J & J podría iniciar juicio contra la comuna

Tras la decisión de rescindir el contrato para la construcción del jardín de infantes en la ex cancha de Banfield por presuntas irregularidades en la documentación, la Municipalidad se expone al inicio de acciones legales ante la Justicia por parte de la empresa.
El Dr. Benito Aldazabal, representante legal de J & J Construcciones, adelantó a La Opinión que esta semana pedirá “una audiencia con alguien del Gobierno con facultades de decisión para ver si podemos llegar a una solución antes de iniciar la demanda”.
Para Aldazábal, la rescisión es “insólita”, ya que “la empresa cumplió con toda la documentación solicitada” por la Municipalidad, que aun así decidió rescindir la relación contractual con J & J.
“Cuando la empresa comienza a realizar la obra empiezan las objeciones y problemas que hace el Departamento de obras, exigiendo todos los días un elemento nuevo, incluso ajenos al pliego, como para ir obstaculizando. La empresa fue cumpliendo con todos los requerimientos hasta que en un momento dado aparece esta insólita rescisión contractual alegando morosidad en el inicio de las obras, cuando las obras no se inician porque no les dan la orden de inicio por parte del municipio, y por cuestiones absolutamente intrascendentes”, señaló el abogado.
Para J & J se trata de una “persecución política”, según dijo Juan Costa socio junto a Juan González en la empresa, y que obedece a su cercanía con Mario Barbieri, ya que Costa es, además de su cuñado y ex chofer, un hombre cercano en términos políticos.
De la misma manera, Aldazabal sostuvo que “esto es producto de un acto político, no podemos ser inocentes ni pecar de ilusos, esto tiene un alto contenido político. Seguimos en la argentina con esta práctica ya enquistada en el accionar político del país de hacer prevalecer cuestiones políticos sobre lo que quiere realmente la comunidad”.
En ese sentido, advirtió que “se está llevando al municipio a un conflicto judicial que va a ser importante, porque a la empresa se le ha ocasionado un enorme prejuicio con esta rescisión unilateral y carente de todo valor”. En el caso de que no lleguen a un acuerdo en la audiencia que solicitarán, presentarán una demanda por daños y perjuicios.
Según el decreto de rescisión, la empresa debe devolver 138.000 pesos que fueron adelantados según lo establecía el pliego de bases y condiciones de la licitación que se adjudicó J & J para el desarrollo de la obra. El abogado patrocinante del a constructora aseguró que no van a pagar: “Son ellos los que están debiendo, no va a haber ninguna devolución. Al contrario, lo que queremos es cobrar”.
Desde la Municipalidad sostienen que “la rescisión está firme”. El Secretario de Obras Públicas Pedro Restelli señaló que intentó “mediar todo el tiempo” y que siempre tuvo “buen diálogo con la empresa. “Les dije desde el principio. Pero bueno, si no cumplieron, mucho no se puede hacer”, señaló”.

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