La causa por la construcción del barrio San Francisco seguirá en investigación
Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones al denegar el pedido de sobreseimiento que presentaron los imputados Mario Barbieri, Flavio Peiró y Alejandra Giribaldi. El abogado Benito Aldazabal confirmó que irá a Casación porque considera que “no hay delito”. La Justicia entendió por segunda vez que es necesario que la investigación siga su curso.
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El viernes pasado la Cámara de Apelaciones notificó que la causa que investiga la presunta malversación de fondos en la construcción de las 309 viviendas del plan federal del denominado barrio San Francisco seguirá su curso en la Justicia, tras rechazar el pedido de sobreseimiento que hizo el abogado Benito Aldazabal en nombre del exintendente y actual presidente del Concejo Deliberante Mario Barbieri.
La Justicia había denegado el sobreseimiento para Barbieri, imputado en la causa junto al exdirector de Viviendas Flavio Peiró y la titular de la empresa constructora, Alejandra Giribaldi, y la Cámara rechazó la apelación de Aldazabal, que ahora probará suerte en Casación, según adelantó ayer a La Opinión.
El fallo entiende que los elementos que obran en el expediente son suficientes para que la investigación siga su curso en procura de establecer si existió la comisión de delitos en el manejo de los fondos que envió el Gobierno nacional para la construcción de ese barrio, tomado de manera masiva por familias que no eran las beneficiarias en el año 2007, semanas antes de las elecciones que ratificaron el liderazgo de Barbieri.
En un extenso fallo, la Cámara rechazó la solicitud de Aldazabal y estableció que es necesario que la causa continúe. El abogado había planteado que Barbieri debía ser desvinculado porque en más de siete años no hubo avances significativos, aunque la Justicia no lo consideró así. “No puede estar una persona denunciada siete años, con la caracterización política que tiene la causa”, había dicho a La Opinión en febrero el presidente del Concejo Deliberante.
La Comisión de Fomento del barrio, representada por los abogados Valentín Mastrángello y Nicolás Macchia, actual Secretario de Desarrollo Social municipal, solicitó a fines del año pasado la elevación a juicio de la causa.
“Yo sigo pensando de la misma manera: esto forma parte de la intencionalidad política que se evidencia desde el primer día de la causa. Cada vez que hay campaña política meten un escrito, más evidente que eso no hay”, dijo Barbieri en febrero pasado.
“La Empresa Constructora Giribaldi Hnos. recibió pagos por trabajos no realizados y por otros realizados defectuosamente y es evidente que debió haber una retribución hacia los funcionarios públicos que certificaron las obras y las pagaron” sostienen los abogados de la querella, que se apoyan en el informe del perito de la Corte Suprema de la Nación que estableció las deficiencias en la construcción de las viviendas.
La causa está en la Justicia Ordinaria, donde llegó luego de permanecer bajo instrucción de la Fiscalía Federal tras la denuncia del bloque de concejales justicialistas en 2009.
En febrero pasado, La Opinión reveló un video filmado por Mastrángello donde un albañil que trabajó en la obra y es testigo en la causa penal cuenta que les ordenaban “no rellenar las columnas” y con una amoladora hace un corte en una de las viviendas y muestra que, en efecto, están huecas.
Macchia y Mastrángello pidieron a la Justicia procesamiento, inhibición de bienes, indagatoria, elevación a juicio y una indemnización de 5 millones de pesos para las familias.
Por su parte, Aldazabal pidió el sobreseimiento, que fue dos veces rechazado y volverá a hacerlo ante la Cámara de Casación, ya que entiende que “no hay delito” a investigar. El abogado sostiene que las casas del San Francisco fueron “exitosamente construidas y normalmente habitadas, por un gobierno que tuvo la decisión de gestionar y abordar tan importante logro social”.
