Interpelarán a Guacone por el convenio con Caso

La Asesoría General de Gobierno se expidió ante la consulta sobre el convenio que la Municipalidad firmó con la empresa concesionaria del transporte en la ciudad y opinó que es el Concejo Deliberante quien tiene la potestad de tomar decisiones al respecto. Motivó así el pedido de interpelación al Intendente Guacone, que se hará efectivo cuando sea votado el decreto elevado por la oposición, que solicitó al Presidente del cuerpo una sesión extraordinaria para ello.
El servicio de transporte en San Pedro atraviesa serios problemas desde que en junio del año pasado la empresa Jorge Alberto Caso S. A. anunció su decisión de abandonar la concesión que había ganado por diez años en 2008. Desde entonces, muchas cosas sucedieron y otras dejaron de suceder, manteniendo a la población que utiliza los colectivos a diario con la incertidumbre respecto del futuro, que en muchos casos está vinculado al trabajo.
En noviembre pasado, tras una protesta en las puertas del municipio y de la casa del Intendente, el Ejecutivo firmó un convenio con la empresa en el que decidieron la rescisión de mutuo acuerdo, con fecha 28 de febrero de 2011, por lo que en marzo Caso S. A. se desvincularía de la prestación.
Desde ese momento, los concejales de la oposición manifestaron sus quejas por un convenio con el que no estaban de acuerdo, que se negaron a firmar en su momento y de cuya reunión además aseguraron fueron excluidos.
Desde entonces, pasaron los días y no se vislumbraba solución, aunque el Ejecutivo envió al Concejo un nuevo pliego de bases y condiciones para hacer un llamado a licitación y concesionar a otra empresa el servicio, luego de que Guacone decidiera no crear una sociedad del Estado que se hiciera cargo del transporte, cosa que proponían algunos de sus funcionarios y al menos un edil.

Ads

La Asesoría
no está de acuerdo
Con fecha del 1º de febrero llegó a la Presidencia del Concejo Deliberante una misiva de la Asesoría General de Gobierno de la provincia, firmada por su titular, el Dr. Saúl Julián Arcuri. Este organismo es “consultivo y consejero” y tiene entre sus funciones la tarea de “expedirse en todo asunto que verse sobre la aplicación e interpretación de las normas jurídicas que rigen la actividad de la Administración Pública provincial”.
El dictamen de ese organismo tiene carácter “no vinculante” pero su peso es lo suficientemente importante por cuanto se trata de una voz autorizada para analizar cuestiones complejas suscitadas en el marco de las decisiones que toman los municipios.
El texto señala que si bien las partes –Estado local y empresa– pueden pactar la rescisión de la concesión del servicio público de transporte local, esa decisión es potestad del Concejo Deliberante, según lo indica la Ley Orgánica de las Municipalidades, que dice que “el transporte en general y, en especial, los servicios públicos de transporte de pasajeros, en cuanto no sean materia de competencia nacional o provincial”.
Por otra parte, advierte que las razones de fuerza mayor que invoca la empresa “no se encuentran siquiera explicitadas”, punto que el abogado de la compañía José Aldazabal consideró como “de conocimiento público”, mientras que para la Asesoría General de Gobierno ello “impide toda comprobación”.
El hecho de que el convenio suscripto haya eximido a Jorge Caso S. A. de cumplir con lo pautado en la concesión y de las consecuencias económicas de no hacerlo implican que haya “un acto de disposición patrimonial” y “objeción de su legalidad formal”.
El dictamen es duro respecto a la decisión del Intendente, ya que considera que hay una especie de híbrido entre la decisión por fuerza mayor y el mutuo acuerdo, que no queda clara y que, por otro lado, comportan pasos distintos para cada una de las posibilidades.
Además, cuestiona el apartado del convenio en el que la Municipalidad asegura que garantizará la continuidad de los puestos de trabajo y entiende que esa disposición “pareciera extralimitar la finalidad impuesta a la Comuna en la materia”.

