La Corte Suprema decidirá sobre los vecinos del hotel Spa
Tras la orden de desalojo y demolición del Juez de Faltas, la Cámara penal primero y la civil después se declararon incompetentes en el caso, por lo que las causas fueron derivadas al Máximo Tribunal. La semana pasada, abogados del hotel volvieron a recorrer el barrio para pedirles datos a los vecinos.
:format(webp):quality(40)/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/media/2020/08/tapa_9.jpg)
Al pie de la barranca donde se construye desde hace 10 años el hotel cinco estrellas de la empresa Polo Industral S. A., subsidiaria de Maxiconsumo, los vecinos, habitantes históricos de ese asentamiento que alguna vez fue precario y que forma parte del plan nacional de urbanización de villas, volvieron a ponerse nerviosos la semana pasada, cuando recibieron visitas.
Sin embargo, son otros los preocupados: de acuerdo a los plazos legales habituales, el Azahar Spa inaugurará –si alguna vez lo hace, por cierto– sin que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se haya expedido sobre el desalojo y demolición que pesa sobre las viviendas construidas en ese lugar.
Allí, al Máximo Tribunal bonaerense, fueron a parar todas las actuaciones que comenzaron el año pasado y que generaron una intensa polémica por la forma en la que se desarrollaron, los intereses a los que respondieron y los compromisos políticos vigentes que, diez años después, parecen no tener posibilidad de cumplirse.
Un conflicto de competencia
Así se denomina en términos jurídicos lo que sucedió con los expedientes relacionados al caso y que son varios porque corresponden uno a cada familia intimada a desalojar.
El recorrido que terminó con todos esos papeles arriba de un escritorio en La Plata, en la Corte Suprema de Justicia bonaerense, comenzó con una inspección municipal digitada que quisieron mostrar como una “casualidad”: un buen día, el personal de inspección de la Secretaría de Obras Públicas, en ese entonces a cargo de Jorge Ponzio, “constató” que abajo del hotel había un grupo de viviendas y determinó que estaban “en zona de riesgo”, por lo que labró actas en ese sentido, una por una y sólo en el sector que le interesaba al hotel –viviendas “en riesgo”, por cierto, abundan en la ciudad–, y las elevó al Juez de Faltas.
El abogado porteño que eligió Cecilio Salazar para ese cargo tomó el Código de Faltas, encontró el artículo que necesitaba para que el Gobierno cumpliera con el compromiso vigente por ordenanza sancionada hace diez años por la entonces mayoría barbierista del Concejo Deliberante y ordenó desalojo, demolición y restitución al estado original de las barrancas, una medida que pretendía retrotraer la zona a, por lo menos, los años 50 o 60.
Los vecinos se plantaron y resistieron. Primero por imperio de la experiencia de otros casos, se atrincheraron en el derecho de “posesión veinteañal” que les asiste, en la medida en que hace más de cinco décadas que están allí. Luego, asesorados por un concejal opositor cuyo altruismo se despertó ante la resonancia del caso, apelaron la orden del Juez de Faltas.
Ello provocó que tomara intervención el Juzgado en lo Correccional del Departamento Judicial de San Nicolás. Las causas –una por cada habitante de las viviendas a demoler– fueron remitidas a la Cámara de Garantías en lo Penal, que rechazó su competencia, es decir que entendió que no le tocaba a ese fuero dirimir el entuerto.
Lo mismo sucedió en la Cámara en lo Civil y Comercial, por lo que, como nadie quiere hacerse cargo del caso, será la Corte Suprema de Justicia bonaerense la que defina en qué fuero tramitará el caso.
“Se dio lo que se llama una cuestión de conflicto de competencia, negativa en este caso, por lo que va a la Corte a los fines de que resuelva ese tema, para ver quién atiende la cuestión”, explicó ante la consulta de La Opinión el director de Asesoría Letrada, José Ignacio Macchia.
