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sábado, mayo 15, 2021

La contracara de la solidaridad es la extorsión permanente

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Las historias solidarias en las que a diario participa la sociedad son incontables. En dos semanas una niña no vidente obtiene su máquina braille, el asesoramiento de SADIV y hasta el baño y el agua potable para su casa sin que el Estado intervenga porque la población se adelanta a los atrasos y a la modorra que la burocracia le impone a miles de niños que necesitan de su atención. Guste o no a la dirigencia, las acciones esporádicas se pierden en el camino y las responsabilidades se diluyen al compás del famoso “no es nuestra tarea, esto le corresponde a…”.

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En cuatro horas otra niña de 11 años operada de un tumor en la cabeza obtiene de otro vecino una silla de ruedas que le permita “no ir a upa” de su papá para   consulta en la tan distante Buenos Aires, donde continuará tratamiento. Eso sucedió el lunes, como dijimos, en pocas horas y también sin intervención del Estado.

Otro ejemplo reciente es el del niño de 13 años que quedó atrapado en una reja cuando intentaba robar en un domicilio. Su madre se comunicó desesperada procurando atención y tratamiento. Hasta el sábado a la tarde era una noticia policial que se transformó apenas desde la Secretaría de Desarrollo Humano se interesaron en el caso “que no les corresponde” porque deben ser otros los organismos que intervienen pero en el que intentarán ayudar para procurarle una escuela al menor y un asesoramiento de contención a la familia. Los resultado se sabrán de dos modos: o en las páginas policiales dentro de algunos años (ojalá no suceda) o en un joven que cambie su destino por una intervención oportuna de quienes tienen responsabiliades en el Gobierno. Sabemos que no se puede todo, pero al menos hay que empezar por uno.

Podríamos enumerar decenas de casos en los que apenas una palabra logra torcer la historia y de hecho, aquí, en los medios a nuestro cargo, actuamos casi de manera directa sobre todo aquello que tenga que ver con la niñez, en primera instancia. Los primeros años de vida no sólo se construyen con alimento sino con las conductas que, aunque muchas veces transitan por el borde del abismo, implican lo que algunos denominan “golpes de suerte”, otros “milagro” y apenas unos pocos “la acción de alguien capaz de mirar tras la barrera del prejuicio” que nos separa de esas criaturas una oportunidad para poner como guía una señal que indique que es lo que hay para adelante y no aquello que les arruinó la historia en ese “atrás” tan espantoso que les tocó como punto de partida.

El caso del niño que quedó abandonado en Córdoba con una familia agradable y hospitalaria salió mal, muy mal. Padre preso, hermana presa, madre abandónica, abuela angustiada y cansada de criar nietos. Hoy su nombre sólo se asocia a la disputa de los pesos que le otorga la Asignación Universal por Hijo mientras el Estado “se hizo el boludo” en todos los ámbitos. Sin excepciones, la escuela, asistentes sociales, minoridad, familia, Justicia, fuerzas de seguridad. Todos dijeron a su tiempo “esta no es mi jurisdicción, el caso está resuelto” y el niño, por ende, quedó abandonado a su suerte hasta que su padre recupere la libertad e intente nuevamente sostenerlo.

Hoy la realidad nos demanda hacer periodismo editorial con estas historias sobre las que en centenares de oportunidades mantenemos disputas con el poder de turno que siempre se siente agraviado por aquello que damos a conocer cuando vemos menores en riesgo. El poder siempre se ofende cuando se desnuda alguna situación que ponga en tela de juicio la eficacia de quienes asumen responsabilidades públicas. El poder no es solo político sino también judicial, tal vez este último más afecto y propenso a vivir en la constante hipocresía de “no condenamos menores” porque naturalmente “los expulsan de la sociedad” al eximirse del seguimiento de los organismos que luego también restringirán sus obligaciones de lunes a viernes de 8 a 14, como si durante el resto del tiempo los menores no tuviesen problemas.

Para la prensa, los casos sin remedio traen nuevas noticias en esa concepción brutal de “llenar páginas y páginas de amarillismo” sin reflexionar sobre el rol que en las pequeñas comunidades demanda el aporte a la construcción de una mejor sociedad.

El caso que nos ocupa es uno de esos en los que las oportunidades van pasando sin remedio. Es uno de esos en los que se le pone nombre a una tragedia y que luego crece y crece en acciones que no van a parar a ningún lado por la perversidad de alguno de sus protagonistas. Es uno de esos en los que la solidaridad se transforma en extorsión y cuyo abordaje puede ser calificado alegremente de “estigmatización de la pobreza” en vez de apuntar al RESCATE DE LA NIÑEZ COMO DERECHO.

Con sólo 18 años y siempre según el conveniente relato de su concubino, Camila se prendió fuego en enero de 2017 en la precaria vivienda que compartía con un hombre de 35 años. Tenía un niño de un año y un embarazo que luego se supo cursaba el segundo mes. Camila es hija de una mujer muy conocida en el ambiente de la ayuda social por sus constantes demandas. Camila murió y por entonces  su agonía se parecía a la única bisagra capaz de torcer la historia de sus hermanos y la de su propio hijito. “Ya le dimos materiales y mercadería”, fue la respuesta que por entonces se recibió desde el Estado local como si con ello se salvasen las almas de otros cinco niños que en dos años se transformaron en siete porque la progenitora fue agregando infancia a la desgracia. La última nació para la época de elecciones, tiempo propiciopara pedir materiales, ventanas, chapas, comida y “lo que venga” sin que nadie revise si en la casa hay al menos un baño o agua potable para cuidar esas mañanas de calor insoportable con olor a mierda.

La madre de Camila, que se apoda a sí misma como “La Rocha” en redes sociales, está acostumbrada al circuito de todos los vicios. Pide aquí, pide allá y también reclama en los medios. Usa a los menores para influir en el ánimo de quienes la ayudan y luego los golpea sin piedad puertas adentro de su también precaria vivienda del Bajo Cementerio. La madre de Camila llegó hasta un hombre que quiso ayudarla en la construcción de una nueva habitación para poder “ver al nieto que está internado en un hogar” y lo consiguió porque también este medio influyó para que se le entregara otra partida de materiales. Visitamos su casa varias veces, tomamos fotos de los cimientos, de las paredes y hasta de la beba recién nacida de la que tienen que hacerse casi madres sus pequeñas hermanitas porque su progenitora tiene otras “ocupaciones” por las que se ausenta del hogar durante horas y horas cada día. No hay controles ni vacunas ni escuela ni jardín que hagan un seguimiento de esa infancia desquiciada.

La madre de Camila ahora también extorsiona a quien la ayudó a levantar las paredes. Hace público que le ha robado materiales, reproduce calumnias de todo tipo y llama casi a diario a La Opinión para volver a extorsionar. Pero ahora, la madre de Camila volvió a cruzar el límite: puso en venta la vivienda que le ayudaron a construir con esfuerzo colectivo.

Es allí cuando la solidaridad se transforma en extorsión, cuando también tenemos que relatarlo, publicarlo y demandar una urgente intervención sobre los hermanos de Camila que sufren lesiones irreversibles cada vez que su progenitora los deja presos de sus miserias.

Con seguridad, la madre de Camila también debe tener su historia de abandonos, pero ellas no son suficiente motivo para la condena a su descendencia.

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