La emergencia administrativa apunta al personal municipal
La mayor parte del decreto tiene como fin reestructurar la planta de empleados e incluye la declaración de “disponibilidad absoluta”, lo que autoriza a dejar trabajadores cesantes una vez que hayan reorganizado cada área. Los municipales no cobraron el sueldo y están de paro. Tras la audiencia en el Ministerio de Trabajo, definirán cómo siguen. Ollas populares, manifestaciones frente a la casa de los funcionarios y cortes de ruta durante el fin de semana largo, parte de las propuestas.
Tras cruzar el umbral del pago de aguinaldos –que sólo hicieron efectivo para los empleados de planta pero no para médicos, funcionarios y concejales–, el Ejecutivo tocó fondo. Era previsible, a pesar de que el déficit estructural mensual haya bajado de 2.400.000 a 1.600.000 pesos. No había forma de seguir y el Ejecutivo llegó al viernes pasado sin poder abonar el salario de los municipales y con un decreto de emergencia administrativa que puso la mira en los trabajadores.
Durante la conferencia de prensa del sábado, Guacone fue claro: confirmó que la declaración de “disponibilidad absoluta” habilita la posibilidad de echar empleados una vez que hayan pasado 90 días de reestructuración y acaso haya quienes no tengan un destino asignado.
El Gobierno dijo que esto servirá para refuncionalizar, reordenar y el propio intendente no descartó dejar cesante a empleados, si es necesario. Ello generó por un lado la reacción inmediata de los gremios, el temor de los trabajadores y la denuncia pública de “listas negras” con las que los funcionarios amenazan a aquellos que tienen vínculos políticos o un mínimo viso de crítica.
El dedo en la llaga
La famosa disponibilidad absoluta es algo que prevén las leyes laborales en las que están encuadrados los empleados de carrera municipal y los que corresponden a carrera médico hospitalaria. Por eso los cuatro sindicatos coinciden en señalar que el decreto no hacía falta y que se trata de “persecución” y “amedrentamiento” contra los trabajadores.
Lo cierto es que el Ejecutivo tiene ahora 90 días para disponer reestructuraciones funcionales del personal, traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación de horarios y “toda otra medida que juzgue conveniente”, lo que incluye prescindir de los servicios de algunos, pagarles la indemnización y que se vayan a la casa. Dicen que ese no es el espíritu de la medida, pero la posibilidad existe.
Además van a limitar las horas extras a 12 semanales o 48 mensuales por agente y autorizan a pagar con francos compensatorios en lugar de abonar el excedente en dinero. Algo similar sucede con las guardias para el personal de carrera médico hospitalaria.
Toda hora que no sea ordinaria será abonada después de los sueldos, las retenciones y los aportes del mes que se liquida. Ello implica que las demoras que hoy afectan esos pagos pueden ser mayores aún.
Además, dejan sin efecto el artículo del famoso decreto 48/08, el “padre” del “show de las bonificaciones”, que otorga porcentaje sobre el básico por título, cuya redacción permite que cualquier papelito con sello aumente el salario de todos. El problema es que es un derecho adquirido, por un lado; por otro, el pago de esa bonificación está dentro de la ordenanza de Presupuesto, la que no puede modificar arbitrariamente el Ejecutivo con un decreto.
El Gobierno convocará a una Junta Médica para revisar todas las licencias en curso y suspenderá las licencias sin goce de haberes. Todas estas medidas apuntan al empleado, por lo que los gremios ya protestaron.
Una audiencia clave
Los trabajadores no cobraron y están de paro. Como si fuera poco, los sindicatos iban a ser recibidos el viernes, tras la reunión de gabinete que definió cómo avanzar con el decreto –que no cambió una coma al menos desde el día anterior, por lo que no se debatió su redacción en esa reunión–, puesto que había quienes no querían la disposición de algunos de sus artículos. Entre ellos los más duros con los empleados y el más duro con el bolsillo de los políticos, bastante benigno después de todo (ver recuadro).
