La Comisión Investigadora tiene destino de resolución en la Corte Suprema

El viernes, pasadas las 13.00, el abogado Carlos Andreucci entregó el descargo del Intendente Pablo Guacone a la Comisión Investigadora. Son 299 páginas en las que el asesor del Jefe Comunal busca desarticular lo actuado por los concejales, probar la nulidad de la investigación y contrarrestar las observaciones del dictamen con el objetivo de preservar al mandatario de una eventual destitución que pudieran votar los concejales.
El texto llega “en tiempo y forma”, aunque desconoce los plazos y repite el asunto de los 30 días corridos; responde “subisidiariamente” –es decir a pesar de plantear una nulidad formal– los puntos que aparecen observados por los concejales. Lo mismo hace respecto a las recusaciones hacia Mario Sánchez Negrete e Iván Paz.
Andreucci ratifica la nulidad de la notificación que recibió Cheyllada, porque debería haber sido “personal” al Jefe Comunal. Señala que los puntos no fueron “bien definidos” y que introdujeron “otros cargos” que no aparecen detallados en el decreto de conformación, cuyo punto 11 califica como de “absoluta imprecisión y ambigüedad que es intolerable en el sistema legal aplicable”. Asegura que el día de la votación no se introdujeron correctamente los cambios planteados en el proyecto original y que el decreto constitutivo no definió reglamento ni modalidad de funcionamiento de la Comisión Investigadora.
Sostiene que “las dos primeras nulidades articuladas fulminan lo actuado por la Comisión investigadora y anticipan la nulidad absoluta e insalvable en caso que el HCD pretendiera avanzar en decisiones que avalen lo actuado por esta Comisión impugnada”. En ese sentido, advierte que recurrirá a la Corte, puesto que deja entrever que adivina lo que los concejales tienen decidido: a menos que la Justicia diga lo contrario, a mitad de enero habrá sesión especial para votar la destitución de Guacone.

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Una mirada política
Andreucci estuvo en San Pedro desde el jueves de la semana pasada. Desde el viernes por la mañana, cuando brindó una entrevista a FM Génesis, repite ante todo periodista que lo consulte el mismo resumen sobre las 299 páginas de su escrito. En ese resumen, una de las cuestiones importantes es la política.
En el descargo señala que “pretender remover la voluntad popular por la suma de votos de concejales que están actuando subjetiva e ilegalmente es sustituir la base democrática directa que se expresó en las urnas”.
Analiza que “a menos de 20 días hábiles de culminar el año 2014” y a “cinco meses” de las elecciones Primarias “para determinar las candidaturas de quienes se presentarán en las elecciones generales en las cuales se elegirá al futuro Intendente de nuestro Partido” es necesario hacerse algunas preguntas.
“¿Creen los miembros de la Comisión y del HCD que obtendrán más votos en las próximas elecciones impulsando estas actuaciones ilegítimas, inoportunas y políticamente dañinas para el Partido y su pueblo?”, se pregunta.
“¿Creen que están dadas las condiciones para que este Partido rompa su tradición desde su fundación de no haber tenido ningún precedente de afectación de gestión de Intendente?”, agrega.
Califica de “absurdo” el enfoque y pide a los Concejales que “reflexionen” y a la Ciudadanía que “tome conocimiento acabado del daño institucional que se la hará al municipio y su pueblo”.

Cuestionamientos formales
Andreucci sostiene que la Comisión Investigadora “extralimita los casos y conceptos sobre los cuales pretende formular investigación y reclama respuestas pidiendo informes y documentos generando un listado que constituyen cada uno de ellos la creación de un nuevo cargo o caso que no está dentro de las atribuciones conferidas”.
Así, interpone “extralimitación de la Comisión Investigadora a los fines del objeto de esclarecimiento; vencimiento de su plazo de competencia; exceso de actuación en base a la conformación de la Comisión; prejuzgamientos por parte de los miembros de la Comisión y de los integrantes del HCD, falta de determinación o precisión de los cargos, alteración de la determinación de los hechos y calificaciones efectuadas”.
Para Andreucci, hay incomptentecia del HCD para juzgar la responsabilidad del intendente en materias que le son de exclusiva atribución. En ese sentido, plantea lo que este semanario había advertido ni bien dio a conocer el decreto de la Comisión Investigadora respecto a la aparición de muchos puntos que formaban parte del dictamen de observaciones del Tribunal de Cuentas.

