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    La familia Giustozzi asegura que “hay un componente político” en las inspecciones que detectaron trabajo en negro

    Además de la situación irregular detectada en el galpón de empaque de la empresa Inedexa S. A. que reveló La Opinión, el allanamiento que hizo hace más de diez días el Ministerio de Trabajo encontró 49 trabajadores no registrados en el establecimiento San Ignacio y en condiciones que no eran las mejores, de acuerdo a lo que señala la ley. Al campo de arándanos llegaron por una denuncia por trabajo esclavo que no pudieron certificar. Apuntan a un sindicalista.

    23 de noviembre de 2016 | 17:49
    La familia Giustozzi asegura que “hay un componente político” en las inspecciones que detectaron trabajo en negro

    Esta semana La Opinión reveló en su página web la situación de alrededor de 70 trabajadoras del galpón de empaque de la empresa Indexa S. A., productora y embaladora de arándanos para la exportación cuyos titulares son el diputado Darío Giustozzi y su familia, quienes se quedaron sin trabajo de un día para el otro.

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    Las empleadas enviaron un telegrama para solicitar el pago de los días caídos desde que la empresa decidió la suspensión de actividades hasta nuevo aviso, luego de una inspección del Ministerio de Trabajo, el Renatea y los sindicatos Uatre y Seda, que detectó alrededor de 70 empleadas no registradas en el galpón de empaque.

    Desde la empresa aseguraron que la cancelación de tareas obedece a las condiciones de mercado y la depreciación de la fruta, pero que esperan reabrir antes del fin de la campaña.

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    Las condiciones habitacionales
    La inspección fue mucho más que eso. Hubo un allanamiento, con intervención judicial y policial, que garantizó el ingreso del personal del Ministerio de Trabajo, porque antes el encargado había impedido que pasaran al campo.

    Las autoridades tenían una denuncia anónima sobre presunto trabajo esclavo, reducción a la servidumbre, trata de personas y presencia de menores de edad en el campo del Diputado Giustozzi y su familia, lo que implicaba la necesidad de entrar sí o sí a establecer qué había dentro de la finca.

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    Si bien lo que hallaron no encuadra en la tipificación penal de la denuncia, sí hay un acta administrativa que implica la intervención de organismos del Estado porque en el campo ubicado en el km 14,5 de la Ruta 191 hallaron trabajadores no registrados.

    En un galpón había 13 cuchetas de tres camas cada una en la que dormían 39 trabajadores golondrina oriundos de Jujuy. En una casa lindera hacían lo propio diez mujeres. La cocina y el baño estaban en condiciones.

    Desde la Delegación del Ministerio de Trabajo confirmaron el operativo e informaron que la empresa presentó documentación el viernes pasado y que para esta semana se esperaba otra tanda de papeles.

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    En el campo de la familia Giustozzi, la cara visible es Eduardo, hermano del diputado que fue kirchnerista, massista, kirchnerista otra vez y ahora aliado estratégico del macrismo con su bloque Juntos por Argentina, que completan Franco Caviglia, Eduardo Fabiani y Sandro Guzmán.

    “Este lugar fue hecho con mucho amor y dedicación. Vienen de Alemania, de Inglaterra y de Estados Unidos a certificar la seguridad e higiene del lugar, y las condiciones laborales”, dijo Eduardo Giustozzi a La Opinión.

    Sobre los trabajadores en negro, explicó: “Todos los años hay una situación que es irregular, cuando la gente que entra a trabajar todos los días no es la misma y la adecuación de altas y bajas se hace con retroactividad”.

    En ese sentido, agregó: “A veces la gente no se anota, pero siempre se regulariza la situación. Nosotros les pedimos que vengan con su documento en la mano, a veces hay situaciones difíciles, son muchas personas”.

    “Intencionalidades políticas”
    Eduardo Giustozzi apuntó a sindicalistas y a actores de la política, en relación a la actividad de su hermano, fundador del emprendimiento arandanero.

    Darío Giustozzi, quien secundó a Massa en la partida del Frente para la Victoria y conformación del Frente Renovador en 2013 y que fuera candidato a diputado de UNA en 2015, fue presidente de la empresa Indexa S. A.

    En su última declaración jurada, correspondiente al año en curso, declaró 810.549, pesos en acciones en esa firma y un campo en San Pedro que según valuación fiscal significa un patrimonio de $ 1.184.961.

    “Venimos sufriendo algunas situaciones con algún dirigente en particular, que deberá aclararlo él”, dijo Giustozzi, sin identificar a nadie, y aseguró: “Vienen a pedir algunas colaboraciones que son medio extrañas”.

    “Nosotros si tenemos que hacer adecuaciones las haremos como corresponde, pero hay actitudes que nada tienen que ver con defender el trabajo y la producción. Somos los más inspeccionados”, disparó.

    Esta campaña es la tercera consecutiva en la que Indexa recibe inspecciones. En el universo de la producción de arándanos hay quienes fruncieron el ceño porque “hay algunos a los que no los visitan nunca”.

    El Secretario General del Sindicato de Emabaladores Mauricio Preiti dijo a La Opinión que ellos habían pedido inspecciones a ese galpón de empaque como a tantos otros, “de rutina”. El lunes, el exconcejal estaba en la sede del gremio para asesorar a las trabajadoras que se quedaron sin empleo, y a la espera de  novedades tras una fallida audiencia con Eduardo Giustozzi.

    La Uatre también participó de la inspección y el secretario adjunto y concejal de Cambiemos Horacio Neyra señaló que ellos también habían solicitado inspecciones y que están muy atentos a lo que sucede en cada acción gubernamental.

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