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domingo, mayo 16, 2021

La abogada de la familia Rojas apeló la liberación de los policías

La Dra. Marisa López Bravo presentó esta semana a la Cámara de Apelaciones un pedido de revocación del arresto domiciliario del que hoy gozan los policías Luis Castañares y Llul. El pedido se basa en otros casos de homicidio en el que no se hizo lugar al pedido, aunque los detenidos eran padres de familias numerosas. Si el magistrado da lugar a la solicitud, los policías retornarían a su lugar de detención.

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La semana pasada la abogada de la familia de Gonzalo Rojas, el joven de 16 años que falleció en Diciembre pasado cuando era perseguido por policías, presentó la apelación formal para que la Cámara revea la situación de los dos efectivos procesados por el homicidio.
Luis Castañares y Llul regresaron el viernes 21 de Abril a la tarde a sus hogares, después de conocerse la decisión del Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. María Laura Vázquez de beneficiarlos con un arresto domiciliario. La medida se basó en la situación de ambos hombres porque son padres de familia y el sustento económico de la misma, por lo que quedaron habilitados para trabajar.
La Dra. Marisa López Bravo que patrocina a la familia Rojas, había adelantado que apelaría la decisión basándose en otros casos en los que la Cámara decidió no dar lugar a pedidos similares.
“Me baso en lo que es la igualdad ante la ley, porque en otras situaciones similares la Cámara no ha hecho lugar a morigeraciones de este tipo. El pasado 25 de Abril sin ir más lejos, salió una resolución de cámara con este criterio”, explicó a La Opinión. “O bien todos los detenidos por causas similares están con arrestos domiciliarios o estas personas (por Castañares y Llul) están mal liberados”; dijo. El caso que habría sentado una jurisprudencia al que se refiere López Bravo, es el de un homicidio en situación de riña ocurrido en San Nicolás. El acusado no cuenta con antecedentes penales y es padre de cinco hijos, y tampoco estaría probado aún que fue el autor del crimen, pero aún así la Cámara falló en contra de algún tipo de beneficio de excarcelación.
“La cámara dijo que no correspondía por el tipo de delito, porque en definitiva esto es una excarcelación disfrazada. Y los homicidios son delitos no excarcelables. O tenemos una justicia para todos o tenemos una justicia de privilegio”, dijo López Bravo en clara alusión a que en este caso los acusados son policías y por lo tanto podrían gozar de una mirada especial de la justicia.
Además, la abogada cuenta con otro argumento porque recientemente, la misma Cámara confirmó la prisión preventiva de Llul que había sido apelada por la defensa oficial de este policía, y esto sería un antecedente importante para solicitar que ambos efectivos regresen a una celda.

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“La familia no entiende”
Con respecto a la situación de la familia Rojas, López Bravo dijo que la madre del joven se encuentra recuperándose de su salud porque al conocerse la liberación de los policías, había intentado por segunda vez quitarse la vida.
“Ahora están con todas las expectativas para ver cómo resuelve el tema la justicia, porque no logran entender este concepto de un arresto domiciliario. Es común y entendible que las familias no acepten ningún razonamiento jurídico, simplemente quieren que estas personas paguen por haber matado a su hijo; es razonable que una madre piense así”, dijo la abogada.
Otra medida que tomará la abogada, será controlar la actitud del fiscal Omar Tempo para saber si también apeló la medida que benefició a los policías. “Todavía no lo sé, pero sino voy a pedir la destitución del fiscal por no cumplir sus funciones”, adelantó.
Por último, reiteró que todavía hay muchas cuestiones importantes que restan resolverse en la investigación, como por ejemplo, la posibilidad de que declare el principal testigo del hecho. Como se trata de un menor que además tendría antecedentes penales, todavía desde el Juzgado de Menores no se le permitió brindar testimonio. “Así nos quedamos sin un elemento clave”, explicó la abogada.
Se cree que por lo menos la Cámara demorará unos 20 días en decidir que pasará con los dos policías. Si el argumento expuesto por López Bravo es suficiente para la justicia, los dos policías volverían a ocupar sus celdas en la Comisaría de Ramallo o donde lo decida esta vez.

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