La historia del barrio tipo Nordelta que una empresa planificó en Vuelta de Obligado

El crecimiento del capitalismo industrial en el mundo vivió un fenómeno de migración desde la ciudad al campo. La fase actual de globalización y modernidad tardía, que dio por tierra con la división tiempo de trabajo/tiempo de ocio, instaló un imaginario radicalmente distinto: hay que huir de la urbanidad, llegar en poco tiempo al campo, que es el country, el lugar seguro donde el Otro no amenaza. La proliferación de los barrios cerrados da cuentas de ello en el conurbano pero también más acá.

Mientras en Rosario una ordenanza los prohibió, en San Pedro hay tibios proyectos que tienden a ello. En Vuelta de Obligado, algunos años después de la llegada de Max Higgins en su helicóptero para anunciar un Disney que nunca fue pero que hizo explotar el mercado inmobiliario, otros como él, de sobrada experiencia en especulación y negocios, vinieron a buscar unas 90 hectáreas para diseñar un country náutico al estilo de los de Nordelta o el fallido y judicializado Colony Park.

Es decir: un barrio cerrado, con construcciones en un bañado, con vías internas para que circulen lanchas, amarras, vigilancia privada y acceso directo al Paraná en una zona privilegiada que tiene en su haber la marca de la historia por haber sido escenario de la batalla clave para la defensa de la Soberanía nacional luego de la Guerra de la Independencia.

Allí donde duele el río
A la izquierda de la bajada de los pescadores que Cristina les prometió a los habitantes de Vuelta de Obligado y que el Gobierno de Guacone nunca pudo cumplir a pesar de haber recibido el dinero están las hectáreas en cuestión. Un lugar soñado. Tanto que hay quienes consideran que ese es el sitio ideal para el desarrollo de una playa pública que permita el acceso al río a locales y turistas.

La condición de Pueblo Turístico que le otorgó a Obligado el Estado provincial permitiría soñar esas y tantas otras ideas para que el patrimonio público sea aprovechado en beneficio de los pobladores y visitantes que cada fin de semana hacen de ese un punto de atracción insoslayable.

Sin embargo, la propuesta más importante vino de un grupo privado. Empresarios que tienen un particular olfato para los negocios redituables con lo que es de todos y todas. Allí, a la izquierda de esa bajada de los pescadores, expertos en el desarrollo de barrios cerrados, con fuertes vinculaciones políticas en ministerios nacionales y provinciales, proyectaron un country náutico.

El plan era dragar –utilizar las dragas públicas, como han hecho otras veces mientras puertos como el sampedrino esperan–, reconvertir esas 90 hectáreas en 140, para diseñar allí un barrio como los de Nordelta. El número de hectáreas es sorprendente: es similar al de la zona urbanizada en Santa Lucía, donde habitan alrededor de 3 mil personas.

Visitas guiadas
Los arquitectos que visitaron al menos al exintendente Pablo Guacone y su exsecretario de Gobierno tenían todo diseñado. Con ellos solía venir uno de los empresarios, que siempre llegaba caminando, sin que nadie pudiera ver dónde dejaba el auto ni de qué tipo de vehículo se trataba. En sus manos, anillos de oro; en sus pies, zapatos italianos; en su sonrisa, el gesto de quien todo lo puede.

En sus diálogos se refería a ministros que toman las decisiones más importantes del desarrollo nacional y provincial por su nombre de pila y hasta en diminutivo. Algo similar a lo que hacía Guacone, a quien le gustaba decirle “Julito” a De Vido u “Oscarcito” a Parrilli.

Para este empresario y sus adláteres, el multimillonario proyecto de inversión –se hablaba de cientos de millones de dólares– iba a cambiar para siempre a San Pedro y la región. Pedían la cesión gratuita de las tierras, nada menos, lo que el Municipio debía tramitar en Provincia para sí y luego habilitarlo a los inversores.

A cambio, ofrecían un equipo de arquitectos para diseñar el recurrente sueño guaconista de un parque industrial. A la luz de lo que pudo reconstruir La Opinión de aquellas reuniones,  no era tan descabellada la insistencia del exjefe comunal, que repetía sin cesar que no se iría sin dejar un proyecto de radicación de pequeñas y medianas industrias. Por lo visto, un horizonte firme tenía, ya que los contactos a los que hacían referencia los inversores en las reuniones eran siempre de primer nivel y de línea directa.

