Indocumentados, la nueva agenda de los derechos humanos

En la Argentina hay cerca de un millón de personas indocumentadas. Esto es, personas que no fueron anotadas en el registro oficial al nacer, carecen de una partida de nacimiento y por ende de un DNI. Son invisibles para las estadísticas oficiales, pero viven su vida en la precariedad y la informalidad. Las escuelas estatales inscriben en forma precaria a niños indocumentados con el afán de garantizarles el derecho a la educación, sin posibilidad de entregarles el certificado final de estudios. En los hospitales públicos la situación es similar. Se atienden urgencias y se realizan vacunaciones sin DNI, pero no pueden efectuar tratamientos prolongados, como los de VIH, ni intervenciones complejas, etc. Tampoco votan ni pueden ser votados, no pueden participar en el sistema bancario, no pueden iniciar procesos judiciales, ni pueden acceder a los programas sociales. Es probable que sus hijos también sean indocumentados. Cuando una persona nace, sus padres tienen hasta 40 días para anotarlo en el Registro Civil. Pasado ese tiempo, la inscripción está fuera del plazo legal y los padres deben realizar un pequeño trámite en la justicia de menores previo a la inscripción en el Registro Civil correspondiente. Cuando pasan más de 6 años, es un juez el único que puede autorizar la inscripción. En la Provincia de Buenos Aires, según estimaciones del Ministerio de Salud en el año 2005, 18 de cada 100 madres no anotaron a sus hijos al nacer. No significa que todos sean luego indocumentados, seguramente sus padres regularizarán esta situación. Quienes no lo hacen engordan la lista de indocumentados. ¿Las causas? Son variadas. El desconocimiento de cómo realizar el trámite, la falta de paciencia para entender el camino burocrático que deben afrontar y el miedo de los padres que temen ser sancionados por la Justicia por iniciar su trámite en forma tardía son las más comunes. Existe, además, una profunda falta de información respecto de los procedimientos por parte de los gabinetes escolares o las autoridades del área social de los municipios. En nuestro país, el decreto 415/06 que reglamenta la Ley N° 26.061 establece en su artículo 13 la gratuidad del otorgamiento del primer DNI a todos los niños/as, nacidos en el territorio nacional. Pero la cuestión no es sólo económica, sino de una pobreza de carácter cultural que requiere de asistencia para poder acceder al derecho humano más importante, el DERECHO A LA IDENTIDAD. Aún los indocumentados no forman parte de la agenda de las autoridades públicas, los partidos políticos no hacen campaña con el tema y las ONG que trabajan en la pobreza destinan sus esfuerzos por otro tipo de reivindicaciones. Hacer visible esta realidad, es el comienzo necesario para poder solucionar y debatir sobre como podemos erradicar este flagelo. Jorge Álvarez.