La hipocresía de las "políticas de cuidado": cuando el sistema educativo elige callar, desviar y revictimizar
Frente a la denuncia penal por abuso sexual y lesiones contra una niña de 10 años en los sanitarios de la Escuela Primaria N° 7, la respuesta oficial fue el comunicado vacío, la propuesta de cambiar de turno a la víctima y la posterior golpiza sufrida por su madre en la puerta del establecimiento. Un análisis editorial sobre el desamparo institucional, el eufemismo burocrático y la precariedad en la que quedan las familias.
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-Nota editorial: Lilí Berardi
Hay momentos en los que la distancia entre el discurso oficial de las autoridades educativas y la realidad despiadada que atraviesan las escuelas públicas se vuelve insoportable. Precisamente el mismo día en el que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil lleva desde hoy un estigma para la sociedad sampedrina.
Lo ocurrido en los últimos días en torno a la Escuela Primaria N° 7 deja al desnudo el mecanismo perverso de un sistema que prioriza el temor a las sanciones administrativas por sobre la integridad de los alumnos y la contención de sus familias. ¿Es la sumisión a las reglas la que impone el calvario que se desata puertas adentro y afuera de los establecimientos cuando hay problemas gravísimos de violencia y conductas que se asemejan a las que se viven a los tiros en los barrios?
En este caso los hechos documentados en la Justicia son concretos y han podido ser objetados más que en el ámbito de las redes sociales o los mensajes de grupos de whatsapp. El viernes 13 de noviembre, durante el segundo recreo en el turno mañana, una niña de 10 años fue interceptada, golpeada e introducida por la fuerza en el baño por tres compañeros —de 10 y 11 años—, quienes la manosearon por encima de la ropa y la amenazaron verbalmente con introducirle un pene en la boca hasta que la irrupción de otra compañera y el aviso a la docente interrumpieron el ataque. Ese viernes fue una tortura para la familia pero no para los adultos y responsables de denunciar la situación que sabían que no ofrecía dudas.
Al día siguiente, sábado 14, la madre radicó la denuncia formal en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, caratulada como abuso sexual, con intervención de la UFI N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Nicolás a cargo del fiscal José María Guadagnoli, acompañando el certificado médico de la guardia del Hospital local que constató lesiones en el brazo izquierdo de la menor. No pasó nada.
Frente a un expediente penal de semejante gravedad, la respuesta de la conducción escolar y de la Inspección de Enseñanza – Jefatura Distrital San Pedro transitó el camino de la dilación, la degradación de la conducta de la niña y su revictimización. En lugar de garantizar la permanencia de la víctima damnificada en su ámbito habitual, el planteo institucional propuso cambiar de turno a la alumna abusada. Trasladar el problema equivale a castigar a quien sufrió el ataque y convalidar la impunidad dentro del establecimiento. Para los victimarios también hay un problema grave, porque sus progenitores solo recibieron los mensajes de la escuela como “un problema” que no podían resolver a menos que decidan por voluntad propia cambiar a los chicos de establecimiento. Así de simple: llevar el problema o los problemas a otra parte y sobre todo silenciar a quienes puedan reclamar. “Lo que pasa en la escuela, queda en la escuela”, se le escuchó decir a una de las responsables del establecimiento.
La secuencia del lunes 16 de noviembre terminó de desnudar la ausencia total de protocolos de protección “de las niñeces” como se dice ahora para morigerar el lenguaje y no los hechos. Convocada por la dirección de la escuela a las 8:00 de la mañana bajo la promesa de una reunión con directivos y un inspector de que finalmente no estaba presente, la madre acudió al establecimiento. Al retirarse, en la misma puerta de la institución y sin intervención del personal directivo para frenar la agresión, fue insultada y golpeada a puñetazos y tirada al suelo por familiares de los menores denunciados. El papá de la niña víctima fue trasladado a la Comisaría y allí permaneció hasta que se dieron cuenta de que su situación no era la de una persona que llegó para pelear. El resultado fue una segunda denuncia penal por lesiones leves con intervención de la Fiscalía de la Dra. María del Valle Viviani y un nuevo paso por la guardia hospitalaria por escoriaciones en el rostro y el cuello.
Mientras la madre acumulaba reproches, certificados médicos, trámites y citaciones judiciales, el sistema educativo remitía dos mensajes dirigidos a la comunidad que retratan la desconexión con el dolor ajeno. Otra vez y como sucedió en la escuela N° 1 cuando una madre empujó en la escalera a una docente o del mismo modo en que se ocultó lo sucedido en la Escuela Normal con dos casos graves de violencia física y verbal entre alumnas, todo quedó sepultado en los expedientes administrativos que ni el propio gobierno de la provincia está dispuesto a analizar. Las directivas son similares a las que utilizan con la policía: no reportar los hechos que ocurren y dar a publicidad sólo los que se esclarecen.
En el único comunicado formal, firmado por el Equipo de Conducción de la E.P. N° 7 y la Jefatura Distrital, hablaron de "llevar tranquilidad", "promover la resolución dialogada de los conflictos" y "resguardar la intimidad y confidencialidad de las infancias involucradas". Invocar el "diálogo" ante una denuncia penal por abuso sexual y violencia física no es prudencia institucional: es negación lisa y llana. De allí en más culpar a la familia de la víctima, condenar sus conductas y banalizar la situación de otras dos hermanas que concurren al establecimiento hubo un solo paso.
El mensaje aleccionador llegó tras la convocatoria de familias a movilizarse para reclamar respuestas. Las autoridades dispusieron el retiro anticipado de los alumnos para desactivar la concentración en la puerta de la escuela y luego enviaron una nota celebratoria a los padres: "Gracias familias por comprometerse en el retiro anticipado e ingreso tardío acompañando las políticas de cuidado. Equipo Directivo".
Llamar "políticas de cuidado" a vaciar la escuela para esquivar una protesta ciudadana resume la hipocresía con la que se administran las crisis y se condimenta el lenguaje.
Hoy, la realidad es concreta. Hay una niña que no va a la escuela como si ya hubiese sido condenada y mientras desde las dependencias escolares buscan alguna alternativa para que el elenco no quede mal parado, la madre de la víctima resume en un mensaje privado la derrota del derecho a la educación pública: "¿Usted puede creer que voy a tener que hacer que mis niños no puedan ir más a la escuela? Una lástima porque la directora ni siquiera me manda a avisar que mis niños pueden seguir yendo".
Cuando una madre tiene que sacar a sus hijos de la escuela para protegerlos y ni siquiera recibe las tareas para que no pierdan el año, el sistema educativo no está aplicando ninguna política de cuidado: está expulsando a las víctimas para proteger su propia estructura.

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