La demora del Ministerio de Educación regaló un fallo a favor de “Los castigaditos”

“Las cicatrices nos recuerdan que el pasado es real”. Eso le dijo Hannibal Lecter a Clarice Starling en “El silencio de los inocentes”. Como las que quedan cuando el paso del tiempo pretende oficiar como brazo que borra el pizarrón, que desdibuja lo escrito pero deja las manchas. Literatura, cine, poesía, escritos judiciales, escritos al fin, como esta misma nota, que recuperan historias que merecen ser contadas.
La cita de este largo párrafo previo viene a cuento de la confirmación en Cámara del fallo con el que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo decretó la nulidad del sumario administrativo que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) provincial inició en 2004 cuando la declaración de una madre sobre lo que padecía su hijo se convirtió en un escándalo sin precedentes en la sociedad sampedrina, puesto que involucraba al por entonces Director de la escuela Industrial, Sergio Romero.
A esas versiones sobre acoso sexual le siguió una investigación interna que encontró una serie de irregularidades mediante las que el Gobierno provincial dispuso el inicio del sumario no sólo contra Romero sino además contra Felix Prego y otros docentes, a quienes removió de sus cargos de manera transitoria, los trasladó fuera de ese colegio y comenzó un proceso que nunca culminó.
Puesto que ello fue así, la Justicia hizo lugar al pedido que Romero y Prego elevaron bajo el patrocinio de la abogada Paulina Stelzer, y el sumario iniciado, que alimentó una causa de 600 páginas, quedó perimido por el paso del tiempo. Prescripto. Anulado por demoras. Por impericia. Quién sabe por qué extraño fenómeno que hizo que el Dr. Daniel Fernández, Inspector a cargo de sustanciar el acto administrativo, lo haya dejado dormir en un cajón, luego de un impetuoso comienzo que devino en despreocupada acumulación de tierra sobre el expediente.

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Quién ganó y por qué
La victoria es de Romero y Prego, ya que no recibirán formalmente sanción alguna respecto a los hechos que obran en el expediente. Ganaron no sólo el fin del sumario sino además la restitución en sus cargos. Prego ya se jubiló. Romero no, por lo que pronto, cuando la DGCyE envíe sin ganas la apelación a la Corte Suprema –están obligados, por ser organismo público, pero nunca aportaron demasiado para evitar un fallo como el que ocurrió–, volverá a ser Director de Escuela.
El fallo establece que deben retornar a su situación de revista previa al inicio del sumario, es decir retrotraer todo a fines de 2004, como si nada hubiese pasado. Tan sencillamente porque el Gobierno provincial no hizo nada, no movió el expediente, no se preocupó por darle forma a la gravísima acusación que sus mismos funcionarios hicieron.
La Justicia les reconoce así los salarios caídos –menos el período que sí cobraron, gracias a una cautelar–, con aguinaldos y aportes previsionales proporcionales; 50 mil pesos para Romero y 20 mil para Prego por “daño moral”, en la medida en que la indecisión respecto del sumario los mantuvo bajo sospecha sin que se trabajara en probar las acusaciones.
Como toda esta situación hizo que los sumariados tuvieran que concurrir al psicólogo semanalmente “para fortalecer su estructura yoica”, al prescribir la investigación, el Estado debe abonarles el costo de las sesiones. Todo ello con intereses que tendrán como base según la tasa que aplica mensualmente el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.

