La industria de los juicios por accidente

Los abogados José Blanco y Emilio Viladomat quedaron en medio de una polémica desatada por José Mauricio Vega, que fue denunciado por habitar una casa que otra persona reclama como propia y que esos profesionales habrían abonado a favor suyo en el marco de un arreglo extrajudicial a raíz de un accidente de tránsito.
De la misma manera, y tras la aparición pública del caso, una mujer de Baradero relató cómo los mismos abogados le pagaron una suma bastante menor que lo que ellos habrían acordado con una compañía de seguros tras otro accidente en la vía pública.
Ambos casos pusieron de manifiesto un viejo debate sobre lo que intramuros de las compañías aseguradoras llaman la “industria del juicio”, a través de la que los profesionales del derecho obtienen cuantiosos dividendos producto de seguir hasta las últimas consecuencias situaciones que terminan resolviéndose a favor del damnificado, aunque sólo en términos formales, ya que el monto real parece nunca llegar a los bolsillos de quienes corresponde.

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Caso testigo
José Mauricio Vega, 32 años, sufrió un accidente de tránsito en 2008, cuando circulaba con su ciclomotor 50 cc., herramienta de trabajo con la que vende artículos de limpieza de manera ambulante, lo que constituye su sustento diario, y fue atropellado por una camioneta.
Producto de ese accidente, estuvo internado en el Hospital local y sufrió fractura de tibia y peroné, por lo que tuvo que estar en tratamiento y hasta le colocaron clavos ortopédicos, tras varias operaciones, lo que según el médico forense José Dubini le demandaría más de un mes de recuperación.
De allí surgió la instrucción de una causa caratulada lesiones culposas contra Néstor Rodríguez, quien conducía la camioneta que atropelló a Vega. Todo seguía su curso normal hasta la aparición de los abogados Viladomat y Blanco que ofrecieron sus servicios al joven, quien aceptó el inicio del patrocinio de los letrados.
Esto es así al punto de que firmó un “poder general judicial” en nombre de ambos profesionales, para que lleven adelante su caso, pero también para “cobrar, percibir y otorgar recibos y cartas de pago”. “Firmó” es casi un eufemismo, teniendo en cuenta que Vega señaló que no sabe leer ni escribir, aunque reconoció que sabe poner su nombre.
El joven tramita una pensión por incapacidad, aunque no sólo por su pierna sino también porque padece cierto grado de disminución mental, que evidencia su dificultad para hilvanar su relato. “Estoy haciendo la gestión para la pensión de discapacidad, de la cabeza”, dijo.
El hombre no quiso cerrar acuerdo extrajudicial con la compañía aseguradora del conductor de la camioneta: “El que me atropelló quiso llegar a un acuerdo con el seguro, pero yo le dije que no, porque el abogado me lavó la cabeza”, sostuvo.
Finalmente, Vega recibió como “indemnización” una vivienda ubicada en el barrio San Miguel, conocido como “las 150”, es decir una casa de planes habitacionales del Estado, que no pueden ser comercializadas y que por otra parte no tiene escritura alguna.
Esa casa tiene una beneficiaria a la que La Opinión no pudo llegar, ya que ha pasado por diversas manos hasta quedar en posesión de Vega, en nombre de quien José Blanco habría firmado un boleto de compra venta por 25 mil pesos a favor de Laura Soledad Cáceres, quien habitaba esa vivienda.
“Cuando fuimos a comprar la casa, Blanco se hizo pasar como el marido de mi esposa”, dijo Vega y agregó: “Blanco compró la casa, la pagó adelante mío. La plata la manejó él”.
Vega ahora fue denunciado por Sergio Posadas, ex pareja de Cáceres y quien pagó a través de un boleto de compra venta a Juan Ramón Martínez, hace aproximadamente un año.
Todo salió a la luz porque Cáceres denunció que estando ausente de la ciudad por motivos de trabajo, su pareja vendió la vivienda a Vega y su esposa, además de otros bienes que allí tenía.
Con esa casa, Vega habría cobrado el resultado del expediente 104.292 del Tribunal Civil y Comercial 1 de San Nicolás, iniciado el 8 de marzo de 2010, por el que no hay sentencia. Ello significa que si hubo dinero en este caso, no salió del juicio. Lo probable es que, como en tantos otros casos similares, haya habido un acuerdo extrajudicial realizado entre el abogado y la compañía.
“Blanco me daba 100 pesos, como yo no tenía para comer, los agarraba”, contó el joven, quien indicó que el abogado “tiene todos los papeles de la casa donde estoy viviendo yo, se los pedí por teléfono y me dijo que no”. Consultado por La Opinión, el abogado José Blanco no quiso ofrecer declaraciones. Sólo señaló: “El inmueble lo consiguieron ellos, yo lo único que hice fue controlar la documentación, esas casas no se pueden vender, se ceden los derechos, yo lo que hice fue controlar que estuviese en condiciones” y aseguró: “Yo tengo todo en regla, tengo toda la tranquilidad, he hecho todo como corresponde”.
Lo que, desde el punto de vista formal, es cierto: Vega firmó el documento en la Escribanía Simón que le da a Blanco el poder absoluto para hacer y deshacer en su nombre. El resto parece no ser más que una cuestión de fe, donde se pone en juego la palabra de dos profesionales contrastada con la de un pobre muchacho discapacitado mental que vende productos de limpieza en la vía pública y que por otra parte deberá afrontar una denuncia de parte del abogado, que dijo a este semanario que iniciará acciones en contra de Vega por haber agraviado su buen nombre. El joven denunció en Fiscalía lo mismo que relató a La Opinión.

