Morel y Roberto Branto Ayala entraron y salieron de los cuerpos de cada uno, por lo que no hay balas reconocibles como las que causaron las heridas, que en el caso de los dos primeros fueron fatales.
Manso necesita avanzar para establecer la red de complicidades que permitieron el asalto, la huida de Branto y su condición de prófugo durante más de 55 horas.
Asalto, muerte y desesperación
El jueves al mediodía, cuando ocurrió el hecho, entre los efectivos policiales hubo quien dijo que los ladrones eran de Baradero. A Pablo Morel, el delincuente abatido, lo identificaron alrededor de dos horas después de que llegara sin vida al Hospital.
Su cómplice, autor material del asesinato del policía local Nelson Lillo, había huido a la carrera, sin que nadie lo persiguiera. Cuando llegaron los efectivos policiales, los de Prefectura y el personal de Fiscalía, la confusión reinaba.
Hubo móviles que se dirigieron de inmediato a la zona del barrio Hermano Indio, con datos acerca de que hacía allí habían huido el asesino de Lillo y su cómplice, que lo levantó en moto en Salta y Arnaldo.
Ese día hubo múltiples allanamientos y un gran despliegue de efectivos de la Comisaría, la DDI, la Policía Local, el GAD y Prefectura, todos abocados a dar con quien había ultimado a un camarada.
Ese día, por la noche, la Justicia ya tenían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad. Por la tarde, circulaban en redes sociales fotos del abatido Pablo Morel y de otro conocido delincuente que, como él, es oriundo de Baradero: Nazareno Jesús Branto.
Un testigo del asalto decía que no, que ese rostro que le mostraban no era el que había visto. Una mujer, sin embargo, aseguró que sí, que el de las fotos que todo el mundo veía en Facebook o recibía vía WhatsApp era el que había visto escapar.
La Jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui libró la orden de captura para el joven de 32 años, conocido por ser el autor del asesinato del agente penitenciario Juan Carlos Dumbsky, ocurrido en Baradero en 2006, cuando el numerario de la Unidad Penal 11 de esa ciudad intervino ante el asalto del minimercado El Torito.
Nazareno Branto había sido condenado a 10 años, en juicio abreviado, por ese crimen. El Ministerio Público Fiscal había accedido a una condena menor a la esperada porque temía que en el debate oral y público los elementos de prueba pudieran diluirse. Es que los testigos tenían miedo. Habían sido amenazados y nadie garantizaba que ratificaran ante un Tribunal lo que ya habían contado. Ante la duda, optaron por aceptar el acuerdo. El delincuente tenía 22 años. A mediados del año pasado había cumplido condena. Nadie podía creer que ahora, otra vez, estuviera involucrado en un asalto que terminó con un policía abatido.
De Nazareno, al padre
El viernes por la mañana, mientras la Jueza confirmaba la orden de detención y Manso comentaba los avances en su búsqueda, la Justicia ya sabía que a quien debían buscar no era a Nazareno sino a su padre, uno de los delincuentes más conocidos de la historia delictiva zonal y de fama nacional (ver página 6).
Cuando un policía miró las cámaras y notó que un joven de 32 años no podía correr de esa manera, orientaron la investigación en busca del padre. Mientras tanto, la ciudad estaba prácticamente sitiada y los allanamientos también tenían lugar en San Nicolás, Ramallo y, por supuesto, Baradero, donde el primer objetivo fue la casa de Morel en la calle Pacheco de Melo. Allí secuestraron una serie de elementos y requisaron un departamento interno –“una pocilga, en realidad”, describió un vecino – donde vivía quien sería el que, en moto, ayudó a Branto a escapar.
La condición de prófugo del asesino de Lillo no podía durar. Aunque, como verá quien repase su prontuario en las páginas subsiguientes, tiene una vasta experiencia en mantenerse evadido de la Justicia.
Las medidas fueron extremas: hasta pidieron a los centro de atención primaria que no entregaran medicamentos ni elementos que pudieran ser utilizados para curar heridas, como gasas.
Ese viernes, un testimonio fundamental permitió a Fiscalía obtener datos sobre el presunto tercer implicado, en cuya búsqueda se esperaban novedades. Una mujer fue a brindar datos que orientaron la investigación hacia un joven de Río Tala que vivía en esa “pocilga” ubicada en la parte de atrás de la casa de Morel (ver aparte).
Cómo cayó Branto Ayala
El sábado, a las 18.30, Branto Ayala fue detenido en inmediaciones del reconocido vivero de la familia Gobatto, donde se llega directamente tras recorrer la calle Mateo Sbert, clave en la circulación desde Bajada de Chaves hasta Lucio Mansilla a través de barrios donde se sospecha podría haber estado escondido el prófugo.
Nadie sabe quién lo “aguantó” ni dónde. Al lugar donde lo detuvieron no podría haber llegado caminando, como pretendió instalar la versión oficial. Hay quienes consideran que su entrega habría estado pactada y hablan de una camioneta y un auto blanco.
Para la investigación, Branto Ayala estaba ahí a la espera de que alguien lo fuera a rescatar. Para las versiones extraoficiales, el acuerdo con quien lo tendría escondido era ese: llevarlo hasta ahí para que lo detengan. Quien observe con atención las zapatillas rojas que calzaba, notará que no podría haber caminado esos 5 km y llegar sin un mínimo rastro de polvo.