Los hechos del sumario
La situación se desató un 17 de abril, cuando una mujer desesperada relató lo que le había sucedido a su hijo. El expediente habla de “propuestas indecorosas” por parte de Romero tanto a él como a otros menores. Allí, además, obran “declaraciones testimoniales de padres y alumnos que revelaban la naturaleza de los hechos”.
En el sumario, el responsable a cargo indica que “no fue la única noticia al respecto, ya que luego un padre admitió que sus hijos –exalumnos-, –habían padecido comentarios deshonestos por parte de Romero” y aparece el nombre de otro exestudiante que “manifestó una conversación mantenida con el docente con términos indecorosos”.
A ello se sumaron las irregularidades administrativas, apoyadas en “gran cantidad de prueba documental recabada en la E.E.T. N° 1”. Un informe del Instructor Fernández detalló esas irregularidades y los cargos que le imputó a Romero: “Provocar desorden institucional en la Escuela de Educación Técnica Nº 1; no cumplir en tiempo y forma con las instrucciones impartidas por la superioridad; obstrucción en la entrega de información para realizar la tarea; no ejecutar adecuadamente la planta funcional de la institución, tanto en las asignaciones como en el tiempo; irresponsabilidad en el ejercicio de su cargo; perjudicar a docentes en forma directa con reubicaciones internas no convalidadas; perjuicio fiscal a través de la conformación de los grupos T.P.P.; realizar propuestas indecorosas y deshonestas hacia varios alumnos”.
También detalla las referidas a Prego: “Omisión de sus funciones inherentes al cargo; ocultamiento de información con incumplimiento de plazos; irresponsabilidad en su desempeño profesional; no ejecutar adecuadamente desde su cargo el desarrollo de la planta funcional de la Escuela de Educación Técnica Nº 1; colaborar con su inacción en el desorden institucional de la Escuela de Educación Técnica Nº 1; aparente perjuicio fiscal puesto de manifiesto en la imposibilidad de cumplir con los cargos y módulos detentados al 30 de marzo de 2004 en el establecimiento”.
El detalle de la inacción
Para la Justicia, los hechos en debate ameritaban la instrucción de un sumario administrativo disciplinario, aunque, claro está, “tampoco implica una discrecionalidad tal que avasalle derechos y garantías de los agentes, en pos de llevar adelante el ejercicio de ese poder disciplinario” que le compete a la DGCyE.
Ese poder disciplinario vence, se extingue por prescripción. Al año en faltas con “sanciones correctivas”, a los tres años para aquellas cuyas penas pueden ser “expulsivas”. Pasaron alrededor de nueve años y del expediente ni noticias.
“No consta en autos una resolución por parte de la administración que concluya el sumario y determine la situación concreta de los docentes involucrados, a pesar del tiempo transcurrido desde el 10 de diciembre de 2004 (Disp. N° 196/04), hasta la fecha”, eso exactamente dice el fallo que favorece a Romero y Prego.
El caso del primero tenía la particularidad especial del inicio de una causa penal en la Fiscalía N° 4 a raíz de su propia presentación para que se investiguen las acusaciones de “acoso sexual”, causa que terminó en la absolución del Director en el año 2006 por “falta de pruebas de cargo idóneas”. Por entonces los alumnos que habían sido víctimas eran menores y sus padres decidieron no someterlos al durísimo camino que imponen los pasos judiciales.
Los recaudos legales para el desarrollo y sustanciación del sumario administrativo por los hechos imputados a Romero y Prego estaban dados en el plano fáctico, asegura el fallo. Pero, y en esto falló la Provincia, “no pueden mantenerse sin limitación temporal alguna”.
El sumario está prescripto, porque “es obligación de la administración no dejar vencer los plazos fijados para la resolución” y “el transcurso de los años ha transformado en ilegítimo el silencio” de la DGCyE, que no emitió acto alguno “para continuar o resolver el procedimiento”.

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– Los corderos imperfectos –
Como el protagonista de la novela de Jorge Sagrera, que lleva en su pecho una cicatriz que lo transforma en cordero imperfecto ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios como acaso todo el mundo lo sea, según desliza la propia Biblia, a Romero y Prego les restituyen la situación previa sin haber resuelto las sospechas que sobre ellos recayeron.
En el marco del expediente, Romero y Prego acusan un daño moral provocado por la repercusión que tuvo el sumario y la demora en la sustanciación. Allí dicen que “la comunidad educativa los denominaba ‘los castigaditos’”, por esa “marca”.
La pretensión anulatoria planteada para esta causa está asentada en la idea de que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el derecho a acusar, llevar adelante una acción administrativa como un sumario, en este caso, se diluye con los años, prescribe si no hay una acción conforme a ello.
“La prescripción constituye una manifestación de la influencia que el tiempo tiene sobre las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos”, dicen los manuales de Derecho, que saben que esa figura “puede dar lugar en ocasiones a situaciones injustas” pero que “constituye una necesidad de orden social, pues sin ella primaría la negligencia en el ejercicio de los derechos”
Como en este caso el Estado bonaerense fue “negligente” al no trabajar sobre el sumario que él mismo inició a través de su organismo correspondiente en el área educativa, aparece necesaria esta decisión, que implica darle un punto final a un tema por el que los acusados esperaron, más allá de que las sospechas no hayan sido disipadas.
Los manuales de derecho también dicen que la prescripción suele ser “la consecuencia del fácil recurso al que recurren los imputados para hacer archivar los procesos en su contra”.
Muchos abogados defensores de acusados, convencidos de que la absolución sería el camino final de una causa, han renunciado a la prescripción. Confiados en la Justicia y en sus propios alegatos, prefirieron esperar y que el fallo los absolviera porque no hay elementos de juicio y probatorios suficientes.
No fue este el caso. Pasó el tiempo, se acabó el sumario, se caen las pruebas, desaparece el asunto, la tierra que tapa todo producto de la dilación es la que venció. “Bueno, Clarice, ¿los corderos han dejado de gritar?”, preguntó Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes”. Como en la tensa mirada de ojos azules de Jodie Foster en la versión cinematográfica, aquí también la respuesta es “no”.

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