La Federal pesca sin anzuelo y para moscas
Decomisaron 800 kilos de pescado en la zona del puerto. En un procedimiento poco habitual, un conocido pescador sampedrino y un distribuidor de Ramallo fueron demorados. La carga alimentó moscas en un basural nicoleño. La curiosidad se despierta en los organismos que se mencionan como intervinientes sin que sus responsables estén enterados.
En Semana Santa el pescado cobra un protagonismo que no suele tener en otras épocas del año. En San Pedro tuvo una visibilidad aún Mayor cuando el Miércoles de la semana pasada se decomisaron en la zona del puerto local nada menos que 800 kilos que acababan de llegar de las aguas y estaban a punto de ser transportados en dos camionetas.
El operativo estuvo a cargo de Policía Federal de San Nicolás, con intervención de Bromatología de esa ciudad y de SENASA de Ramallo. Fueron demorados dos pescadores sampedrinos y un distribuidor de Ramallo con portación de apellido que reporta a vínculos políticos.
En esta crónica nada está claro y para colmo de males “el pescado sin vender”.
Pescados por la Federal
El Miércoles pasado, cerca de las 9.30 de la mañana, Carlos Sánchez, pescador sampedrino propietario del conocido punto de venta “La boga verde”, se aprestaba a depositar el resultado de 48 horas de pesca junto a cuatro familiares: 800 kilos de pescado, unas 400 piezas, entre sábalos y bogas.
Su labor era la usual, levantar el pescado desde el río hasta las cámaras de frío de su negocio, ubicado a unos 300 metros del lugar de descarga. El traslado se hacía en una camioneta Chevrolet sin cúpula que le facilitó un amigo. Además, se proponían cargar una parte para un distribuidor de Ramallo, Guilermo Romá, —hermano de Sergio, Concejal de esa ciudad, y del ex vicegobernador de Duhalde, ex Senador y actual embajador en Paraguay Rafael “Balito” Romá— quien cuenta con un furgón con cámara de frío, habilitado para la actividad.
Abocados a esa tarea, fueron sorprendidos por tres agentes de Brigada de Policía Federal, quienes procedieron a decomisar la carga, aduciendo mal estado de salubridad, producto de la ruptura de la cadena de frío, declarando ellos mismos el volumen total como “no apto para consumo humano”. De allí, Carlos Sánchez, su compañero de apellido Cáceres, Romá y las dos camionetas fueron transportados hasta La Serena, donde tomó intervención el Comisario Hugo Ahuli de Policía Federal de San Nicolás. En ese lugar se labraron las actas correspondientes y se trasladó a los demorados junto a la carga en sus propias camionetas.
En San Nicolás, estacionaron los vehículos afuera de la sede de la Federal, donde la carga comenzó a perfumar el céntrico barrio nicoleño. Sobre las 17.00 Hs., los pescados fueron contados, pesados y destruidos por personal del Ente de tratamiento de residuos domiciliarios, ENTRE y Bromatología San Nicolás, cuyo jefe de servicio, Juan Carlos Citerroni fue convocado a las 15.30 Hs. para verificar el estado de la carga. Las bogas y sábalos fueron declarados en mal estado y posteriormente depositados en un basural nicoleño.
Sánchez y Cáceres ya estaban en San Pedro desde el mediodía, libres y despedidos con un “está todo bien” por parte de la policía. “Todo bien para ellos —dijo Sánchez—, pero a mí quién me devuelve el pescado; eso para nosotros representaba unos 5000 ó 6000 pesos”. Ellos dos fueron los únicos pescadores objeto del procedimiento, ante la mirada sorprendida de decenas de compañeros que se dedican a la misma actividad en el bajo puerto.
Guillermo Romá también se mostró extrañado, aunque aclaró: “Yo sé que estaba en infracción, porque de mi parte debería llevar cajones para estibar la carga, pero llevaba mucho hielo para los pescadores, no iba a cargar más que 60 piezas, por lo que no llevé los cajones y me comí el garrón, pero no tengo nada para decir, yo estaba en infracción”.
De procedimientos y formalidades
El comisario de Policía Federal Hugo Ahualli, consultado por La Opinión, relató: “Este fue un procedimiento habitual, como otros que venimos haciendo. Tenemos jurisdicción sobre toda la zona y sabíamos que en esta fecha iba a haber una buena descarga”. Ante la pregunta sobre la existencia de una denuncia que disparara el procedimiento, Ahualli dijo que no había denuncia de ningún tipo e insistió con lo “habitual” del operativo.
