A la espera de los análisis, buscan acuerdo para controlar fumigaciones
La discusión en torno a los agrotóxicos que desató la mortandad de abejas puso a todos los organismos que participan en el tema a trabajar. Habrá reuniones conjuntas para acordar condiciones que permitan la convivencia entre fruticultores y apicultores, pero que además impliquen cumplimiento de las tareas de control que deben realizarse. Desde La Plata todavía no llegaron los resultados de laboratorio que buscan determinar por qué se perdieron más de 1.200 colmenas.
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La fumigación con agrotóxicos volvió a la escena de debate público luego de que productores apícolas advirtieran a La Opinión por la mortandad de abejas, que implicó alrededor de 1200 colmenas de pérdida, que cuantificaron en alrededor de 5 millones de pesos.
Aún no llegaron los resultados de los análisis de las muestras enviadas a La Plata, pero hay indicios de que la mortandad de abejas está relacionada con la pulverización de agroquímicos. Incluso, como detalló este semanario la semana pasada, no se descarta que aparezca la certeza del uso de algunos agrotóxicos prohibidos, como el paratión, el endosulfán o el metil azinfo, entre otros.
Hay voces autorizadas que son pesimistas y consideran que la abeja “anda tanto que va a salir una mezcla difícil de identificar”, como sucedió cuando viveristas denunciaron que un avión fumigador que iba hacia la zona de islas afectó sus plantas, sin que pudiera establecerse en laboratorio.
Mientras tanto, el Director de Producción Pablo Ojea presentó un informe al intendente, que acompañó con propuestas a corto, mediano y largo plazo para abordar la problemática, ya que consideró que la situación desatada por la mortandad de abejas puede permitir abrir el juego para regularizar el desfasaje que hay entre lo que existe y lo que está registrado, y mejorar la forma de producir tanto en los papeles como en el manejo de la producción.
La propuesta ya está en manos de Inta y Senasa, y se espera una reunión antes del fin de semana con los productores frutícolas y apícolas, para avanzar al menos en un marco de entendimiento que permita evitar los roces que surgieron entre ambas partes desde que la mortandad de abejas se mostró recurrente en toda la zona rural del partido.
De la misma manera, todos los organismos intervinientes tomaron nota de que hay un grado de responsabilidad en cada uno de ellos respecto de lo que se pulveriza en los campos. El detalle que este semanario publicó la semana pasada respecto de la fumigación indiscriminada sin respetar la legislación vigente puso en alerta a todos los actores del asunto.
El consenso necesario
Los organismos nacionales (Inta, Senasa), provinciales (Dirección de Fiscalización del Ministerio de Asuntos Agrarios) y locales (Direcciones de Bromatología y Producción) deben proyectar un trabajo de coordinación que permita por un lado prevenir la exposición de animales, productos y personas a la fumigación indiscriminada, y por otro dar cumplimiento a la legislación vigente, con los controles necesarios incluidos.
Lo urgente, en principio, es lograr instancias de comunicación que mantengan conectados a productores frutícolas y apícolas para que los segundos estén advertidos respecto de las fechas de fumigación de los primeros. Una de las posibilidades es poner en marcha un sistema de alertas por SMS como el que se usa para las heladas, de manera tal que las partes estén enteradas con antelación para tomar los recaudos pertinentes.
Se trata de una idea que coincide con lo que se busca modificar en el decreto reglamentario de la ley de uso de agroquímicos, cuya propuesta establece la comunicación fehaciente con un mínimo de 36 horas a un eventual centro de aviso o al propio productor apícola registrado, lo que salvaguardaría a ambos ante situaciones como las que se dieron en San Pedro.
Por supuesto que para ello deben estar localizados todos los lotes y todas las colmenas, cosa que no sucede en la actualidad. Sin base de datos, la comunicación y la supervisión sanitaria de cada producción que debe hacer Senasa se tornan complicadas.
Entre las propuestas que dejó Ojea para que el próximo Gobierno tenga en cuenta, aparecen la creación de una pequeña estación meteorológica que permita “medir velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad relativa, factores que influyen en una correcta aplicación de agroquímicos y aseguren no afectar a nadie”, que mediante un sistema de alerta permita establecer momentos favorables para las aplicaciones.
