Investigan ramificaciones de la red de trata laboral desbaratada en un comercio
Policía Federal de Córdoba encabezó un operativo en una tienda de ropa, donde hallaron dos mujeres sometidas a explotación, que serían inmigrantes bolivianas traídas al país mediante engaños. Hay cinco personas detenidas que forman parte de una red que actuaba en San Perdro, San Nicolás y dos ciudades cordobesas. Sospechan que podría haber otros casos muy cerca.
:format(webp):quality(40)/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/media/2020/08/trata_de_personas_1280x768.jpg)
La Justicia Federal intervino en San Pedro y otras tres ciudades de las provincias de Buenos Aires y Córdoba en el marco de una investigación por trata laboral que rescató en total a un hombre y ocho mujeres sometidas a explotación y trata laboral, dos de ellas en una tienda de ropa ubicada en Mitre 1840.
Un operativo conjunto de AFIP, el Ministerio de Trabajo de la Nación, Migraciones y la Secretaría de Trata de
Personas permitió la detención de cinco personas de nacionalidad boliviana acusados de la captación, traslado y sometimieto de las víctimas.
La investigación comenzó a mediados de 2014 bajo la coordinación del titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba, Enrique José Senestrari, y que contó con el auxilio de la División Protección de Personas de la Policía de esa provincia, cuyo Comisario Mayor Sergio Zárate encabezó el operativo que tuvo lugar en San Pedro.
Ese jueves, pasado el mediodía, la Policía Federal cordobesa irrumpió en una tienda de ropa propiedad de personas de origen boliviano ubicada en Mitre 1840 con el dato preciso de que allí había mujeres sometidas a explotación y trata laboral.
En efecto, se encontraron con dos chicas, también bolivianas, en condiciones de esclavas, indocumentadas, analfabetas y habrían sido traídas al país mediante ardides y engaños, con una modalidad que se repite en las otras seis rescatadas en este operativo, que incluyó allanamientos en San Nicolás y en las ciudades cordobesas de Salsipuedes y Unquillo.
Producto de la tarea investigativa de la Justicia Federal, la Policía detuvo a una familia compuesta por tres hombres y dos mujeres, todos de origen boliviano, acusados de engañar a las víctimas, traerlas de manera ilegal a la Argentina y someterlas laboralmente.
Explotación y trata
La investigación apunta a desbaratar una red de bolivianos que recluta personas de bajos recursos para explotarlos en Argentina. Según explicaron a La Opinión fuentes de la investigación, la modalidad es captar mujeres socialmente vulnerables en Bolivia, traerlas al país y hacerlas trabajar “una semana atendiendo en tal lado, otra en un taller clandestino, otra en otro y así”.
Los detenidos están acusados de viajar a Bolivia para convencer a personas necesitadas, bajo ardides y engaños, con promesas laborales que luego no se cumplían. Al contrario, en lugar del futuro mejor con que esperaban encontrarse, el panorama era sombrío.
La familia detenida compraba ropa en Bolivia y en los barrios de Once y Flores en Capital Federal para la reventa en comercios distribuidos en las ciudades donde se produjeron los allanamientos.
El subjefe policial agregó que la familia aparentemente se aprovechaba de la situación económica de las presuntas víctimas.
La acusación de explotación y trata laboral se apoya en la presunción de que los detenidos retenían la documentación, el dinero y los teléfonos celulares a las víctimas, a quienes impedían salir a la calle sin la “vigilancia” de alguno de los propietarios de las tiendas donde además de trabajar, dormían en condiciones precarias.
“Estas chicas no salían a la calle ni nada”, señalaron quienes estuvieron en el operativo llevado a cabo en el comercio sampedrino, que no fue clausurado ni tampoco sufrió el secuestro de la ropa que se vende al público, en general réplicas de primeras marcas cuya procedencia también es dudosa, en la medida en que se sospecha que, además de provenir de mayoristas ubicados en los lugares citados, podrían ser confeccionadas en talleres clandestinos, donde trabajarían otras personas sometidas a trata.
“La causa sigue y está en trámite”, aseguraron las fuentes del caso, quienes sospechan que habría otros negocios de esas características en San Pedro, por lo que la tarea del Fiscal Senestrari será ardua para desbaratar esta presunta red de trata laboral. El Juez Federal Ricardo Bustos Fierro es quien tiene la causa.
Un delito recurrente
La explotación laboral es un delito instalado y sobre el que hay una tarea conjunta de la Justicia y el Gobierno nacional desde que en 2012 se aprobó una ley que tipificó la trata de personas en el Código Penal.
Cuando se ofrezcan, capten, trasladen, recepten o acojan personas con fines de explotación laboral se configura el delito, que implica la reducción a esclavitud o servidumbre para el cumplimiento de trabajos o servicios forzados.
Por lo general, las víctimas consienten en parte o en su totalidad la situación, producto de las condiciones de vida que las llevan a aceptarlas. La migración es un elemento presente en cada caso: los datos oficiales dan cuenta de que el 70 por ciento de los sometidos son extranjeros o provienen de regiones distintas al lugar donde se produce la explotación.
“La explotación laboral muchas veces es invisibilizada por la sociedad debido a prejuicios que discriminan al migrante, como el racismo y la xenofobia que naturalizan el delito bajo falsos supuestos de que esas condiciones de explotación serían parte de la ‘cultura’ de las personas explotadas”, advierte el Comité
Ejecutivo para la lucha contra la trata de personas, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
Las actividades textil y rural son las que registran mayor cantidad de casos de trata laboral. En menor medida han sido denunciadas la explotación en trabajo en casas particulares y en el rubro de comercio.
La explotación se produce además con demoras en los pagos, descuentos ilegales, sobreprecios en productos básicos como agua, comida, ropa de trabajo, cobro de pasajes para los traslados y otras modalidades que deberían estar a cargo del empleador.
Los empresarios beneficiarios de la explotación comercial de lo producido por las víctimas tienen responsabilidad penal en los hechos.
