Juntan firmas para pedir informes a la cooperativa de Gobernador Castro, que hace 5 años no tiene asambleas
Vecinos y vecinas impulsan una convocatoria para reunir firmas que permitan que la cooperativa de la localidad informe sobre los servicios, las inversiones y la situación financiera, en medio de la polémica por el corte de suministro de agua y cloacas. Desde la entidad, informaron que trabajan para la convocatoria a una asamblea y explicaron la problemática por la que atraviesan.
En medio de la polémica por casos de vecinos y vecinas de Gobernador Castro que no pueden acceder al servicio de agua potable y cloacas, que en la localidad es medido y se paga según consumo, un grupo de personas lanzó una iniciativa para reunir firmas que permitan exigirle a la entidad informes de gestión y asambleas para dar explicaciones a los socios.
En la planilla que circula en la localidad para firmar señala que solicitan “informes de funcionamiento de la cooperativa sobre los diferentes servcios que brinda, las tareas de mantenimiento e inversiones que realiza para tal fin y sobre los balances económicos y financieros a los que los socios deberíamos tener acceso periódicamente”.
Los usuarios impulsores de la nota a elevar al Consejo de Administración de la Cooperativa de Sevicios Públicos de Gobernador Castro consideraron “vital el acceso a esta información” para conocer cómo se “administra y dispone de los recursos humanos y económicos con los que cuenta”.
Desde la cooperativa, el gerente Carlos Storti informó que la entidad tiene alrededor de mil socios y que hace cinco años que convocan a asamblea “por un problema administrativo” y por los efectos de la pandemia de coronavirus COVID-19, pero aseguró: “Hace siete meses estamos trabajando intensamente para regularizar la situación”.
Informó que en casi toda la localidad hay servicio de cloacas y que el abono promedio de los usuarios es de alrededor de 2.000 pesos por mes. La mayoría de los vecinos y vecinas tienen un consumo menor a ocho metros cúbicos y el resto, detalló, se ubica entre ocho y 15.
“En Gobernador Castro hay una planta de tratamiento de residuos cloacales que debe mantener la cooperativa, es la única que tiene el partido y anda bien, con dificultades pero es la única que funciona”, destacó Storti.
El gerente señaló que en los años previos a la pandemia comenzaron con un nuevo criterio que permita regularizar la deuda que muchos usuarios tienen con la cooperativa en materia de facturas de agua y clocas. Antes, dijo, sólo se notificaba y ahora les piden que “comiencen a pagar la factura del período, para no seguir incrementando la deuda, y que paguen una factura vieja”.
Indicó que la herramienta legal que tiene la cooperativa es la de demandar a los deudores y embargarlos, pero que no avanzan en ese sentido porque entienden las dificultades que existen, aunque procuran no desfinanciar las cuentas de la entidad.
“La cooperativa es de los asociados y el servicio es para que todos tengan agua, ahora bien, el servicio también requiere como contraprestación su pago, porque es la única fuente de financiación”, analizó e informó que existen casos de facturas impagas cuyos titulares comenzaron planes de pago.
Storti señaló que el Estado debería garantizar el servicio a quienes no pueden hacer frente al pago. Recordó que el proyecto de ordenanza para garantizar una tarifa social no avanzó porque el Municipio no tenía recursos para soportar el costo.
“La realidad hoy es que el único que se hace cargo de la prestación del servicio es la cooperativa, porque hay cero ayuda”, señaló y consideró que entre los planes sociales que el Estado abona a las familias en situación de vulnerabilidad social debería contemplarse un abono para pagar el servicio de agua potable.
“En Castro no hay cortes de agua nuevos, cuando comenzó el COVID se levantaron todas las suspensiones de servicio, todas”, sostuvo y aclaró que la deuda es de la propiedad, ante el caso de una pareja que vive en la casa de la abuela fallecida y que arrastra deuda.
“La cooperativa presta un servicio básico esencial, pero le rigen los aumentos tarifarios como si fuera un comercio más”, advirtió y dijo que en la actualidad lo que abonan los usuarios “es el costo de prestación y una mínima reserva para mantenimiento”.
“En el COVID levantamos todas las restricciones, se prohibió suspender el servicio, se congelaron las tarifas, tuvimos dos personas de licencia a las que les tuvimos que pagar el sueldo y recibimos ayuda cero, ningún tipo de ayuda, eso sí: nos embargaron las cuentas porque no pudimos pagarle a AFIP”, reclamó Storti y advirtió que “en el último período todos los costos se fueron al doble respecto del ajuste de las tarifas”.
“Esto genera desequilibrios financieros serios, hay precios congelados para un servicio que se debe prestar de manera ilimitada”, dijo y advirtió: Cuando se interviene sobre los precios y se fijan por debajo de los costos, el inconveniente es que en algún momento en el futuro el servicio no se va a poder prestar, y no hay peor servicio que el que no se tiene”.
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