Del informe de situación de Ojea más las propuestas allí planteadas podría surgir un proyecto de ordenanza, aunque los tiempos políticos no parecieran acordes a la necesidad de hallar caminos de resolución para conflictos de fondo.
“Hay que apostar para que las normas de buenas prácticas agrícolas ya no sean recomendaciones sino normas obligatorias”, consideró Ojea, quien reconoció que lo que hace falta es un proyecto de ordenamiento territorial rural que contemple las visiones de todos los actores involucrados en el distrito, aunque eso sólo será posible una vez que el Concejo Deliberante se digne a tratar la necesaria actualización de la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la ya tristemente célebre San Pedro 2000, cuyo Consejo Consultivo dejó un exhaustivo informe en el que la problemática del uso de agrotóxicos fue abordada.
Lo que es y lo que se dice
Al 7 de septiembre, la Unidad de Coordinación Apícola del Ministerio de Asuntos Agrarios tenía registrados 11 productores para San Pedro, con 912 colmenas, datos que coinciden con los del Registro Nacional (Renapa). Un relevamiento extraoficial que tiene el Municipio da cuentas de no menos de 17 productores y 5550 colmenas, a los que debe sumarse aquellos que no han podido ser relevados.
La producción frutícola, según datos de la Dirección de Producción, ocupa unas 4500 hectáreas en la actualidad, con alrededor de 100 productores.
Los que fumigan son los segundos pero no son los únicos. El 75 por ciento de la superficie cultivada local está dedicada a la soja.
En San Pedro funciona, dos veces a la semana, una delegación de la Dirección de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Asuntos Agrarios, bajo la coordinación de Gabriela Pizcheda, quien viaja desde Pergamino.
Esa delegación toma los reclamos y contacta al interesado con el área de fiscalización, en el caso de denuncias o consultas por Agroquímicos, de acuerdo a lo normado por la ley que regula su aplicación.
Lo que la ley prescribe
El Gobierno provincial trabaja en la modificación del decreto reglamentario de la ley de agroquímicos, una normativa estricta pero de difícil aplicación y sobre todo de complicado control.
Según la ley, para la aplicación de agrotóxicos, cada productor tiene su asesor para el manejo sanitario, que es quien prescribe la receta agronómica. Sólo pueden ejercer esa tarea los ingenieros agrónomos, ingenieros en producción agropecuaria e ingenieros forestales habilitados ante el Organismo de Aplicación.
La ley dice que “todos los productos agroquímicos y aquellos plaguicidas domisanitarios que se utilicen en la cadena agroalimentaria, deberán obligatoriamente adquirirse y utilizarse bajo la prescripción de un profesional habilitado”.
Esa receta debe contener identificación del productor y del profesional; datos del producto a aplicar, como principio activo, dosis, concentración y formulación; ubicación precisa del lugar donde será aplicado; momento oportuno para ello; período de carencia y de reingreso al lote; y recomendaciones profesionales vinculadas a las precauciones y condiciones ambientales y meteorológicas, de manipulación y aplicación de los productos; entre otras prerrogativas.
Para las aplicaciones destinadas a “zonas de amortiguamiento”, se debe procurar que el profesional “se encuentra presente al momento de la aplicación con la finalidad de certificar las condiciones ambientales y tecnológicas”.
Además, debe existir un “cuaderno de Campo” en aquellos establecimientos de producciones intensivas, que debe estar disponible para su fiscalización.
Allí también está el consabido y no tan visto “equipo de protección personal” para la aplicación: mamelucos y guantes impermeables a sustancias tóxicas; máscaras con filtros adecuados al producto a utilizar; antiparras; botas de goma, que debe ser utilizado tanto en la aplicación como en la manipulación del producto a aplicar. La realidad muestra que nada o casi nada se cumple.
La Opinión informó en su edición pasada la situación de diversas escuelas rurales del distrito que están expuestas a la pulverización de agrotóxicos. La ley señala que sus autoridades deben ser notificadas con un “formulario de intención de aplicación” respecto de la fumigación, que deberá realizarse, sin excepciones, fuera del horario de clases. Esa notificación debe hacerse con 48 horas de antelación y por escrito. Los antecedentes en la ciudad no son muchos al respecto.