Guacone
al banquillo
Frente a la opinión de la Asesoría General de Gobierno, los concejales de la oposición se reunieron para acordar los pasos a seguir tras un dictamen que apoya lo que muchos habían señalado desde el principio.
Así, ayer solicitaron al Presidente del Concejo Deliberante que disponga una fecha para una sesión extraordinaria para tratar un decreto de interpelación al Intendente municipal Pablo Guacone.
El proyecto de Decreto fue firmado por los ediles Matías Monfasani, Fabián Artenzio y Carlos Suárez, del bloque justicialista; Martín Pando, Víctor Secchi y Juan Miguel Yunes, del Acuerdo Cívico y Social; Carlos Casini, de Unión Peronista; y Matías Velo, de la Coalición Cívica.
En el extenso texto dan cuenta de que la interpelación tiene origen en los pasos que dio el Ejecutivo para la firma del convenio con la empresa de servicio de transporte público y, atento el dictamen de la Asesoría General de Gobierno, consideran que “es imprescindible que el Sr. Intendente Municipal le explique al HCD” las razones por las que suscribió un convenio de finalización anticipada de la concesión, lo que “genera zozobra e incertidumbre” sobre la prestación.
Además, indican que Guacone “se ha extralimitado en las potestades que tiene” y señalan la posibilidad de perjuicio patrimonial, por lo que piden que el Jefe Comunal dé cuentas de “la manera que previó y el origen de los fondos con los que va a afrontar la prestación del servicio público” desde el 1º de marzo y hasta que se realice una nueva licitación.
Guacone deberá entonces dar explicaciones en audiencia pública ante el Concejo Deliberante, no sólo respecto del cuestionado convenio sino además sobre el nuevo pliego para la licitación, que consideran “copiado” del que le dio la concesión a Caso.

Ads

Uno contra doce para la solución
En el Ejecutivo trabajan a contrarreloj para encauzar la situación planteada por el transporte público, ante la inminencia del fin de la prestación de Caso y el acorralamiento que produce el Concejo Deliberante con sus presiones, a lo que suma el pedido de interpelación.
Por ello, mantienen conversaciones con una empresa que estaría dispuesta a hacerse cargo del servicio, y aseguran que “todo está encaminado” de manera tal que llegarían a la fecha sin problemas.
Los encargados de las negociaciones son el Secretario de Obras Públicas Pedro Restelli, el Director de Asesoría Letrada Daniel Porta, y el Presidente del bloque oficialista en el Concejo Adrián Macenet.
Todos coincidieron en señalar a La Opinión que hay “conversaciones avanzadas” con una empresa de la zona que se dedica al transporte público de pasajeros en una vecina ciudad donde el servicio es importante, y que además tiene experiencia en algunos de los recorridos interurbanos de San Pedro. “Está en un 95 por ciento, faltan las firmas y algunos detalles”, confiaron a este semanario.
Además, reconocieron que “hubo un error” en el convenio y señalaron que podría subsanarse anulándolo y generando un acuerdo entre Caso y esa empresa para realizar una “transferencia entre privados”, cosa que no se podía hacer hasta cumplidos los dos años de prestación, que ya pasaron. Esa es, por lo pronto una de las posibilidades que evalúan, aunque superar el escándalo tenga algún costo político. Sobre la interpelación indicaron: “Les pedimos 48 horas a los concejales, porque mañana (por hoy) hay una reunión a las 12.30 para definir todo, pero no nos llevaron el apunte”.
Por otro lado, funcionarios cercanos a la negociación se mostraron confiados en que los “tres mosqueteros del transporte tendrán todo solucionado para el 21 de febrero, con los nuevos micros en la calle”.
Además, sostienen que con ello “la interpelación será inútil y va a ser una victoria de uno contra doce”, en alusión al Intendente enfrentado a los concejales que piden interpelarlo.
En los próximos días habría importantes novedades respecto a cómo será solucionado un problema que mantiene preocupados a los usuarios del servicio.

Ads

Ads