La enroscada historia del proyecto de transferencia
Desde el 3 de junio a ayer, cronología del tratamiento de un proyecto que no tuvo debate porque algunos no lo dieron, porque otros lo apresuraron o porque algunos prefirieron que no lo hubiera, según la versión que se escuche. Lo cierto es que hubo dos dictámenes, uno a favor y otro en contra, pero lo que votarán es el pase a comisión para que quede claro quién manda.
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La historia comenzó en 2006, cuando una comisión del Concejo Deliberante recomendó al proyecto del Marinas Howard Johnson como el mejor de los cinco presentados para explotar el predio que había dejado Cooproyco. Ese mismo año, los 18 ediles que integraban el cuerpo votaron por unanimidad la concesión y su carácter intransferible.
Dos años después, el entonces intendente Barbieri firmó el convenio de terminación de las obras previstas para el denominado “Pasillo Público” según la ordenanza, documento que hizo público el lunes el programa de televisión Poder Público y donde consta que el acuerdo original -no previsto en la ordenanza, como dijeron los “presentes”, sino en el contrato- de mantener el predio fue modificado para que el concesionario se hiciera cargo de la seguridad diurna y nocturna.
El último movimiento registrado desde entonces en el Ejecutivo data de marzo de 2011, cuando gobernaba Guacone. Luego, misteriosamente, el contrato firmado entre el Municipio y el concesionario desapareció. Una copia obraba en Rentas, por suerte.
El 5 de junio pasado la firma San Pedro Resort S. A. firmó una “carta de intención y reserva” con Costa San Pedro S. A., inscripta dos días antes, para la transferencia de la concesión. El 10 del mismo mes Giovanettoni recibe la propuesta, que incluía además empezar a contar los plazos desde cero y habilitar nuevas ventas a otras empresas.
El 24 de julio, el Ejecutivo presenta el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante. Allí sólo aparece uno de los tres pedidos de las empresas: la transferencia.
Desde entonces pasaron dos meses y ocho reuniones de comisión de Peticiones, donde recaló el expediente. Durante el primer mes, poco se dijo sobre el tema. Este semanario publicó el 12 de agosto una nota al respecto.
El 1 de septiembre la comisión citó al Ejecutivo y a las empresas. Fueron Martín Baraybar y Alejandro Monjo. El primero dijo que no había objeciones legales, algo que dos semanas después ratifió por escrito el intendente, aunque sin detalles exhaustivos. El segundo dijo lo que repitió en los medios el fin de semana, luego de la trunca sesión: que San Pedro Resort estaba a nombre de sus hijos, a quienes no les interesaba la empresa, y que por eso quería el cambio de transferencia a otra que está a su nombre y al de su esposa. Allí le preguntaron por qué no cambiaba la titularidad de las acciones y respondió con argumentos relacionados a la diversificación de rubros de la original. Rocca planteó dudas que se le disiparon con la nota de Giovanettoni. Almada hizo lo propio.
Del grupo de los “ausentes” no había más representantes. Con el acta en la mano, Sandra Mari enumeró que Horacio Neyra fue a una sola reunión en todo el año y que Sánchez Negrete sólo lo hizo a cinco, ninguna en la que se tratara este tema.
El 15 de septiembre hubo dictamen favorable para aprobar el proyecto. Lo firmaron Mari, Preiti, Rocca y Vázquez. Los considerandos reproducen, como hizo el Ejecutivo, los argumentos de San Pedro Resort: “la actual situación societaria se ha concentrado en diferentes actividades comerciales que si bien no dificultan la continuidad de la sustantiva explotación, motivan mayores costos como así también un sustancial incremento de carga laboral sobre sus directores lo que a todas luces le ocasiona inconvenientes económicos de importancia”. No mucho más.
Una semana más tarde, cuando Barbieri ya estaba de licencia, los que aquí denominamos como los “ausentes” dictaminaron en contra. Firmaron Neyra, Sánchez Negrete, Almada, Ferraro y Noseda. El largo texto de los considerandos es dura oposición y dice que los argumentos de la empresa no son atendibles y que debe primar el interés público “por encima de los intereses personales de los terceros”.
“Estando en juego bienes de dominio público se deben extremar los recaudos en cuanto a la transparencia de las decisiones frente a los ciudadanos que nos eligieron para representarlos”, agregaron, sin mayores detalles al respecto.
Con todo ello, llegó el día de la sesión. Los votos al mediodía del jueves pasado estaban 10 a 8 para el rechazo. Sin embargo, Dalmy Butti repensó el tema antes de entrar, pidió que se agregue al texto la garantía de la protección de los trabajadores y puso la paridad para que Atrip, en ese momento con voto doble, fuera el de capacidad de desempate, con posición a favor.