Una nueva visita
En el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de San Nicolás tramita un expediente caratulado “Polo Industrial S. A. sobre diligencias preliminares”, con fecha de inicio en septiembre del año pasado.
Desde entonces, hubo varios mandamientos judiciales para “constatar” la existencia de viviendas y personas al pie de la barranca, debajo de donde se construye el hotel y al lado de donde está en marcha otra construcción, relacionada con la planta depuradora que tratará los residuos cloacales del emprendimiento turístico.
El viernes, los vecinos de la Bajada al Puerto que están en conflicto con la empresa que construye el hotel recibieron visitas por la mañana. “Vino una abogada con tres policías y nos pidieron los datos, para constatar quiénes estaban en cada casa”, contaron a La Opinión.
“Vino, me pidió el documento mío y de toda mi familia, me dijo que si no se lo daba me lo iba a sacar por la fuerza. Vino con tres policías, es la segunda vez que vienen. Sólo pidieron los datos, no dijeron nada más”, relató Ayelén, una de las vecinas.
“Nos llegó un papel del Poder Judicial, del Juzgado Civil y Comercial N° 3, nos pidieron los datos, es la tercera vez que vienen a pedirnos”, señaló Víctor, otro de los vecinos visitados. “Esta vez aparecieron con este papel, el abogado nos había dicho que si no venían con una orden no les diéramos nada”, agregó.
El mandamiento judicial indica que debía “individualizarse la totalidad de los ocupantes de las viviendas y el carácter en que lo hacen», al tiempo que establecía que el oficial de Justicia debería “solicitar la exhibición de títulos o contratos, en caso de existir ocupantes”.
No es el primer mandamiento de esas características que ordena el Juez Jorge Baldarenas. Esta vez autorizaba el auxilio de la fuerza pública, porque en las anteriores los vecinos se negaban a colaborar.
“Hasta ahora no se sabe cómo sigue, ni para qué te piden los datos, porque no te dicen nada, simplemente hay que darles los datos cada vez que a ellos se les antoja”, se quejaron los vecinos.
La compleja trama de un largo conflicto
“La idea es que las familias que se encuentren tengan las viviendas dignas, como debe ser, y que nosotros podamos terminar con el hotel para poder inaugurarlo”, dijo el arquitecto Walter Ceriani, a cargo de la obra, en septiembre del año pasado, en pleno conflicto.
El municipio tiene un compromiso de entregar “libre de ocupantes” el sector cedido para la construcción del hotel durante la gestión Barbieri, aprobado por el Concejo Deliberante.
La empresa, en ese momento, se comprometió a construir 15 viviendas, lo que cumplió con el denominado barrio San Julián, como se iba a llamar el interminable hotel.
“Creo que el municipio debería hacer mucho por esto, porque es un problema que ya teníamos resuelto, con la inversión de 15 viviendas nuevas para 15 familias, pero seguimos con la problemática”, se había quejado Ceriani hace un año.
Los vecinos, que quedaron expectantes, averiguaron que en la Dirección provincial de Hábitat, Urbanismo y Tierras el barrio que habitan está incluido en el “Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios” que prevé la denominada “ley de acceso justo al hábitat”.
El barrio fue registrado bajo el número 1357 y cargado al sistema el 07 de julio de 2015, aunque con el nombre “Bajo Puerto”, erróneo, pero, según el documento, delimitado por las calles 24 de Febrero, España y Rómulo Naón, es decir que abarca toda la zona que lleva desde la bajada hacia la terminal portuaria.
La Ley de Acceso justo al Hábitat creó un “régimen de integración socio-urbana de villas y asentamientos precarios existentes a la fecha de promulgación de la ley y el “Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios”, con el objetivo de urbanizar e integrar esos barrios a las ciudades.
Eso también es parte del debate que está en marcha en relación a los vecinos de Bajada al Puerto que están en el pie de barranca, justo debajo del hotel.
