La Azulada deberá resarcir a los 50 trabajadores hallados en situación precaria

El descubrimiento de trabajadores en situación de vulnerabilidad laboral en un establecimiento de La Buena Moza la semana pasada tuvo diversas aristas y tiene en marcha una causa en el Juzgado Federal del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, puesto que lo encontrado allí podría configurar el delito de reducción a la servidumbre.
En el establecimiento La Azulada, dedicado a la producción de arándanos para su exportación y la elaboración de dulces artesanales hubo un operativo encabezado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) de la Nación, la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a la Víctima tomaron intervención junto a la Fiscalía Federal del Dr. Matías Di Lello. Además, personal de Afip, el Ministerio de Trabajo y Gendarmería Nacional fueron parte del allanamiento.
La Procuraduría difundió el operativo recién el viernes, cuando tras más de 48 horas, los actuantes se retiraron del lugar y permitieron la salida de los empleados fijos del establecimiento, quienes podrían ser considerados encubridores en la causa.
En el campo había 50 trabajadores oriundos de Santiago del Estero. Golondrinas ellos, llegaron a La Buena Moza para trabajar en la cosecha de arándanos en La Azulada, establecimiento de la empresa del mismo nombre inscripta como sociedad de responsabilidad limitada el 18 de julio de 2012, cuyos socios son el contador público Edgardo Antonio Kauf-man y la empresaria Miriam Edith Alonso.
Estos detalles –nombre de la empresa, tipo de sociedad y socios– no fueron difundidos por la Procuraduría, que tampoco distribuyó fotografías del operativo, tal como suelen hacer en otros casos.

Ads

El relato de los explotados
El informe de Procuraduría señala que en la declaración testimonial que les fue tomada durante los días posteriores al allanamiento en el propio campo, los trabajadores señalaron haber sido contratados bajo la promesa de una paga de 200 pesos diarios para recolectar entre 50 y 75 bandejas de arándanos.
Sin embargo, cuando empezaron a trabajar se dieron cuenta que ese número era imposible y que no podían reunir más que entre 5 y 20 por jornada, por lo que ya sabían que su salario sería menor al acordado, a pesar de que en realidad deben cobrar por jornal y no “por tanto”, de acuerdo a lo que estipula la ley.
El delito de reducción a la servidumbre podría configurarse teniendo en cuenta que los golondrinas informaron que al ingresar a la quinta les retuvieron sus documentos de identidad y que les prohibían salir del establecimiento, con contadas excepciones como en ocasión de ciertos partidos de fútbol que fueron a ver por TV en un bar cercano.
La Procuraduría difundió que las condiciones de alojamiento de los trabajadores no eran “las óptimas” ya que dormían todos juntos en un galpón cuyo techo tenía goteras; no contaban con gas natural por lo que debían cocinar a leña; no tenían heladera; y los baños no estaban todos en buen estado.
Además, detallaron que les proveían un promedio de cinco kilos de carne para los 50 y que les descontaban 30 pesos diarios por persona por la comida.

Pasos judiciales
La Fiscalía dispuso un allanamiento en las oficinas comerciales de La Azulada, cuya sede social declarada está en Juramento 2017, 5° piso, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esas oficinas, el miércoles pasado por la noche la Justicia secuestró dinero, que fue repartido entre las personas rescatadas por disposición del Juez que interviene en la causa, en concepto de “pago parcial” por la deuda originada con los golondrinas, la que deberá saldar.
La Justicia evalúa la configuración del delito de “reducción a la servidumbre” que engloba “las condiciones de trabajo o la obligación de trabajar o prestar servicios de que la persona en cuestión no puede escapar y que no puede modificar”.
El “Grupo de trabajo sobre la trata de personas” de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen define como prácticas análogas a la esclavitud “la explotación económica de otra persona sobre la base de una relación real de dependencia o coerción, conjuntamente con la privación grave y de largo alcance de los derechos civiles fundamentales de esa persona”.
La ley vigente establece además que el consentimiento dado por la víctima de reducción o mantenimiento en estado de servidumbre o esclavitud “no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.
En ese sentido, si la Justicia define que hubo reducción a la servidumbre en este caso, habría imputaciones no sólo para los titulares de la empresa sino también para todos aquellos que guarden relación con la llegada del contingente de golondrinas desde Santiago del Estero a San Pedro e incluso de los empleados encargados del campo en La Buena Moza, en la medida en que podrían ser considerados “cooperadores” o al menos “encubridores”.
Al menos uno de ellos consultó a un conocido abogado con referencias políticas y judiciales para procurar averiguar cuál es su situación procesal, algo que la Fiscalía y el Juzgado no habían resuelto.
La empresa La Azulada tiene como abogados al reconocido estudio jurídico Cartey & asociados, de San Nicolás. El titular del establecimiento habría asegurado que tenía a todos los trabajadores registrados, a quienes habría dado el alta temprana en Anses el 20 de octubre pasado, algo que puede ser cierto, aunque ello no garantiza que las condiciones en las que fueron halladas no impliquen irregularidades administrativas desde el punto de vista de la leyes laborales o penales de acuerdo a la ley de trata.
Por su parte Uatre informó sobre el desarrollo del operativo que recorre esablecimientos “tranquera a tranquera” para verificar las condiciones de los trabajadores.

Ads

Qué tiene que ver Sergio Rosa
El miércoles pasado, el Director regional del Ministerio de Trabajo provincial, Mauricio Gugger, relató en declaraciones a FM Génesis parte de lo sucedido en el establecimiento La Azulada, aunque no nombró a la empresa ni a sus propietarios. A quien sí nombró fue al abogado y concejal Sergio Rosa, a quien señaló como el “apoderado” de la firma.
Consultado por La Opinón, Rosa explicó: “Yo no soy abogado de La Azulada de carácter permanente, me han contratado por algunas cuestiones específicas; durante años fui abogado de la Cámara de Arandaneros y escribí mucho sobre el tema, lo que hizo que luego los empresarios me consultaran”.
Respecto a lo que sucedió la semana pasada, detalló: “Estaba en un café con un cliente cuando el dueño de esta empresa me llamó, me contó que había una inspección en su campo y me pidió que me acercara. Fui, hablé con el Fiscal Di Lello, quien me informó que se podría estar ante un delito, por lo que volví a hablar con el empresario para recomendarle que derivara el asunto a un abogado penalista, porque yo no iba a intervenir en el tema”.
Sobre la aparición de su nombre en la noticia, prefirió no explayarse y atribuyó a cuestiones “políticas” lo sucedido.

Ads

Ads