El terreno donde sería diseñado ese parque industrial era el municipal de alrededor de 50 hectáreas que hasta no hace mucho el Estado local le arrendaba a César Mascetti en la zona de Río Tala para la producción de soja y que ahora explota mediante el mismo tipo de contrato otro productor local.

Un desastre ambiental
Quienes conocen la zona aseguran que el proyecto hubiese tenido sobre Vuelta de Obligado consecuencias similares al tristemente famoso Colony Park, que rellenó arroyos y destruyó la zona del Delta frente a las costas de San Fernando, en jurisdicción del partido de Tigre, que implicó una causa penal con funcionarios municipales, provinciales y nacionales imputados junto a un grupo empresario por daño agravado contra el patrimonio público.

Como ese caso, la tarea de dragado, terraplenado y endicamiento sería desarrollada en un humedal protegido por leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales, que cambiaría la fisonomía de ese paisaje natural para siempre y para beneficio de unos pocos privilegiados.

En las reuniones que se desarrollaron tanto en San Pedro como en otras ciudades del país y hasta en Punta del Este, donde al menos dos funcionarios sampedrinos habrían cenado con los empresarios en lugares de lujo, nunca se hizo referencia a la situación ambiental. Todo indica que allí no se hablaría de otra cosa que no fuera de dinero. Del bien habido y del no tanto.

La traza de rutas náuticas implicaba que una draga quitara sedimento para darle profundidad al cauce y a su vez rellenar con ello los espacios destinados a las viviendas, distribuidas en grandes extensiones con precios cercanos a los 200 mil dólares la hectárea.

Promesas de obras
Para alivianar el impacto que pudiera ejercer sobre sus interlocutores el relato de la apertura de esas rutas náuticas, los empresarios hablaban de obra pública en beneficio de la comunidad: les prometían a los funcionarios la pavimentación del camino que lleva desde Vuelta de Obligado a Gobernador Castro y desde allí a la Ruta 9, para que ese se transformara en el acceso preferido para los futuros habitantes del barrio cerrado.

Algunas veces la relación se ponía ríspida. Al empresario de los anillos de oro no le gustaba la actitud de Guacone, que varias veces lo hizo esperar hasta atenderlo. Aseguran que se desvivía en disculpas, pero que nunca alcanzaban.

Entre las promesas a cambio de la cesión de las tierras había obras como la construcción de un edificio para la futura Delegación de Vuelta de Obligado y hasta habrían hablado de un hospital, teniendo en cuenta que pensaban en un crecimiento demográfico que podría duplicar o triplicar la cantidad de habitantes del pueblo.

Fuentes relacionadas con la negociación que trabajaron en el vínculo entre los empresarios y los funcionarios calificaron al proyecto como “un gran curro, un negocio inmobiliario grosso”. La descripción que hicieron a La Opinión contenía frases de este tipo: “Tenían todo negociado en otros ámbitos, bien arriba. ¿Por qué te pensás que ofrecían obras que sólo las puede llevar adelante el Estado, ya sea provincial o nacional?”.

No pudo ser
“Son lobbystas y tienen muy aceitado todo el entramado político. No dan puntada sin hilo. Lo que ofrecían lo iban a hacer”, le dijeron a este semanario las mismas fuentes, que hoy trabajan para otros proyectos de algunos de los que estaban vinculados a este.

Esas mismas personas relataron por qué, finalmente, no pudo ser. Aseguraron que la negociación estaba trabada. Que de los dos que más participaban había uno que “no entendía la mano” y otro que “quería sacar tajada propia, sin consultar”. Hasta los calificaron de “improvisados” y de “jugar a la política”.

La relación se empezó a enfriar mientras los medios nacionales comenzaron a reflejar, casi diez años después del puntapié inicial, el problema de Colony Park en la primera sección del Delta. Había demasiado ruido mediático e involucraba al poder político y económico. No era conveniente seguir. Lo dejarían para más adelante.

Desde entonces pasaron casi dos años. El gabinete cambió y el intendente de entonces renunció. En el Municipio no hay un solo expediente que dé cuentas de estas negociaciones y de las intenciones del grupo inversor. Tampoco hay registros en las computadoras de la Secretaría de Gobierno, que al ser reiniciadas el día que llegó Cheyllada mostraron el mensaje “¿quiere reinstalar Windows?”.

Al señor de los anillos de oro se lo vio otras veces por San Pedro. En varias de esas oportunidades dijo, entre divertido y enojado, que este no era un buen lugar para hacer negocios. Por suerte. Al  menos para la salud ambiental del tesoro natural de Vuelta de Obligado.