A la Corte Suprema contra el clientelismo político
Los abogados que defienden a catorce trabajadores que reclaman haber sido despedidos del Municipio en la era Barbieri recurrieron al Máximo Tribunal bonaerense, luego del revés en el Juzgado Laboral. Reclaman 4 millones de pesos. En el escrito, el fundamento es que la Justicia no puede avalar una irregularidad por “un mero formalismo”. La relación clientelar en debate.
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El Tribunal de Trabajo N° 2 de San Nicolás había rechazado una demanda interpuesta por dos exempleadas administrativas y doce exobreros, patrocinados por los abogados Lilian Parsi y Hugo Lima (h) respectivamente, contratados entre 2003 y 2006 de forma temporaria, a quienes no les renovaron contrato y se sintieron “despedidos”.
Los abogados presentaron un recurso extraordinario de “inaplicabilidad de ley o doctrina legal, absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas” ante la Corte Suprema, para lograr revertir el fallo original y que sus clientes cobren la indemnización, fijada originalmente en unos 4 millones de pesos, que podría llegar hasta a 7 millones con los intereses.
Parsi y Lima argumentan que sus patrocinados trabajaron contratados por decreto, aunque no lo sabían, y que siempre creyeron que eran empleados de planta permanente, tal como les prometieron antes de las elecciones, de acuerdo a los testimonios que obran en el expediente, donde dice que antes de entrar a laborar en el Estado hicieron tareas para Mario Barbieri, consistentes en “pegadas de afiches, acompañamiento en la campaña, concurrencia con bombos a los lugares donde éste representaba, etc.”.
“En nada coincidía la obra de administración referida en cada decreto con el lugar donde efectivamente cumplieron funciones”, sostienen en el escrito, donde aseguran que lo que hacían eran “tareas que no eran de carácter temporario sino que correspondían al giro de actividades permanentes de la Municipalidad, tal como el mantenimiento de las escuelas, de las calles y caminos, del hospital, etc.”.
Los demandantes trabajaron durante tres o cuatro años, sin interrupción, y aseguran que jamás fueron notificados de los sucesivos decretos que prorrogaban sus contratos.
“Un desvío de poder”
Para Parsi y Lima, el Estado queda a resguardo por la formalidad de los decretos y que la Justicia no examinó “qué relación existe entre lo pactado y la realidad”. En ese sentido, sostienen que el Gobierno municipal durante la gestión Barbieri se aprovechó de “la superioridad técnica” de albañiles, plomeros y herreros “sin conocimientos técnicos jurídicos” que “creyeron en la palabra del Intendente Municipal y de la Jefa de Personal Municipal, quienes les refirieron que eran empleados permanentes”.
Por ello, advirtieron que la administración municipal “incurrió en un desvío de poder” y, valiéndose de una figura legalmente permitida, dejó al margen de toda protección a estos trabajadores, a quienes sometió a la desvinculación discrecional y arbitraria.
Lo más importante desde el punto de vista político es lo relacionado con lo que los propios jueces del Tribunal de Trabajo habían señalado como actitud reprochable, que es la relación clientelar de un intendente/candidato con estas personas, puesto que generó en ellas “una legítima expectativa de permanencia laboral”.
El poder político continúa utilizando las herramientas del Estado a su antojo”, se quejaron los abogados y calificaron a “las irregulares contrataciones” del Gobierno para con sus defendidos de clientelismo político que se debió a la elección del intendente de turno, por lo que estas contrataciones tendrían ‘la duración’ de lo que perdure ‘el agradecimiento’”.
Así las cosas, consideraron que los catorce hombres y mujeres utilizados para la campaña y luego contratados mediante decreto “fueron tratados como desechables”.
Para largo
Los abogados advirtieron la posibilidad de ir a la Corte Suprema de la Nación, por lo que se prevé que el litigio tenga para rato. En su momento, la asesora letrada de la era Barbieri Paola Basso había calificado de “disparate” al juicio, aunque había reconocido la existencia de certificados que daban cuenta de la relación laboral y de los años que les faltaba para jubilarse.
El actual Director de Asesoría Letrada José Ignacio Macchia explicó: “Ellos alegaron el desconocimiento, pero por recibos de sueldo la carga, la jornada y la categoría de empleo estaba todo, fueron nombrados por decreto, la ley orgánica establece que cuando no podés cumplir tareas extraordinarias con el personal permanente, se puede contratar temporarios, que no gozan de estabilidad”.
El funcionario confía en que la Corte provincial no haga lugar al recurso extraordinario pedido por Parsi y Lima. De hacerlo y fallar a favor de los contratados será una deuda más para el erario municipal.