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Respuestas técnicas
“Hemos respondido los cargos para que se tenga en claro que aquí hay una explicación de gestión, se han aportado todos los elementos documentales, y se han aportado pruebas complementarias”, dijo ante los medios el abogado.
En el escrito, el repaso técnico y documental abre el debate sobre “la mitad de la biblioteca”, que el asesor letrado de la Comisión Investigadora Leandro Nimo ya analiza desde el lugar contrario al de Andreucci.
El descargo del intendente dice que las publicaciones del Boletín Oficial se cumplieron porque lo hicieron en el Diario de San Pedro; que las licitaciones cuestionadas fueron hechas con “transparencia” y que es facultad de la administración adjudicar la obra pública a un único oferente, toda vez que sea “fundada”, a pesar de lo que dice la Ley Orgánica. En ese sentido, dice que hay que “demostrar que lo resuelto es infundado o, más precisamente, perjudicial al interés público municipal”.
Sobre el uso del Fondo Educativo señala que se transfirió a la cuenta de gasto corrientes para pagar personal que reviste en servicios educativos, con excepción de una agente que estaba en el Hospital y fue trasladada a la “guardería El Amanecer” (sic). La fecha del movimiento de legajo es 01 de mayo de 2014, feriado nacional por el Día del Trabajador.
Sobre la cuenta que manejaban Borgo y Sualdea, dice que no se transgreden los extremos planteados en el cargo, “toda vez que la cuenta es puente no existiendo pagos o disposición de fondos a terceros, si no que los mismos se realizan a través de la cuenta de recursos ordinarios con un cheque mensual”.
Sobre la mayor cantidad de empleados que lo previsto, indica que “la razón se encuentra primero en falta de aprobación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2103 dado que la expansión se debe a las mayores demandas en el aérea de Salud y Acción Social como se puede apreciar en la documentación elevada oportunamente”.
Así las cosas, “las necesidades debieron cubrirse con la incorporación de agentes”, que el Concejo “convalidó” al aprobar el Presupuesto 2014.
En el escrito respondieron 34 pedidos de informe, aprobados en 2013 y 2014, de los que no habían ofrecido respuesta sino hasta ahora.
Sobre las obras adjudicadas a Manuel Montesino, cuestionadas por haber sido pagadas en su totalidad pero no terminadas, amen de que los montos superan la contratación directa, respondieron que “se confeccionó un presupuesto general para obtener un número real de la obra. Por rapidez se resolvió, realizarla por etapas; los montos permiten resolverlo por contratos directos” y también: “Hay una memoria técnica inicial de los trabajos a realizar y adicionales que fueron detallados momento de la contratación, en los certificados fueron considerados por etapas en base a lo presupuestado”. Agregan que “la obra no fue culminada a la entrega de expediente por eso no figura el acta de recepción”.
Sobre el festival de guardias y horas extras, el Intendente sostiene que “los turnos que se emplean responden a las necesidades del servicio, a la necesidad real de la atención ciudadana y a que se cumplan pues es la demanda social la que determina su aplicación”.
En ese sentido, señala que “el nivel de gastos en horas extras, guardias médicas y otras retribuciones variables se corresponden con las necesidades de servicio”, al tiempo que recuerda que “es competencia propia y excluyente del Departamento Ejecutivo Municipal en materia de personal” y que en todo caso el control de ello es materia del Tribunal de Cuentas
“Los montos pagados en concepto de horas extras se conforma a las necesidades de servicio establecidas por las direcciones pertinentes frente a la limitaciones presupuestarias de 2012 y el crecimiento de las demandas comunitarias durante 2013 y 2014”, argumentaron.
“Las actividades y tareas realizadas por las distintas áreas municipales que justificaron el referido incremento de horas extras durante el ejercicio 2013 han sido atender la necesidades publicas conforme las misiones y funciones de cada una de esas áreas”, dice el escrito, en clara contradicción con lo que funcionarios como Roberto Borgo o Hugo Albouy han dicho a La Opinión respecto del pago de horas extras para cubrir jefaturas que no figuran. Ni hablar de que si se contabilizan las horas de algunos agentes no les alcanza el año para trabajar por lo que cobraron.
Sobre el Estacionamiento Medido, uno de los temas más arduos de responder puesto que se trata de una situación irregular que hasta podría configurar un delito penal, señalan cuestiones formales: que al tratar la Rendición de Cuentas 2013 los ediles no dijeron nada; que el Tribunal de Cuentas debe expedirse sobre el tema; que los contratos son “competencia propia de gestión del DEM” y que “la invocación de una tarjeta de estacionamiento medido no puede ser opuesta a mi parte ya que no guarda regularidad su incorporación como tal”. Nada dicen respecto de lo importante: Ayudis entrega tickets cuya numeración no se corresponde con los que debería imprimir la Municipalidad, de acuerdo a lo que señala la ordenanza.
Sobre el Uso de playas y riberas, que intentaron comenzar a cobrar recién en octubre, respondieron que, en efecto, “se efectuaron las intimaciones pertinentes” y que “está en trámite procedimental la determinación dentro de los plazos vigentes y aún dentro de la protección de los créditos”. No mucho más.
Respecto a la falta de decretos que autoricen contratación y adjudicación de alquileres pagados con el Fondo Educativo, Andreucci y Guacone respondieron que “no surge sustento normativo que prevea el dictado de decretos para tales pagos de la casa del estudiante en la ciudad de Rosario. Por lo cual no hay objeción alguna”.

