La denuncia es contra todos
La Fiscalía local recibió una denuncia penal para que se investigue si hubo daño a las arcas públicas por no haber cobrado durante seis y cuatro años los derechos que se privatizaron. Si el cálculo es unos 40 millones por año, el Municipio habría perdido unos 240 millones de pesos por no haber puesto en práctica las ordenanzas que están vigentes.
La denuncia fue presentada por Eduardo Polimante. El ex Diputado Provincial es autor intelectual de la ordenanza que llevó al recinto el ex Concejal Antonelli. Su decisión de presentar la denuncia obedece, dijo, a la necesidad de “defender la democracia, no en contra de nadie en particular”.
Sin embargo, lo que Polimante denunció reviste una gravedad inédita en San Pedro. A partir de la presentación, la Justicia deberá investigar si los funcionarios que tuvieron a su cargo el cumplimiento del mandato dispuesto por ordenanza de cobrar esos derechos incurrieron en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” provocando un daño al erario al no poner en marcha la tarea de recaudación.
La denuncia no señala nombres, pero apunta directamente contra el ex Intendente Barberi y todos los responsables de las finanzas locales, amen de los concejales que no habrían cumplido tampoco con su tarea de contralor del ejercicio de gobierno.
De comprobarse el presunto delito, deberían responder con su propio patrimonio por no haber permitido que el pueblo de San Pedro perciba esos ingresos durante todos esos años.
Las pruebas ofrecidas en la denuncia tienen como eje las ordenanzas sancionadas y la ausencia de esos montos en las normas fiscales e impositivas, es decir en el presupuesto anual, de todos los ejercicios y las rendiciones de cuentas hasta el momento.
Además, señala que no sólo no se habrían cobrado esos montos millonarios, sino que tampoco se habría controlado el impacto ambiental de las antenas a las que no se cobra el canon, poniendo como ejemplo la existente a menos de media cuadra de la escuela N° 1, que viola la norma que señala que debe estar a más de 300 metros de establecimientos educativos.
El denunciante adelantó a La Opinión que está relevando material para que tome intervención el Tribunal de Cuentas de la provincia para ver si acaso existieron también irregularidades desde el punto de vista administrativo

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