La semana pasada La Opinión dio a conocer en su página web la historia de una pareja que, junto a sus pequeños hijos, dejó el lugar que habitaba dentro del predio rural donde funciona la ONG HIVIDA, que asiste a enfermos de Sida y personas en situación de vulnerabilidad social, quienes aseguraron que fueron “desalojados” por no poder “pagar el alquiler”.
La situación llamó la atención puesto que reveló la presunción acerca de que quienes están a cargo de esa organización social estarían usufructuando el predio para su propio beneficio, cuando son una entidad de bien público que percibe ayuda del Estado para llevar adelante sus objetivos solidarios.
En el tema tomó intervención la Secretaría de Desarrollo Humano, que asistió a la familia que quedó sin techo y se mudó a una casilla precaria en otro campo cercano, desde donde recopilaron información luego de que ya tuvieran algunos altercados en el predio de HIVIDA que provocaron un sumario laboral para uno de los miembros de esa ONG que es empleado municipal.
Desalojo y denuncia
Todo comenzó el jueves. La pareja desalojada contó que no pudo “pagar el alquiler y la luz” del lugar que ocupaba. Allegados suyos señalaron que Fabián Álvarez y Jorge Aranda, que son los encargados y responsables de la institución los echaron a la calle.
“Toda la gente que está en la granja alquila. Si no pagás, te cortan la luz y al otro día te echan”, dijo la persona que colaboró con los desalojados, lo que llegó a oídos del Gobierno de Cecilio Salazar.
“No pueden usufructuar el lugar, no pueden alquilar. El Estado intervendrá y se buscará que las familias afectadas hagan la denuncia correspondiente”, dijeron fuentes gubernamentales. Según adelantaron quienes irán a radicarla, la presentación se haría este jueves en Fiscalía.
“No sólo se paga alquiler, hay sospechas de que se venderían terrenos, por lo que se motorizará una investigación judicial”, señalaron las fuentes del Ejecutivo.
Los desalojados estaban “en una piecita y pagaban 1.250 pesos, entre alquiler y luz”, contaron quienes los ayudaron, que a su vez también vivieron en el lugar y llevarían su testimonio a la Justicia. “Con dos piecitas cobran 2000 (pesos). Hay dos baños y se comparte entre todos. No dan recibo ni nada, pero pasan a cobrar”, aseguraron.
Defensa oficial
Desde HIVIDA dijeron a La Opinión que los presuntos desalojados se fueron por su cuenta y que tenían firmado “un contrato de comodato, de préstamo”, que “venció en febrero” y que “nunca se les cobró alquiler”.
Esa documentación, agregaron, la presentaron en la Municipalidad, donde fueron atendidos por el Secretario Privado del intendente, Jonathan Galván el lunes.
Sobre las denuncias de alquiler y venta de terrenos dentro del predio, se limitaron a decir que las desconocen y que si llegan a la Justicia se pondrán a disposición, “como corresponde”. Asistidos por una abogada, prefirieron no hacer declaraciones públicas hasta tanto se hagan efectivas las presentaciones judiciales. “Pueden decir cualquier cosa, pero deberán probarlo”, agregaron.
Ante la consulta de este semanario, Galván destacó que “el intendente respeta el trabajo de la institución” y que “los ha recibido siempre y escuchado”.
La granja de HIVIDA
HIVIDA ocupa un campo camino a la Balsa. Allí supieron tener un intento de emprendimiento productivo rural, con cerdos y gallinas, gestionado ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que no funcionó. Los animales fueron denunciados como robados, mientras los corrales y gallineros fueron desmantelados.
Según el Municipio, el predio que ocupan sería provincial. A menos así figura en Catastro. Según HIVIDA, una parte del campo es herencia de Jorge Aranda -allí vivía su abuelo- y otra habría sido donada por dos personas, aunque nunca se escrituró.
Cerca de Aranda hay quienes consideran que “si alquila, debe ser en la parte del campo que es de su propiedad”, por lo que las versiones acerca de que hay quienes pagan por habitar ese lugar comienzan a cobrar veracidad.
HIVIDA mantiene un comedor que, según la propia institución, asiste a entre 60 y 100 personas que retiran viandas del lugar para llevar a sus familias. El comedor está ubicado en la casa de Fabián Álvarez, que es empleado municipal de la Secretaría de Salud y que supo estar a cargo del CIC en la era Barbieri.
En la granja de la institución habría entre seis y ocho familias que viven. Algunos serían personas solas. No todos padecen HIV, ya que la entidad ayuda no sólo a quienes necesitan asistencia por la doble carga de la enfermedad y la pobreza, sino también a quienes sufren la segunda.
Perciben una ayuda de 2.000 pesos por parte del Estado municipal para sostener el comedor. Cocinan con mercadería que entrega Desarrollo Humano y con donaciones de particulares.
Un “desencuentro” que terminó en sumario
En el Boletín Oficial figura un decreto de “sanción de carácter correctiva” para el agente municipal Fabián Álvarez, uno de los responsables de HIVIDA. El sumario lo inició la exdirectora de Niñez, Paola Prez, quien informó que hubo “insultos y amenazas” por parte del empleado “durante un relevamiento social que efectuaba personal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano en la granja de HIVIDA”.
Cerca de Álvarez sostienen que el conflicto se desató cuando llevaron un listado de útiles para chicos de la institución que contemplaba a los de un asentamiento vecino.
Uno de los desencuentros se habría suscitado por el listado de asistidos que debía presentar la ONG para recibir mercadería por parte del Estado para el comedor. Aseguran que luego de una visita que hizo la propia Secretaria Karina Chiarella, comenzaron a recibir menos cantidad de alimentos.
