Incendio y reclamos en las usurpaciones
Uno de los propietarios de los terrenos tomados sufrió el incendio de su automóvil y permanece internado con heridas producidas al intentar apagar el fuego. Sospechan que tiene que ver con los hostigamientos constantes que sufren por parte de algunos de los que ocupan su predio. El mismo día, un grupo de ocupas reclamó en la Municipalidad la presencia de asistentes sociales en el barrio. El fallo de la Jueza Vázquez que desestimó el desalojo es analizado en la Cámara de Apelaciones.
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La situación desatada desde la toma masiva de terrenos en septiembre pasado sigue generando capítulos de una trama que aparece cada vez con mayores complejidades y pocas respuestas de quienes tienen a su cargo las posibilidades de hallar resolución al respecto.
El domingo por la noche, Juan Carlos Oilher, uno de los propietarios de los terrenos tomados y que tiene su casa en el mismo predio donde se erigen las precarias viviendas, sufrió un atentado en su automóvil.
Oilher es dueño de las cuatro manzanas del denominado barrio “El Argentino”. El automóvil estaba en el garage y su dueño se despertó ante el sonido de la bocina de su Ford Falcón naranja. Se encontró con el vehículo completamente incendiado y con el riesgo de que el fuego se extendiera a su casa, ya que el garage linda con habitaciones de la misma.
En el intento de apagar el fuego, sufrió lesiones y quemaduras que obligaron a internarlo en el hospital local. Tiene quemaduras leves en los brazos, espalda, pies, pecho y cabeza. Está internado en una sala común y evoluciona favorablemente, aunque su condición de diabético complicaba su recuperación.
“Yo no acuso a nadie, lo único que digo es que nada viene porque sí”, dijo una de sus hijas, quien señaló que “en la casa no hay un vidrio sano, lo cascotean todos los días, ya viene con distintos hechos de violencia”. Todos comenzaron luego de que su casa se viera rodeada de precarias viviendas en su terreno.
“El no se mete con nadie”, dijo su hija y agregó: “No puede salir de la casa, tiene miedo de dejarla sola”. Allí, Juan Carlos Oilher vive con otra de sus hijas. “El primer día que le usurparon le robaron todo del galpón, se lo vaciaron. Esto no puede ser, mi viejo estaba durmiendo, si no escucha la bocina se le prende fuego toda la casa”, dijo indignada y agregó: “No se puede vivir así, cómo va alguien a ir a prender un auto así porque sí”.
Por otra parte, ese mismo lunes en que se conocía la noticia del incendio que dejó internado a uno de los propietarios de los terrenos usurpados, un grupo de ocupantes del predio se acercó a la Municipalidad para hacer un reclamo, ya que habían tenido una reunión con el Intendente y, aseguraron, habían recibido un compromiso del Jefe Comunal de “ayuda”.
“Estuvimos con Guacone y con representantes del Foro de Seguridad, porque él quería ver en qué podía ayudarnos, pero hasta el momento no hay nada”, dijo Víctor, uno de los voceros del grupo, quien señaló que “en acción social porque somos del barrio El Argentino nos dicen que no a todo”.
A pesar de que desde la Secretaría de Desarrollo Humano indicaron desde el principio que habían ido a relevar la situación social y de salud de los habitantes de los asentamientos, ellos afirman que “no hay ningún seguimiento, acá no viene nadie”.
“Guacone en ningún momento nos incitó a irnos, él entendió nuestro problema, nos dijo que en todo lo que pudiera nos iba a ayudar, se comprometió a mandar las asistentes sociales y una enfermera. Dijo que con materiales no nos podía ayudar, porque estamos usurpando, pero que la parte social nos iba a ayudar y nunca hubo nada”, sostuvieron en las puertas del Municipio, donde improvisaron un picnic a la espera de que alguien los atienda, ya que el Jefe Comunal no estaba en la ciudad.
