La COOPSER festeja el fracaso de un socio

Si quedaban dudas sobre la posición de la Coopser en torno a los aumentos dispuestos por el Gobierno Nacional y sus consecuencias en los bolsillos de los asociados, se han disipado.
El pasado Viernes, la Cooperativa de Servicios Eléctricos emitió un comunicado informando la victoria judicial obtenida con un “fallo favorable” a esa entidad “sobre la aplicación del nuevo cuadro tarifario”. La socia Elda Birador de Muñoz había presentado una acción de amparo para solucionar la problemática de afrontar dos facturas que treparon a más de 4.000 pesos cada una.
Elda Birador y su esposo Gerardo Muñoz son profesores de educación física jubilados que explotan una plantación de arándonos en la zona de Río Tala. Su emprendimiento aparece entre aquellos sobre quienes —en virtud de la normativa dispuesta por los ejecutivos Nacional y Provincial— recae el aumento en la provisión de energía eléctrica. De pagar unos 1.000 pesos mensuales pasaron a más de 4.000 con el lógico consumo que conlleva una actividad de índole estacional que, por supuesto, necesita frío para su preservación. “Si bien en esos meses hay un importante aumento de consumo, por la cosecha de arándanos, comparando los valores por kilowatt el aumento es importante y no lo podíamos afrontar”, comentó Muñoz.
Un recurso de amparo fue presentado a través del estudio de la abogada Marisa López Bravo, luego de que COOPSER enviara aviso de corte a la socia y ésta respondiera solicitando facilidades de pago. El Consejo de Administración denegó la solicitud aduciendo que tuvo que “afrontar los costos de abastecimiento”. Además, explicaban que la negativa se resolvió “pensando justamente en el socio y en la Cooperativa”.
La normativa que invocan COOPSER y el fallo dicen que “La Resolución Nº 1-169 dictada el 31 de Octubre de 2008 estableció nuevos precios para los cargos variables por consumo, disponiéndose su aplicación a los usuarios residenciales que encuadraran en la categoría, con consumos Mayores a 1.000 Kwh por bimestre, y a la totalidad de los usuarios comerciales, de acuerdo a distintas categorías, con retroactividad al 1º de Octubre de 2008 y hasta el 30 de Abril de 2009”.
Los argumentos esgrimidos por Birador a través de su representante legal tenían basamento en el articulado constitucional invocado por la Defensoría del Pueblo, mediante gestión del ex Defensor y ahora candidato a diputado por Córdoba, Eduardo Mondino. Si bien Defensoría aparentemente no puede accionar en jurisdicciones municipales, el Ejecutivo local recolectó la documentación haciéndose eco de los reclamos de vecinos afectados por los incrementos, gestionando una reunión con Eduardo Mondino. Fue la Jefa del Área Usuarios de servicios públicos de la defensoría, quien recibió al Intendente Barbieri y al abogado Facundo Vellón, narrado en la edición Nº 882 de La Opinión.
Allí, el Secretario de Planificación y Gestión jugó el papel de asesor letrado en el tema, tarea que le corresponde por función a la Dra. Paola Basso. En esa oportunidad se entregaron cinco biblioratos con casi cuatrocientos reclamos de todo el partido de San Pedro. Desde entonces se espera una respuesta que establezca qué tipo de acción puede iniciar el Municipio, ya que debería emprender una demanda similar a la iniciada ante el Gobierno para que en principio se suspendan los cortes y luego se trabaje en la cuestión de fondo que consiste en el cuestionamiento pleno a todos los “castigos” aplicados a quienes se excedieron en el consumo, sobre todo aquellos que generan mano de obra y trasladan los costos a sus productos generando inflación.

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Los devoran los de afuera
El fallo contra Birador y el alegre comunicado ratifican la distancia cada vez Mayor que existe entre los socios y la conducción de la Cooperativa.
En cada titular de un medidor se desdibuja la identidad cooperativa y la pertenencia como miembro para pasar a pensar el suministro de energía como si fuese brindado por una empresa privada.
Los principios del cooperativismo están fundados en la solidaridad entre las partes intervinientes. Una cooperativa es una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente.
En San Pedro, COOPSER supo ser un ejemplo de cooperativismo y solidaridad. Desde un buen tiempo a esta parte, los clásicos valores de igualdad, honestidad, transparencia y democracia que aquellos 28 trabajadores ingleses del siglo XIX crearon como alternativa se observan borrosos en el seno de una herramienta fundamental que los sampedrinos descuidamos cada vez en Mayor grado.
Muchas veces las soluciones que se esperan de las cúpulas que ostentan poder tendrían Mayor eco en esos ámbitos en la medida en que la sociedad civil asuma su propia responsabilidad y entienda que el verdadero rol de sus representantes es asumir su defensa y no su permanente condena.

Asesora a dos puntas
La jueza Fernández Balvis procuró en la audiencia entre Birador y COOPSER acercar a las partes, pero al denegar el amparo favoreció a la Cooperativa. Con “eufórico” lenguaje, redactaron el comunicado que celebra la imposibilidad de una socia de la propia cooperativa de regularizar su situación de deuda, obligándola a pagar no sólo las facturas sino también los honorarios de la abogada Paola Basso, quien “casualmente” es Asesora Letrada de la Municipalidad de San Pedro y se desempeña a la vez como “asesora externa” de COOPSER.
Consultada al respecto, la abogada Basso manifestó: “La Cooperativa no puede afrontar el aumento de costos de producción de las empresas”, y que a ella no la llamaron “para defender al socio”. Esto lo dijo en referencia a cierta contradicción que aparece a la hora de pensar que la señora Birador es socia de la cooperativa y presentó sus quejas a través del Municipio como otros tantos ciudadanos. En su doble función, Basso no abogó por solucionar la problemática de un asociado, sino que, muy por el contrario, se enorgullece de no sentar un precedente para que otros socios con las mismas dificultades puedan solicitar facilidades de pago para afrontar el desmedido incremento del servicio.
Lo paradójico es que Basso pueda cumplir su trabajo en simultáneo, como asesora de Coopser y del Municipio. La abogada afirma cobrar un abono mensual de “mil y algo de pesos” y haberse excusado en cuestiones donde intervienen como partes la Municipalidad —poder concedente de la Cooperativa para el suministro de energía eléctrica— y COOPSER.
Basso, como Asesora Letrada de la Municipalidad, debería estar actuando en defensa de los consumidores que reclamaron ante la Defensoría del Pueblo, con participación activa del Intendente Barbieri y su “Primer Ministro” Facundo Vellón. Sin embargo, no sólo no participa de esas gestiones —“Se ocupa el Dr. Vellón”, dijo a La Radio—, sino que a su vez representa a la COOPSER contra una socia y usuaria del servicio.
El caso representa un preocupante caso de incompatibilidad de funciones, pues el artículo 13 de la Ley de Etica de la Función Pública, en su capítulo V, dice que es incompatible con el ejercicio de la función pública “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. Algo que tal vez no haya leído antes de ofrecer sus primeras declaraciones públicas.

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