La fiscalía investiga el robo de tosca
El concejal Larraburo viajará a San Nicolás para ratificar su denuncia contra la firma Agu-Fran, que extraía tosca de terrenos municipales. La semana pasada, el bloque alertó sobre la adjudicación del mantenimiento del basural a la misma empresa, aunque bajo la denominación Solieri, que es el apellido del responsable. Para Obras Públicas no hay infracción, porque no se ha comprobado todavía ningún delito.
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Mañana el concejal justicialista Benito Larraburo, viajará a San Nicolás y se presentará a las 10 en la fiscalía del Dr. Ariel Omar Tempo para declarar o ampliar la denuncia que presentara hace unos meses, sobre la extracción supuestamente ilegal de tosca en terrenos de la municipalidad por parte de una empresa cuyos responsables tendrían vinculación con funcionarios municipales.
El paso será importante para definir si a partir de esta denuncia la justicia entiende que se cometió un delito que justifique el inicio de una causa penal, porque por el momento sólo se labraron actuaciones.
Y permitirá también al bloque justicialista, seguir adelante con otro reclamo íntimamente relacionado a éste que se inició la semana pasada, cuando se conoció el resultado de la licitación del mantenimiento del basural, resultando ganadora la misma firma que se dedicaba a la extracción de tosca bajo otra razón social.
La firma en cuestión es Agus – Fran, una sociedad en la que figura como responsable Edgardo Aníbal Solieri, con domicilio en Colón 520 y quien ahora habría obtenido el mantenimiento del basural. Lo llamativo es que bajo la denominación Agu – Fran, la firma que estaba inscripta en la AFIP dentro de la actividad “Movimiento de suelo y preparación de terreno para obra y servicios agrícolas”, fue dada de baja hace un tiempo.
Los justicialistas no son los únicos que están molestos con el resultado de las licitaciones en torno a servicios como el del mantenimiento del basural, sino que también las otras empresas oferentes elevaron en otra oportunidad su queja cuando en el anterior período la firma Canestrari resultó adjudicataria. En este caso, reclamaban un vínculo familiar entre la empresa y uno de los funcionarios municipales que luego quedó zanjado porque el mismo funcionario se excusó de participar en las decisiones de esa licitación. Ahora, el mismo problema se enfoca a la firma de Solieri porque se considera irregular que una empresa que fue cuestionada por una actividad relacionada con la municipalidad, pueda presentarse y ganar una licitación para realizar otra tarea.
Para la Secretaría de Obras Públicas, tales irregularidades no existirían porque mientras la justicia no se expida, no hay ningún delito comprobado y el municipio no podría intervenir de ninguna manera.
En medio de la campaña política, la denuncia siembra una polémica alentada desde lo partidario pero quienes están por fuera y sólo aspiran a trabajar en forma decente brindando un servicio tanto para el municipio o el ámbito privado, exigen al menos explicaciones sobre tantas dudas.