Branto Ayala tenía curadas de manera no profesional las heridas de bala. Tuvo la suerte de que los disparos no afectaron órganos vitales. La sangre que se veía en el buzo que vestía estaba en las gasas con las que le cubrieron la zona. En una bolsa de plástico llevaba 19.900 pesos y una tableta de ibuprofeno.
Cuando lo detuvieron dijo que se llamaba Héctor Barrios. Dio un número de documento, nombró madre, padre y hasta un domicilio en Baradero. Todos exactos y alusivos a otra persona de esa ciudad. Ya en el Hospital, cuando pidieron la ficha al sistema penitenciario, pudieron dar con lo que algunos policías veteranos como el propio delincuente recordaban que tenía: tatuajes en los brazos con los nombres de sus hijos Nazareno y Sergio.
De la ambulancia, cuando llegó al Hospital, bajó golpeado. Con la nariz rota, los ojos hinchados y con cortes en el rostro. En la Guardia, una multitud –la mayoría agentes de la Policía Local– esperaba su arribo. Fue recibido en medio de una atronadora catarata de insultos, gritos y arengas.
La orden médica fue practicarle una serie de estudios en un centro de diagnóstico privado. Para ello, hubo que trasladarlo una vez más, con un operativo que impidiera agresiones. Lo mismo sucedió de regreso.
Durante la noche, desde la habitación 8 de la zona de internación se escucharon gritos: eran insultos de unos y lamentos de otro. Los vecinos de pasillo dijeron haber visto a agentes de la Policía Local que llegaban, la mayoría en malla y ojotas, en tandas de cuatro o cinco y pasaban al cuarto. Aseguraron que lo que escucharon provenía de la sala ocho donde estaba el detenido.
El lunes, Branto Ayala se negó a declarar y pidió su traslado a una cárcel federal. Comió normalmente y se mantuvo en un estado aceptable para su condición de herido. Ya con el alta médica, aguardaba que se completaran los pasos burocráticos para su alojamiento en una celda del servicio penitenciario nacional.
En Baradero, su hijo Nazareno difundió un video en el que se lo veía sin lesiones en el cuerpo, tal como sostuvo en las redes sociales una de sus hijas desde el jueves del hecho.
Branto hijo podría haber colaborado con la Justicia y hacerse presente ese mismo día, toda vez que sabía que era buscado y que no había sido el que las cámaras registraron corriendo herido tras el asalto.
Sin embargo, no lo hizo. Quienes investigan el caso no dejan de tener dudas respecto de una eventual participación suya en la planificación del golpe. Incluso, aunque costará establecerlo fehacientemente, podría haber sido quien iría a buscar a Branto Ayala al callejón donde lo atraparon.
El martes, el reconocido abogado baraderense Diego Jeanmarie se presentó en Fiscalía como defensor particular de Nazareno Branto. Se esperaba para este miércoles que el propio hijo del detenido se hiciera presente en sede judicial para aclarar su situación.
Cómo sigue la causa
Los pasos que siguen son muchos. Manso está dispuesto a investigar a fondo la red de connivencia que permitió la comisión del hecho. La hipótesis es que alguien de adentro de la empresa facilitó los datos. El camión, ese día, tenía que cobrarles a dos clientes importantes, que finalmente no pagaron. Debería haber llegado al supermercado del asalto con mucho más que los 55 mil pesos que el dueño declaró que había al momento del robo, en contradicción con los “más de 100 mil” que reclamaba el chofer.
Hay un dato que en Fiscalía no pasará desapercibido y que será parte de las líneas de investigación: el viernes por la noche, un operativo de la DDA detuvo a una persona vinculada a una causa por venta de drogas. Tiene el mismo apellido que un empleado de la empresa Río Tala y, en conversaciones con sus captores, recordó que él, su primo, Pablo Morel y Nazareno Branto “se criaron juntos”.
Manso dijo que solicitará los registros de llamadas de empleados de la distribuidora. De la misma manera, debería analizar la posibilidad de allanarles las viviendas y de secuestrarles los teléfonos. En la compañía, además del chofer y su acompañante, hay otros eslabones del funcionamiento administrativo que sabían qué ruta haría y qué dinero tendría disponible ese camión aquel día. “En un caso de estos, el que entrega el camión tiene tanta responsabilidad como el que disparó el arma que mató”, consideraron en el Ministerio Público Fiscal.
“Hay medidas en marcha”, dijo Manso ayer. En Fiscalía, tras la detención de Branto Ayala, se abocaron a la engorrosa tarea burocrática de reunir los elementos que van a peritajes balísiticos y de ADN, entre otros. Cada cosa en su sobre, con su rótulo, su número y su lugar en el folio correspondiente. Después de todo, nunca falta el Juez que detenga movimientos procesales porque hay una página mal foliada.
Al Juzgado de ejecución penal N° 1 de San Isidro le corresponde emitir los informes de reincidencia de Roberto Gerardo “Tito” o “el Zurdo” Branto Ayala, quien tras ser apresado en 2004 luego de un largo tiempo prófugo había sido condenado hasta 2028, aunque le habían conmutado la pena para que saliera en libertad condicionada en agosto próximo, luego de atravesar un período de adaptación con salidas transitorias que violó al no regresar al penal de Ezeiza en octubre pasado.