Tras la clausura del camping Las Cuevas en Vuelta de Obligado en enero pasado, la exadministradora del lugar, Norma Cebrero, consideró agotadas las posibilidades de acercamiento por la vía administrativa y decidió ir a la Justicia en procura de que le reconozcan lo que consideran son sus derechos tras 26 años de explotación del predio en el paraje histórico.
La abogada de Cebrero, Florencia Capozzucca, informó la semana pasada en Radio Cuarentena que interpusieron demanda en el fuero Contencioso Administrativo en procura de que el Estado local habilite un contrato para retomar la actividad o indemnice por la inversión hecha en el lugar hasta el momento de la clausura.
“Nosotros queremos arribar a una resolución pacífica, recordemos que Norma es una persona de setenta años que no tiene a nadie y no cuenta con recursos. Trabajó durante 26 años en ese lugar y era su única fuente laboral”, dijo Capozzucca.
La abogada señaló que hubo un “contrato tácito” de palabra con la secretaria de Turismo, Marcela Cuñer: “Cuando se iba a hacer el tema de la playa, yo estuve participando junto con mi clienta y se le pidió que cediera una parte del terreno para que sea público a cambio de ofrecerles un contrato para la habilitación correspondiente para la exploración de la proveeduría y el área del camping. Nunca sucedió y se empezó a explotar la playa el 15 de enero de ese año”.
Capozzucca recordó que la habilitación del camping nunca fue posible “por una falta de contrato, no por falta de querer estar a derecho” y que Cebrero inició gestiones en ese sentido desde el gobierno de Pángaro.
“Estuvo solicitando todo el tiempo la apertura de un contrato de locación para poder estar conforme a derecho y pagar todos los impuestos correspondientes para poder explotar eso”, señaló.
Cebrero pide al Gobierno un contrato que le permite “estar conforme a derecho y poder explotar la proveeduría y el camping como se debe” o bien que “se indemnicen los ítems correspondientes que tienen que ver con toda la infraestructura construida” mientras estuvo a cargo de la explotación del predio.
“A ella se le privó el derecho a trabajar, producto de eso tiene problemas psicológicos y de salud, todo eso se indemniza, sin perjuicio de toda la infraestructura que ella hizo ahí durante 26 años”, advirtió la abogada.