Otro caso,
mismos nombres
María Inés Benítez vive en Baradero. El 23 de diciembre circulaba en moto junto a otro joven y sufrieron un accidente. Fueron atropellados por Juan Manuel García, que circulaba en un Volkswagen Gol Country. Según las pericias y los testigos, García, por entonces menor de edad, al encontrarse con la situación de impacto soltó el volante y se tapó los ojos, como acto reflejo, lo que produjo que el resultado fuera peor aún.
Benítez quedó con diversas lesiones, entre ellas una pierna semi amputada, producto de desplazamiento del platillo tibial, laceración del tendón rotuliano, entre otras cosas, lo que le provocó una discapacidad del 82 por ciento por la que ahora recibe una pensión.
Como si fuera poco, es paciente oncológico y en el momento del accidente debía afrontar un costoso tratamiento en México. “Este señor Blanco vino, que me iba a ayudar, me daba dinero cuando necesitaba, para pagar la luz, el gas y cosas así”, relató la mujer a La Opinión y señaló: “Me dio 2.000 pesos en un año y medio, más o menos”, mientras se hacía cargo de su caso como profesional.
Para ello, Benítez tuvo que firmar un poder en la misma escribanía que Vega. “Fui a San Pedro, a las 9 de la noche, a la Escribanía Simón, me empezaron a leer una hora y media de cinco o seis planillas, no las volví a leer, al otro día me llevó el dinero”, relató.
La baraderense no quería hacer juicio contra la familia que la atropelló, sino que se conformaba con el correspondiente acuerdo extrajudicial con la compañía La Segunda, aseguradora del automóvil. En efecto, Blanco “un día me dijo que había llegado a un acuerdo por 23 mil pesos, que acepté porque me alcanzaba para el tratamiento” de su enfermedad.
Al otro día de firmar en la escribanía recibió el dinero: “Se me descontó el 21 por ciento para los honorarios del abogado, más los 2.000 pesos que me había dado. Me quedó un neto de 19 mil pesos”, indicó.
A su regreso de México, charlando con familiares sobre el tema, le insinuaron que el monto era bastante menor de lo que se suele cobrar por casos como esl suyo. Así, fue a la aseguradora a consultar. Allí le informaron que Blanco había iniciado un juicio por 350.000 pesos.
Benítez consultó a otros abogados y supo que lo que firmó en la escribanía Simón era “vender los derechos del juicio por 23 mil pesos” y consideró: “En realidad me estafó, él y Simón, me dijeron que era un acuerdo y era todo mentira”. Benítez nunca averiguó si cobraron en su nombre. Desde La Segunda de Baradero, la productora Graciela Castillo informó a La Opinión que “ese caso está cerrado, se retiró el juicio y hubo un arreglo extrajudicial, la compañía no autoriza a dar a conocer el monto”. La damnificada perdió su casa por el tratamiento y según relató fue convencida por la historia de vida del abogado. “El me contaba que antes hacían hamburguesas de soja, que iba a recolectar soja del puerto para hacerlas, para mantener a sus hijos, que eran humildes y trabajadores y que a los 50 años recién se recibió, con mucho esfuerzo”. Del juicio por 350.000 pesos iniciado, en el acuerdo extrajudicial Blanco no pudo haber cobrado menos de 40 ó 50.000 pesos. Sobre este caso, el abogado sólo dijo a este semanario: “De eso no sé absolutamente nada”. El que calla, otorga. “El poderoso manda”; y no es el único en pararse en la puerta del hospital público para lucrar con la desgracia ajena.

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