La continua guerra del papel

La batalla por el coloso sampedrino del papel para diarios que llevan adelante el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín continúa escribiendo capítulos en la Justicia. Esta semana hubo presentaciones judiciales de ambas partes, luego de que el inefable supersecretario kirchnerista Guillermo Moreno dijera en una reunión que tenía muchachos expertos en quebrar espinazos y presentara una denuncia contra el Directorio por haber difundido supuesta información falsa sobre la situación económica, y que los empleados firmaran una solicitada que salió en los diarios Clarín y La Nación preocupados por “los embates del gobierno sobre la empresa”.

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Mirada local
En San Pedro, son los trabajadores los que siguen de cerca los avatares de esta guerra que ya no tiene treguas. Algunos proponen movilizarse para rechazar la incursión del Secretario de Comercio Interior y llegan a elaborar estrategias para el corte de rutas en defensa de la planta. “Hace 30 años que trabajo acá”, dijo uno de los empleados consultados por La Opinión y agregó: “San Pedro va a perder todo el dinero de su economía, va a ser como San Nicolás con SOMISA. Hay que pedir que se levante el pueblo para defender la planta”. Otros consideran que, por el contrario, una participación mayor del Estado “garantizará los puestos de trabajo” y sacará de la precariedad a la mitad de los trabajadores.
Por su parte, el Estado local no hizo manifestación pública alguna sobre el tema. Ni el Diputado Nacional Barbieri, su sucesor Guacone, o el Honorable Concejo Deliberante, tan propenso a presentar proyectos de Resolución para opinar sobre otras cuestiones de alcance nacional, se han expedido sobre un tema que late en las conversaciones cotidianas de los sampedrinos, para quienes la planta tiene un valor simbólico que se conecta directamente con la idea de progreso, industrialización, trabajo, bienestar.

Batalla judicial
El viernes pasado, el Juez Federal Octavio Aráoz de Lamadrid designó al abogado Carlos Bianchi como Veedor, para que controle desde el interior de la empresa lo que sucede con Papel Prensa y se lo informe. La medida se dispuso luego de un pedido de los accionistas privados, que denunciaron, una vez más, que Moreno habría montado un “operativo delictivo” para tomar el control de la compañía.
Bianchi no desplazará a las autoridades de la empresa y su tarea será la de “recolectar datos y elementos que ilustren al tribunal sobre cuestiones atinentes al funcionamiento de la sociedad” en términos financieros y “vigilar las operaciones” que realicen los accionistas, presentando un informe mensual desde fin de año, cuando esté en funciones.
Por su parte, la representación estatal en la firma papelera también hizo movimientos judiciales para continuar con la disputa. Esta semana el abogado Alberto González Arzac, miembro del Consejo de Vigilancia en nombre del Estado nacional en Papel Prensa presentó una denuncia penal por “defraudación a la fe pública” en la que enumera una serie de “irregularidades” que se habrían cometido por parte del Directorio, entre ellas “ausencia de reuniones del Consejo de Vigilancia, pese a lo que establece el artículo 15 bis del estatuto social, que reclama que el Consejo se reúna al menos una vez al mes, lo que no ha ocurrido”; también se refiere a la designación de autoridades y la presentación del balance correspondiente al tercer trimestre del corriente año, en las que asegura “no coinciden los hechos relatados en el borrador con lo efectivamente ocurrido”.
El abogado considera que la situación “presenta un estado de caos institucional en el Directorio y en el Consejo de Vigilancia, órganos sociales de mayor importancia”, por lo que se estaría ante un “fraude en perjuicio de los accionistas de una sociedad que cotiza en bolsa, entregando información que vulnera la fe pública, bien jurídico tutelado por el Código Penal, al publicar un balance falso, informando con falsedad sobre la situación económica de la empresa”.
Moreno quería esa denuncia penal contra la empresa por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), cosa que no sucedió y obligó al desplazamiento de su titular, Eduardo Hecker, que fue reemplazado por Alejandro Vanoli, a quien sindican como leal al “Napia”. Sin embargo, el Supersecretario envió a su pareja actual, la abogada Marta Cascales, a seguir de cerca el caso de la papelera, por las dudas.
La CNV es el organismo fiscalizador de las empresas que cotizan en bolsa y tiene acceso a toda la información de las compañías como Papel Prensa, pudiendo tomar medidas directas en el caso en que detecte irregularidades que afecten a los accionistas.

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Los del medio
Entre tanta denuncia y opiniones cruzadas, Papel Prensa produce 170.000 toneladas anuales de papel diario cuyo 82 por ciento quedan en Clarín y La Nación, los dueños de la empresa. La participación mayor o menor del Estado debería existir para garantizar la libertad de impresión a todos los periódicos argentinos en igualdad de condiciones, sean o no afines a los gobiernos de turno o a los intereses de los grandes actores de la economía.
El problema surge cuando se confunde libertad de prensa con libertad de empresa o Estado con Gobierno, y se corre el riesgo de pasar de un monopolio a otro, sin que se solucionen los problemas por los que se debate de manera superficial y que sirven como punta de lanza para dirimir una disputa política en la que la ciudadanía mira desde la tribuna.

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