Sin embargo, el parte preventivo girado por Policía Federal a Fiscalía del Dr. Murray, con fecha del 8 de Abril, ingresado a las 14.48 Hs., comunica la aprehensión de Sánchez, Cáceres y Romá, bajo el artículo 184, inciso 8 del Código Procesal Penal, que habla de “presuntos culpables del caso” – lo que indica que se presume la existencia de un delito penal-, secuestrando “una cantidad importante” de pescado que se descargaba del río a las camionetas.
El parte informa que se solicitó la intervención de Aduana San Nicolás, lo que indica que el delito que Policía Federal presume es el de contrabando. La embarcación a la que se aborda bien podría estar trayendo bacalao de Noruega, quién sabe. Luego de comprobar que la carga correspondía a sábalos y bogas, peces autóctonos, la presunción de delito penal quedaba sin efecto.
Ni el comisario Ahualli, ni Esteban, uno de los policías que participó del procedimiento y también fue entrevistado por La Opinión, dijeron nada sobre presunción de contrabando, insistiendo en lo “usual” del operativo. El Fiscal Murray, consultado sobre el caso, consideró que “es toda una novedad que Policía Federal haga trabajo de SENASA o Bromatología”, y señaló que en caso de que hubiere presunción de otro delito deberían haberlo comunicado, pues el parte apenas dice que se le pidió intervención a Aduana, pero no habla de delito a comprobar.
En Bromatología de San Pedro se sorprendieron de la noticia, puesto que se supone que deben ser ellos quienes participen en ese tipo de cuestiones, aunque sólo como apoyo, ya que Dirección de Bromatología no tiene injerencia en la pesca artesanal, regulada por la ley provincial cuyo organismo ejecutor es la Dirección de Pesca del Ministerio de Asuntos Agrarios Provincial.
En Fiscalía aún aguardan las actas de procedimiento y la declaración de los testigos civiles. Sánchez asegura que no hubo declaraciones testimoniales levantadas por la policía. Ahualli dijo que SENASA San Nicolás tuvo participación y labró un acta, pero en esa dependencia la única autorizada para intervenir asegura haberse enterado del caso por los diarios. La dependencia de SENASA que actuó es la de Ramallo, aunque bien podría haber participado la de San Pedro.
Sánchez se preguntaba por qué sólo él fue objeto del procedimiento, habiendo otros pescadores haciendo el mismo trabajo. “Sabíamos que iba a haber una buena descarga, pero no pensamos que sería tan importante, había unas 20 camionetas, no podíamos con todo. Tomamos como objetivo las primeras que hallamos en plena carga”, declaró Ahualli. Si consideraban verosímil la existencia de delito, podrían haber llamado a Policía de la Provincia, o al menos a Bromatología local y, por supuesto, comunicar en el parte esa presunción, como bien dice el artículo 186 del Código Procesal.
El procedimiento levanta sospechas sobre los objetivos que podrían tener este tipo de operativos y como mínimo emula atropellos que en otros tiempos eran una costumbre policial.
Artesanos de la ribera
La actividad pesquera local se encuadra en el concepto de Pesca artesanal, que se define como “una actividad extensiva, de pequeña escala, ejercida directamente por los pescadores, con artes de pesca selectivos. A su dimensión económica se agrega su dimensión social, ya que sostiene el empleo y la calidad de vida de millones de integrantes de las comunidades costeras. Ello a su vez la constituye en un hecho cultural, que determina el modo de vida de sus participantes”.
Esta actividad constituye un rasgo identitario de los sampedrinos. Cientos de familias viven desde tiempos inmemoriales de una actividad que, es cierto, tiene importantes rasgos de informalidad, pero cuya posibilidad de ingresar al sistema tributario está en manos de las autoridades que debieran acercar, por ejemplo, la información publicada al respecto por la Dirección de Pesca del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia el mes pasado, con los beneficios y facilidades para acceder a la formalidad.
La pesca artesanal está regulada, junto con la comercial y la deportiva, por la ley 11.477, reglamentada por el decreto 3237, firmado por el ex gobernador Eduardo Duhalde en 1995. Respecto de almacenamiento y descarga, la ley habla de la autorización para el trabajo de embarcaciones que no poseen mantenimiento por frío y del transporte de la carga hacia cortas distancias, previendo casos como el que nos ocupa.
Semana Santa es una época muy importante para los pescadores artesanales locales. El aumento de la demanda de pescados posibilita comercializar en una escala que supera ampliamente la media del año, lo que significa para los habitantes de la costa que viven de la actividad un ingreso relativo interesante. Claro que de los precios que pueden observarse en pescaderías y supermercados —el kilo de boga a 16 pesos, por ejemplo— superan ampliamente el precio de $1,50 que reciben los pescadores por kilo.