“El nos dio la palabra, por eso estamos acá”, sostuvieron. “Venimos a reclamar que cumplan promesas que hicieron, nada más”, dijo una de las mujeres.
Algunos de los que estaban presentes allí señalaron que el incendio del auto de Oilher no fue ocasionado por ninguno de ellos y a pesar de que los vidrios de la casa del propietario del terreno son un recuerdo astillado, aseguraron: “Nunca lo molestamos ni hubo ningún problema, eso (el incendio) habrá sido un accidente”.
Instalados en el Municipio y dispuestos a acampar en las puertas si no eran atendidos por un representante del Ejecutivo, el Secretario de Desarrollo Humano Gustavo Díaz y el de Gobierno Juan Benseny tuvieron a su cargo contener el reclamo.
El acampe se desactivó luego del compromiso municipal de realizar un relevamiento socioambiental en el lugar, a fines de recabar la información social y sanitaria de los habitantes del asentamiento, especialmente de los niños, ya que ante la situación habitacional de extrema precariedad en la que se encuentren, aparece necesaria la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, quienes actúan toda vez que los menores de edad se vean vulnerados.
Aun así, los ocupantes irregulares de los terrenos se fueron con las manos vacías de toda respuesta material a sus reclamos, ya que recibieron una vez más la respuesta de que mientras estén en situación de toma no serán beneficiados con ningún tipo de ayuda social, según manifestó Víctor, el vocero del grupo.
Los caminos de la causa
Desde el fallo de la Jueza de Garantías Laura Vázquez en el que desestima el desalojo solicitado por el Fiscal Manso a instancias de los abogados patrocinantes de los propietarios damnificados, la situación es de tensa calma.
Por un lado, los habitantes en situación de toma del barrio continúan con sus vidas cotidianas. Los que efectivamente están y los que sólo van de día. Los que vendieron algunos “lotes”, los que compraron, los que no tenían otra forma de vida y los que encontraron en el río revuelto de una usurpación masiva una posibilidad para sacar alguna ventaja.
Entre los letrados que patrocinan a los dueños de los predios, quienes ya apelaron el fallo al igual que el Fiscal, hay enojo e indignación, ya que el problema comienza a extenderse más de lo esperado.
Además, se suma el hecho de que desde el Municipio señalaron desde el principio que es la Justicia la que debe intervenir, por lo tanto su accionar no está orientado a establecer posibles resoluciones a un conflicto en el que están afectados representados suyos en ambas veredas.
El abogado de Juan Carlos Oilher, Nicolás Macchia, adjuntó a la causa la denuncia por el incendio del automóvil y logró que la policía custodiara la casa de su defendido, donde su hija está ahora sola, mientras él se recupera en el Hospital. Ahora aguarda las pericias en el sitio del siniestro, las que también adjuntará a la causa, ya que la relación entre un hecho y el otro son a simple vista fáciles de establecer o al menos de sospechar.
Lo más extraño es que Oilher es precisamente el propietario que tenía la decisión de alcanzar un acuerdo con los que le tomaron el terreno para vendérselos dentro de sus posibilidades de pago, algo que hoy ya evaluarán de otra manera, a la luz de los acontecimientos.
“Consideramos que el fallo abunda en consideraciones casi filantrópicas”, dijo Benito Aldazabal, abogado de damnificados, y calificó de “disparatados” los argumentos del fallo, que deniega el pedido amparado en que no estarían dados los elementos comisorios del delito porque fue a” la luz del día”, los predios “no estaban cercados”, y había transeúntes en la zona que vieron todo y no dijeron nada.
El fallo es “enfrentado con jurisprudencia de la propia Cámara”, señaló Aldazabal y dijo: “A la Cámara no le va a temblar el pulso para ordenar el desahucio, esto no es como el barrio San Francisco, donde las cosas se mezclaron con cuestiones ajenas al derecho en sí”.
El abogado consideró que el fallo “es un precedente nefasto, parece que en San Pedro hay usurpación libre”.