La reunión con los gremios fue el lunes, entre las 14.00 y las 16.00. Del decreto mucho no hablaron. La preocupación estaba centrada en la falta de pago, el paro y el reconocimiento gubernamental de que no pueden afrontar el compromiso sino hasta la semana que viene, y con mucho viento a favor.
Los sindicatos rechazaron la propuesta de “repartir” entre el personal el poco dinero que hay en las arcas del Municipio. Lo hicieron bajo el argumento de que no pueden convalidar un pago desdoblado, menos aún a sabiendas que el mes próximo será, ahora sí, el más difícil del año. Incluso más difícil que este en curso.
El Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia para mañana, ya que los gremios habían pedido la reapertura de la mesa de relaciones laborales para discutir el incremento salarial del segundo semestre. Más que aumento, ahora van a patalear para que paguen.
A esa audiencia llevarán quejas en torno a la redacción del decreto, como las relacionadas con los más de 300 empleados que no cobrarán su bonificación por título hasta diciembre.
Sabedores de que no va a haber respuestas allí sobre el pago del salario, están decididos a mantener la medida de fuerza hasta tanto depositen, algo que Borgo dijo que podrá suceder entre el martes y el viernes.
En las asambleas de los sindicatos, cuyas cabezas se reunieron luego y volverán a hacerlo una vez que hayan consultado a sus bases después de la audiencia de hoy, los trabajadores propusieron ollas populares –que comienzan en el hospital de Santa Lucía este mediodía, como le avisaron ayer a la mañana a La Opinión los propios empleados–, manifestaciones en la casa de Guacone, los secretarios y los concejales; y hasta la posibilidad de cortar los accesos a la ciudad en rutas 1001 y 191 en medio del fin de semana largo de la Fiesta de la Ensaimada.
Qué opina la oposición
Mientras que el Ejecutivo busca la manera de aplicar el decreto de emergencia administrativo y salir lo más airoso posible, los concejales del Frente de Todos, del Frente para la Victoria y el Partido Fe manifestaron su posición respecto a lo anunciado por el gobierno de Guacone.
Apuntado por el propio Intendente como uno de los “responsables” de todo, el Presidente del Concejo Deliberante Mario Barbieri dijo a La Opinión que está “de acuerdo” con el total del decreto ya que se trata de puntos “que hace cuatro meses” fueron presentados por “decisión unánime del HCD”. De todas maneras reconoció que “se ha perdido mucho tiempo”.
Acusado por el Intendente de Baradero Aldo Carossi de sumergir a la ciudad en “semejante crisis económica”, Barbieri respondió: “Ni en broma en la cabeza de nadie puede pasar que quien hace cuatro años ocho meses y 11 días no está en este gobierno es el responsable de semejante crisis”.
Desde el bloque Frente de Todos, Mario Sánchez Negrete aseguró que el Ejecutivo “sigue ocultando información” y señaló que no publicó el resumen semestral de las cuentas. En ese sentido insistió en que la situación “no ha mejorado” sino que por lo contrario, la deuda crece mes a mes.
Los concejales del Frente para la Victoria también mostraron su posición respecto al decreto firmado por el Intendente el viernes e intentaron despegarse de aquellas versiones que los indican como los “creadores” del punto que habilita cesantías. Al respecto, el Presidente del bloque kirchnerista Martín Baraybar señaló: “Si se utilizara como corresponde, está bien; pero si lo crearon para perseguir gente o echar empleados, no estamos de acuerdo”.
En cuanto al decreto en general Baraybar dijo que “se quedaron cortos” con las bonificaciones de los funcionarios e insistió en que el gobierno debe “reducir secretarías, crear un escalafón particular para los funcionarios y sacar las bonificaciones”.
Quienes también se manifestaron al respecto fueron los integrantes del Partido Fe con Cecilio Salazar a la cabeza. El espacio que tiene a Horacio Neyra e Iván Paz como miembros en el HCD manifestó “preocupación” y sus integrantes se preguntaron si estaban equivocados cuando propusieron crear la Comisión Investigadora que nunca prosperó. En el comunicado difundido expresaron que existe un solo “responsable y es hora que se haga cargo de sus errores”.