Luego, lo que ya es conocido y cuya salida se explica en página 2. En medio de ello, cruces con comunicados en los que los “ausentes” endilgaron a los “presentes” proteger “los intereses de un privado” para que luego los segundos les dijeran a los primeros que ya habían protegido esos intereses en 2006 cuando sus referentes políticos habían concesionado el predio.
Los cruces incluyeron acusaciones veladas pero no denunciadas respecto de presuntos acuerdos non sanctos para defender una u otra postura, y hasta una línea argumentativa no explicitada respecto de “el bien y el mal” que se supone estaba en juego en el debate.
Tampoco quedó expuesta la cuestión político electoral en juego ni los dimes y diretes propios de las roscas en procura de aprobar un expediente, en cuyo análisis deberá decirse que los ediles alineados en Cambiemos se llevaron la victoria de haber impedido la aprobación en esta instancia y patearla hacia adelante, cuando probablemente también la aprueben.
De la misma manera, nunca nadie explicitó el hecho de que desde hace mucho tiempo en el mundo, en el país, en la provincia y en la ciudad el poder económico y el político mezclan sus intereses para favorecerse unos a otros según la situación lo imponga, con triunfos parciales que serán expuestos, cada vez, como victorias colectivas que, a la larga, tambalean ante nuevos debates de tenor similar para recomenzar un círculo que de virtuoso tiene poco y nada.
Matías Chaves, el único al que todo el embrollo le costó el cargo
El Secretario Legislativo Matías Chaves renunció a sus funciones el martes por la mañana, luego de una polémica suscitada por la desaparación de la caja que contenía los expedientes de la sesión suspendida y que finalmente estaban resguardados por orden del presidente Mario Barbieri.
El sábado, un periodista de este medio estaba presente cuando el subsecretario legislativo Martín Pando preguntó por la caja tras la sesión y, por orden del presidente, dispuso su resguardo bajo llave.
El lunes al mediodía, concejales del grupo de los “presentes” pidieron ver un expediente y la caja no estaba. Tras casi media hora de dudas y a punto de la presentación de la denuncia en Fiscalía por desaparición de documentación pública, un empleado la entregó.
Al otro día, Chaves renunció y le dijo a La Opinión que lo hacía “cansado de chicanas”. Entendió que la situación de la caja había sido “una joda” en su contra y que se había puesto en riesgo su condición de responsable de la custodia de la documentación.
“La caja apareció, estaba guardada en la oficina de defensa del consumidor, en un archivo”, contó. Desde hoy, ya ocupa su lugar de empleado municipal en el área de Contaduría.
“Nunca me avisaron que la caja estaba bajo custodia del presidente, lo llamé el lunes y no me respondió”, señaló Chaves.
Por su parte, Pando dijo que ante “la sensibilidad del tema” resguardó la caja y que el lunes, cuando la solicitaron, sucedió que la empleada que suele tener bajo su custodia esa documentación estaba en un velorio y el tuvo que salir por un tema personal. “Hubo un lapso de 20 minutos y cuando me ubicaron, lo consulté con el presidente y se decidió hacer llegar los expedientes”, indicó.
Reconoció que lo mejor hubiera sido avisarle a Chaves y aseguró que “no hubo mala intención”. De la misma manera, dijo que le “apena” la renuncia del secretario legislativo. “Es un compañero de trabajo al cual respeto y hubiera preferido que terminarámos esto dos meses que nos quedan”, dijo.
Sobre la relación con Pando, Chaves dijo que se llevaba bien, a pesar de que al principio “estuvo medio complicado” producto de los enfrentamientos que el expresidente del cuerpo había tenido con su madre, Sandra Mari, mientras compartían Concejo. “Son cuestiones políticas, después se perdonó y hasta íbamos a jugar a la pelota juntos, pero desde hace unos meses no me habla más”, dijo Chaves.
Otra familia unida
El frente Cambiemos mostró unidad ayer en el despacho de Mario Barbieri. Después de rencillas, diferencias y miradas de recelo, peronistas y no tanto, radicales y no tanto, Pro y no tanto, independiente y bastante difundieron esta fotografía para dar cuenta de “pluralismo” y “madurez política”.
Salazar dijo estar “absolutamente orgulloso” de “conducir un espacio que pone en primer lugar al vecino por sobre las diferencias partidarias” y aseguró que ninguno tiene “compromisos con nadie, ni el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Mario Leandro Barbieri, ni los ediles pertenecientes al Bloque del Partido Fe o los integrantes del Bloque del Frente de Todos”.
En la foto están el excandidato radical y del Pro, rival suyo en la interna, Sergio Rosa; el candidato del Pro integrado a la lista de Salazar Mario Sánchez Negrete; los barbieristas Almada, Ferraro y Adrover; y el concejal electo por el Frente Social, miembro del Frente para la Victoria pero de corazón radical y espíritu barbierista, Martín Noseda.
“Trabajaremos todos juntos para resolver el mal momento que esta pasando nuestra ciudad”, dijo Salazar y finalizó: “La oportunidad de cambiar es ahora”.
