Investiga planes Jefes y Jefas otorgados a empleados municipales
La denuncia fue realizada por la Unidad Fiscal de Investigación de Seguridad Social, que depende de la Procuraduría de la Nación. San Pedro integra una lista de varios municipios que tenían empleados en relación de dependencia que cobraban los planes Jefes y Jefas de Hogar. El fiscal, Juan Murray, confirmó que el año pasado se secuestraron 63 legajos de empleados municipales que percibían el Plan Jefes y Jefas. “Hemos pedido declaraciones indagatorias y el Juez está profundizando respecto a la responsabilidad de los funcionarios municipales por posibles incumplimiento de sus funciones”, dijo el fiscal. El Secretario de Gobierno reconoció que se presentó a declarar por este caso, pero dijo que es una denuncia generalizada contra todos los municipios de la provincia.
Una de las tantas causas que está en manos de la Justicia Federal de San Nicolás se vincula con una denuncia generalizada contra varios municipios de la provincia de Buenos Aires por el “delito de acción pública”. Se los acusa de haber entregado planes Jefes y Jefas de Hogar a empleados de su propio plantel.
La mencionada denuncia fue realizada por una unidad fiscal especial, que depende de la Procuraduría General de la Nación, la UFISES, que está a cargo de investigar los casos relacionados con la seguridad social, al comprobar, en un entrecruzamiento de datos de la ANSES, que muchos beneficiarios de este plan social creado especialmente para desocupados tenía aportes sociales. En algunos casos, del propio municipio que le otorgó el plan.
El fiscal federal subrrogante, Dr. Juan Patricio Murray, confirmó a este medio que en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, exactamente en la Secretaría Nº 1, se está tramitando la causa Nº 28.095 con la participación de la Fiscalía Federal de San Nicolás que él encabeza. Y que la misma se inició a raíz de la mencionada denuncia, que la UFISES elaboró en Noviembre del 2004. En ella “constaban todos los beneficiarios del Jefes y Jefas que a su vez eran empleados municipales”, aunque esto no sólo aparecía en el caso de San Pedro sino también en los municipios de San Nicolás, Pergamino, Ramallo, y Capitán Sarmiento, que integran la jurisdicción de la justicia nicoleña.
“Hay casos detectados en todos los municipios, pero en San Pedro es particular porque son 63 los empleados que percibían estos programas, la mayoría del Plan Jefes y Jefas y en menor medida de otros planes”, explicó el fiscal.
El período de tiempo en que estas personas percibieron los $ 150 mensuales es variable, porque existen casos de “diez y once meses de percepción, y los que tienen menos son de seis meses”. La mayoría entre los años 2002 y 2003.
Lo que sí está confirmado, es que en el mismo período en que cobraron este dinero social, estaban en relación de dependencia con el municipio.
Las carpetas “secuestradas”
A fines del año pasado, la Justicia Federal ordenó secuestrar documentación para corroborar la denuncia que la UFISES había elaborado.
De la Municipalidad de San Pedro, la policía retiró un total de 68 carpetas con legajos de empleados municipales e información similar desde la oficina a cargo de la administración de los planes sociales.
“Fueron aportados los legajos con total diligencia y buena voluntad, sin trabas al trámite requerido. Se obtuvieron copias certificadas de esos legajos y se devolvieron”, explicó Murray.
Con estos legajos, se pudo confirmar que 63 personas que trabajaban como empleadas del municipio en diferentes áreas, habían cobrado los $ 150 mensuales.
Como la denuncia se genera por un primer entrecruzamiento de datos de la ANSES, no se descarta que algunos casos puedan ser el producto de errores administrativos involuntarios y por eso se pidieron las declaraciones indagatorias de los 63 señalados. Pero resulta absurdo suponer que los 63 casos fueron un mero “error”. La medida fue aprobada por el juez Villafuerte Ruzo en el mes de Marzo último, por lo que en el breve lapso estas personas serían citadas a prestar testimonio.
“La fiscalía ha pedido la declaración indagatoria de estas personas porque hay sospechas que existen hechos que tienen apariencia delictiva, y que hay elementos de sospecha para presumir que estos 63 empleados municipales han participado de esos hechos delictivos”, dijo Murray. Pero la investigación apunta, sobre todo, a la responsabilidad de los funcionarios municipales a cargo de coordinar los planes Jefes y Jefas. “El juez está profundizando respecto a la posibilidad de que funcionarios municipales hayan incumplido sus obligaciones”, dijo el Fiscal.
Por el momento, no está configurado el delito pero los hechos parecen indicar la existencia de un fraude en perjuicio de la administración pública, tal como lo establece el artículo 174, inciso 5, del Código Penal. Y este delito se pena con dos a seis años de prisión.
“Es una denuncia generalizada”
El Secretario de Gobierno, Juan Almada, confirmó que el año pasado la Justicia Federal le solicitó al municipio información sobre sus empleados y sobre los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas. Pero descartó que se haya tratado de “un secuestro” de documentación, y dijo que “no pasó más nada desde aquel entonces”, ni se recibió alguna nueva notificación.
“Pidieron información y por supuesto que el oficio lo pide la policía” dijo.
El funcionario no demostró demasiada preocupación por el desarrollo de la causa, porque dijo que “en realidad es una denuncia generalizada sobre varios municipios porque se considera que podrían haberse otorgado los planes de acuerdo a la vinculación política.”.
Recordó que en el momento en que los planes Jefes y Jefas fueron otorgados, se generaban diferentes oportunidades para las irregularidades. “La gente retiraba una planilla, la entregaba al municipio y desde acá se giraba al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, que a su vez lo enviaba a la Nación. Así era el manejo, y no es improbable que algún caradura se haya inscripto o mentido en los datos” dijo Almada, quien reconoció que el año pasado él en persona realizó una breve declaración ante el fiscal Murray por este caso, pero fue “muy sencilla y breve para ver si tenía conocimiento de algo, y le dije que no era funcionario en ese entonces”.
Lo que la justicia considera, aunque oficialmente todavía no se explique de esa manera, es que en un municipio tan chico como San Pedro resulta imposible que “se les escape” a quienes administraban los planes, semejante cantidad de irregularidades porque “los nombres saltan a la vista”. No es desconocido, además, el manejo político que desde su creación se hizo de todos los planes sociales pero sobre todo del Jefes y Jefas todavía en vigencia.
Delitos de la política que rebotan en la justicia y quizá, algún día se resuelvan como esperan los ciudadanos honrados que sólo trabajan, pagan sus impuestos y sueñan con un país mejor.
Qué es la UFISES
La Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social, es una repartición de la justicia que depende directamente de la Procuraduría General de la Nación y está a cargo del Dr. Guillermo Marijuán.
Entre otras tareas, está a cargo de investigar desde Marzo pasado de irregularidades dentro del ANSES, tras algunas denuncias que el titular Sergio Massa había recibido sobre la venta de datos por parte de empleados del organismo de previsión, a empresas privadas. Entre otras responsabilidades de esta Unidad Fiscal especial está la de “cooperar, asistir y colaborar con los Fiscales Federales de todo el país en todas aquellas investigaciones relacionadas con ilícitos que tengan como sujeto pasivo entre otros a la ANSES” y “coadyuvar con la ANSES en la determinación y configuración legal de aquellos hechos que constituyan ilícitos”.