Audiencias para tomar testimonios
El escrito de Guacone solicita la recolección de pruebas y testimonios que podrían demorar aún más el proceso. Solicita un pedido de informe al Tribunal de Cuentas para que diga si los puntos planteados con “competencia constitucional y legal reservada” a su órbita.
A la Jueza Fulgheri que detalle el estado procesal de la causa que suspendió la anterior Comisión Investigadora, ya que Andreucci considera que hay puntos que se repiten, por lo que el Concejo desobedeció la manda judicial de la medida precautelar interpuesta.
Pide la designación de un “perito ingeniero civil y/o arquitecto a los fines que se expida en informe pericial de su especialidad” en los puntos relacionados con las licitaciones de obras.
Además, presenta un extenso listado de testigos para que declaren, que incluye a funcionarios, exfuncionarios y empleados municipales profesionales o no, vinculados a los temas tratados.
La Comisión Investigadora notificó ayer martes al Intendente respecto de la recepción del descargo y dio cuentas de los pasos a seguir. Rechazó la pericia de un especialista ingeniero o arquitecto, así como la pretensión de pedir informe al Tribunal de Cuentas sobre la competencia.
Tampoco aceptó la solicitud al Juzgado en lo Contencioso Administrativo. Sí lo hizo con otras soliciutdes de informe cuyo oficio deberá librar el propio Jefe Comunal.
Además, los concejales aceptaron fijar audiencias para la apertura de pruebas y la toma de declaraciones testimoniales a las personas propuestas por Guacone.
Esas audiencias comenzarán el martes próximo, con seis testigos por día. Luego, la Comisión Investigadora redactará su informe final, convocará a sesión especial para calificar la gravedad de los hechos, citará al intendente para permitir su defensa en sesión y resolverá la continuidad en el cargo.
El horizonte de la destitución es un hecho, a menos que la Justicia lo impida antes. Por ello, y ante lo que advirtió el abogado Carlos Andreucci, el futuro de Guacone quedará en manos de la Corte Suprema.

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El Centro de Comercio reclamó a Guacone
La entidad envió una nota al Intendente en la que le recuerda que en noviembre de 2012 comenzaron a alertar sobre “la entonces preocupante situación económico – financiera del Municipio”, al tiempo que ofrecieron su ayuda y se quejaron por la novedad de que habrá un importante aumento de tasas.
Señalaron que hace casi un año, junto a los integrantes de la Sociedad Rural, mantuvieron una reunión en la que advirtieron “la falta y/o deficiencia en la prestación de servicios esenciales que competen al Municipio tales como el mantenimiento de la red vial, agua corriente, cloacas, la ausencia de un plan de seguridad, el excesivo gasto en personal sin cumplimiento efectivo de las jornadas laborales, nuevas designaciones, el desorden en inspección general, en las habilitaciones comerciales, en los derechos de construcción, entre los más relevantes”.
Recordaron la promesa de la racionalización del gasto, la mejora de la recaudación y de “mostrar orden en la gestión” que les hizo el Jefe Comunal y aseguraron: “Nada de ello se concretó y hoy a fines de 2014, ante un panorama que empeora día a día, nos encontramos que la única alternativa válida para su administración es un descomunal aumento de tasas”..
“Creemos firmemente que lo que sucede en nuestro Partido, ahora más que nunca, es responsabilidad enteramente suya y de su gobierno”, sostuvieron desde el Centro de Comercio.

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